El presidente de la República, Yamandú Orsi, reunió este lunes a su gabinete en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Al término del Consejo de Ministros, que se extendió unas tres horas, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, brindó una conferencia de prensa para comunicar los principales temas que se abordaron.
El orden del día tuvo tres puntos. En primer lugar, se recibió al secretario nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, David González, quien presentó un avance sobre la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI). Sánchez indicó que primero se pensó “cuáles son los grandes problemas que tiene Uruguay en términos científicos, en términos biológicos, en términos sociales”. A partir de ese diagnóstico, “se empezó a elaborar el plan para ver de qué manera la ciencia puede contribuir a los desafíos nacionales”. El jerarca explicó que el plan entrará en una segunda fase, que estará centrada en “relevar cuáles son las capacidades que tiene el país para hacer frente a estos desafíos”, y culminará aproximadamente en mayo de 2027, cuando se presentará una hoja de ruta.
El PENCTI “será una propuesta que resumirá las capacidades en ciencia y tecnología que tiene el país, los desafíos nacionales, y nos va a permitir tener una discusión nacional de prioridades”, dijo Sánchez. Según el jerarca, había una “necesidad imperiosa” de actualizar este plan, ya que su última aprobación data del gobierno de José Mujica, “previo al Chat GPT, para que nos demos cuenta de las dimensiones de la desactualización”.
En segundo lugar, el Consejo de Ministros analizó la disminución de la cantidad de personas y hogares por debajo de las líneas de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026, que recogió el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) con respecto a la estimación de la pobreza por el método del ingreso. Al respecto, Sánchez dijo que “son datos muy auspiciosos, que, en definitiva, impactan en que un conjunto muy grande de ciudadanos uruguayos ha salido de la pobreza”.
Si bien señaló que “siempre las evaluaciones hay que hacerlas cuando se completan en un año entero”, el secretario de Presidencia reafirmó que los resultados “están demostrando una tendencia a la baja de la pobreza, que para un gobierno de izquierda es muy relevante”. Las cifras del INE registraron descensos de 2,9 puntos porcentuales en la cantidad de personas en situación de pobreza y de 2,3 puntos porcentuales en la de hogares, en comparación con el mismo período del año anterior. En el caso de los menores de 6 años, la pobreza se redujo de 32,4 a 24,9.
Según Sánchez, esto “implica, de alguna manera, que el rumbo que estableció el gobierno en su presupuesto nacional, que fue priorizar a los sectores más sumergidos, impactando con un conjunto de medidas de política económica y de apoyo a las familias, está empezando a dar resultados”. “Esto no es una cuestión solo para festejar la foto; hay que seguir trabajando en la profundización, justamente, de la igualdad en Uruguay, y esa es la agenda del gobierno”, afirmó.
Más adelante, el secretario de Presidencia resaltó que la asignación única para niños y adolescentes, incorporada en la última Rendición de Cuentas, comenzará a regir recién en 2027, por lo que la actual “baja de la pobreza se debe a un incremento del ingreso de las familias, tanto sea por la vía del salario como por la vía de la creación de empleo”. También mencionó que en esto impacta la baja inflación.
Causal jubilatoria a los 60 años
En tercer y último lugar, el Consejo de Ministros aprobó el envío de un proyecto de ley para generar una causal de jubilación anticipada a los 60 años, una de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social. Sánchez informó que el proyecto será remitido esta semana al Parlamento, donde esperan que “cuente con los votos necesarios para cumplir uno de los objetivos del Diálogo Social y un objetivo con el que se comprometió el presidente de la República”.
La nueva causal jubilatoria permitiría a los trabajadores de entre 60 y 65 años, con 30 años de aportes, acceder a la jubilación sin importar el tipo de actividad que desempeñaron. Sánchez remarcó que la nueva causal “es general, no es por sector, no es discrecional”, sino que “implica la libertad para todos los trabajadores y trabajadoras de poder recurrir a esta causal”.
El proyecto prevé un incentivo para aquellas personas que opten por postergar su jubilación, mientras que quienes decidan adelantar su retiro cobrarán “tasas de reemplazo distintas”. “Tienen la libertad de jubilarse a los 60, pero el incentivo es que, en la medida en que las personas vayan postergando su edad de retiro, van a tener prestaciones superiores, y así llegando hasta los 65 años de edad, que es la edad general de jubilación”, apuntó Sánchez.
Por otro lado, el esquema propuesto permitiría que trabajadoras de los sectores de ingresos bajos y medio bajos, equivalentes a un 30% aproximadamente, “van a poder jubilarse a los 60 años en iguales o mejores condiciones de las que se establecían en los haberes jubilatorios previos a la Ley 20.130”, en referencia a la reforma jubilatoria aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
En diálogo con la diaria, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, explicó que el proyecto incluye cambios en la forma del cálculo del suplemento solidario –creado en la Ley 20.130–, que compensa las diferencias en las tasas de reemplazo. Arim apuntó que actualmente la herramienta “tiene un grado de discrecionalidad”, porque “deja en manos del Poder Ejecutivo, año a año, elegir cuáles son los parámetros que utiliza”. La ley dejó dos posibilidades para el ajuste: el índice medio de salarios o el índice de precios del consumo.
En ese sentido, Arim señaló que “se puede estar afectando la sustentabilidad del sistema o se puede estar afectando alternativamente también el nivel de la jubilación”. “Estamos eliminando ese elemento de discrecionalidad e incorporando un mecanismo que prioriza a los trabajadores más vulnerables y que construye un mecanismo para asegurar que el suplemento solidario siga cumpliendo ese rol”, destacó.
Por su parte, Sánchez puntualizó que la medida no generará “erosiones en la sustentabilidad del sistema”. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que las proyecciones realizadas por el Banco de Previsión Social estiman, a mediano plazo, “un costo máximo anual de 0,16% del PIB entre 2040 y 2045, que se torna decreciente hasta llegar a ser nulo a largo plazo”.
Arim apuntó que, según los cálculos, en escenarios donde una “distinta proporción de población adelanta la jubilación, el sistema mantiene la característica de sustentabilidad fiscal”. Afirmó, además, que el diseño de la iniciativa “da la libertad a las personas [de jubilarse anticipadamente], prioriza a las personas más vulnerables y asegura la sustentabilidad fiscal del sistema”.
Otro elemento que incorporará el Poder Ejecutivo en el proyecto está vinculado a las condiciones jubilatorias de los trabajadores con discapacidad que tienen hijos en la misma situación. La propuesta apunta a que los trabajadores que se incapaciten y tengan causal jubilatoria también puedan acceder a suplementos económicos, con un valor entre el 20% y el 25%, en función de la presencia de hijos menores con distinto grado de discapacidad. Actualmente esto está previsto para quienes acceden a la jubilación por incapacidad sin haber configurado otra causal jubilatoria.
Desde la oposición, varios dirigentes cuestionaron rápidamente el anuncio del gobierno, al entender que la posibilidad de jubilarse a los 60 años ya fue laudada en el plebiscito de 2024. Para Arim, “si algo no hay [en este tema] es violentar la voluntad ciudadana”, ya que “la voluntad ciudadana eligió un gobierno que prometió hacer un Diálogo Social para construir modificaciones que mejoren el funcionamiento del sistema”.
“Lo que estamos planteando es una reforma del sistema estrictamente en el marco de lo que se prometió en la campaña electoral”, señaló. Asimismo, el director de la OPP defendió que “los cambios que se incorporan tienen la seriedad de asegurar que la trayectoria del sistema es sustentable en el tiempo”, e incluso “agregan una capa de certidumbre que hoy el sistema no tiene”.
Allanamientos nocturnos y caso Pablo Leiva
En la conferencia de prensa, Sánchez fue consultado sobre otros temas de la agenda que, según aclaró, no formaron parte del intercambio en el Consejo de Ministros. Uno de ellos fue el debate sobre los allanamientos nocturnos, que el Partido Nacional volvió a poner sobre el tapete. El secretario de Presidencia dijo que es “un tema que ya estuvo en debate con respecto a la reforma constitucional y es un tema en el que los partidos políticos tendrán que ponerse de acuerdo”, pero puntualizó que para el Poder Ejecutivo “la tarea principal es perseguir el delito y seguir encarcelando a los narcotraficantes”.
Por otro lado, sobre el caso de Pablo Leiva, el asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez que fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones, Sánchez dijo que “lo que ha expresado el Poder Ejecutivo siempre es que se investigue a fondo y que, si hay una red de lavado, caiga toda”. “Estamos atentos a lo que surja de las investigaciones judiciales”, pero no es un tema en el que el gobierno “tenga que intervenir”, expresó.
Con respecto a la iniciativa del Frente Amplio de analizar eventuales modificaciones a la ley de financiamiento de partidos, el secretario de Presidencia dijo que el planteo “es bienvenido”. “Es algo que está impulsando el Frente Amplio y su bancada parlamentaria, y yo creo que es razonable. Siempre las herramientas hay que mejorarlas para poder estar en las mejores condiciones en el país”, expresó.
