El Tribunal de Apelaciones de cuarto turno resolvió revocar la prisión domiciliaria para siete militares condenados el 22 de diciembre por torturas contra ciudadanos en la llamada “colonia rusa” de San Javier, Río Negro, durante 1980 y 1984. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cuestionó la decisión de imponer prisión efectiva a través de una publicación que hizo el 31 de diciembre en redes sociales: “La venganza continúa”, evaluó.
Por esta decisión judicial, Óscar Mario Roca, Abel Edison Pérez, Jorge Ricardo Soloviy, Daniel Edgardo Castellá, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet y Eduardo Saiz pasarán a cumplir sus penas en prisión. Si bien las condenas fueron nueve, Dardo Ivo Morales y Héctor Sergio Caubarrère ya estaban en prisión por otras causas, informó El Observador.
Para Manini, el hecho de que “en plena feria judicial” el Tribunal de Apelaciones disponga la medida sobre los militares por “hechos ocurridos hace más de 40 años que ya habían sido juzgados por la justicia competente” configura “una caricatura de Justicia cada vez más bochornosa”. “Parece que había riesgo de fuga de quienes durante décadas no se movieron del país ni cometieron falta alguna”, señaló en el posteo.
El exlegislador profundizó sobre su posición en diálogo con Subrayado. Dijo que se trata de “un paso más” en un “proceso de venganza que se viene consumando desde hace años”, contexto en el que “se lleva presos a militares o allegados por testimonios que muchas veces son sumamente dudosos”, incluso “reconocido por ellos mismos que a veces ha habido testimonios falsos para imputar a algún acusado”.
“Esto es parte de lo mismo. Nosotros hemos dicho más de una vez que esta etapa de la Justicia es realmente bochornosa, una etapa en la cual no se respetan los principios generales del derecho, no se respetan los tiempos de prescripción, el no juzgar dos veces por la misma causa y la irretroactividad de la ley”, aseveró.
Durante su visita a la diaria Radio, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, detalló que la causa se focalizó en dos operativos de los tres que se realizaron contra la localidad. El primero, en 1980, fue una “maniobra” anterior al plebiscito para “crear cierta conmoción en el país” al sugerir “la existencia de una célula comunista” en la que se detuvo y torturó “a 22 personas” –incluidos menores de edad y adolescentes– y, de ese total, se procesó a 11. En el segundo, en 1984, se detuvo a nueve personas, entre ellas a Vladimir Roslik, fallecido por torturas.