El Partido Nacional (PN) decidió apoyar el pedido de interpelación al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, que impulsa el diputado colorado Adrián Juri. Este jueves, su homólogo blanco Juan Martín Rodríguez tildó como un “dato de la realidad” el hecho de que el jerarca es “merecedor de una interpelación hace tiempo” y afirmó a Panorama informativo de la diaria Radio que el conflicto entre la empresa y los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo, que finalizó con la firma de un nuevo convenio colectivo, “no fue debidamente administrado por las autoridades”, por lo que “el daño causado al país es irreparable”.
La oposición tenía previsto convocar a Castillo a una comparecencia el miércoles 7 en la Cámara de Senadores, pero, tras una solicitud de postergación del jerarca, los senadores del Frente Amplio (FA) en la Comisión de Transporte y Obras Públicas votaron en contra de la instancia, postura que “echa por tierra cualquier otra posibilidad” y “no le deja otra alternativa a la oposición que la planteada por el Partido Colorado”, lo que tildó como un “síntoma sumamente antidemocrático” enmarcado en que “no es la primera vez que un jerarca de gobierno, del actual Poder Ejecutivo, hace vericuetos para no comparecer”.
Para Rodríguez, Castillo “ha sido cómplice del corporativismo sindical portuario”. Sobre la declaración de servicios mínimos que resolvió el gobierno con el conflicto activo, insistió con que se trató de “una esencialidad lavada” y consideró que, al presentarse más personas de las requeridas, los trabajadores demostraron desacuerdo con la postura de su sindicato, que optó por “impedir cualquier tipo de acción”. “Hay actores del gobierno, y lo ejemplifico en el ministro Castillo, que no están pensando en el país, están pensando ideológicamente, y en ese sentido prefieren respaldar o al menos mirar para el costado cuando sus compañeros de lucha, los compas de los sindicatos, toman estas medidas”, acotó.
Consultado con respecto a por qué el sindicato rechazó los servicios mínimos si sostiene que Castillo es su “cómplice”, aseguró que fue un “acting” y una “puesta en escena” necesaria para “evidenciar que no hay una complicidad en su actuación”. Agregó que la cantidad de días de paro permite concluir que las medidas formaron parte de una “política decidida de hacer daño al país”: “Si yo, ministro de Trabajo, tengo que optar entre el corporativismo sindical y los intereses de mi país, no tengo dudas de qué lado me tengo que poner. Lamentablemente, el ministro Castillo se puso al lado del corporativismo sindical”.
Allanamientos nocturnos: “Que el pueblo se vuelva a expresar”
Por otro lado, se discute nuevamente la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos y la propuesta para conformar una comisión multipartidaria para su análisis.
Rodríguez aclaró que el planteo es “que el pueblo se vuelva a expresar” a través de un nuevo plebiscito y dijo que no comparte avanzar a través de una ley interpretativa de la Constitución. Por otro lado, reparó en que en 2019 y 2024 el debate al respecto “coincidía con la elección nacional” y podía “estar mezclado” con la discusión electoral, por lo que, de conseguir el acuerdo y optar por el artículo 331 y literal D de la Constitución –que habilita una iniciativa con el consenso de “dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras”–, se aprobaría una ley constitucional que debería someterse a la expresión popular en un plazo breve, antes de las elecciones.
No obstante, aclaró que el FA “tiene que estar de acuerdo” y subrayó que habilitar la comisión propuesta “no significa que se tome resolución”, ya que el oficialismo podría habilitarla para conformar una instancia de diálogo. El senador oficialista Daniel Caggiani dijo en setiembre que podría analizar la propuesta si se incluye el fortalecimiento de la Fiscalía y la designación de un fiscal de Corte, pero Rodríguez considera que se están “mezclando papas con boniatos” y, en todo caso, pidió que el gobierno “se haga cargo” de que no está dispuesto a estudiar la posibilidad “porque tiene un encono personal” con la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
El caso Leiva
Rodríguez también se pronunció sobre la situación del edil Gonzalo Gómez y su exasesor condenado Pablo Leiva. Reflexionó que “las alertas tienen que estar siempre prendidas” y que, al momento de conformar un equipo de trabajo, un jerarca público debe ser “sumamente cuidadoso”. “Si uno se atiene a lo que dijo Gómez, al señor Leiva no le dio ninguna tarea y según lo que han declarado diferentes ediles y personas vinculadas a la Junta Departamental, a Pablo Leiva no lo habían visto nunca en la Junta Departamental”, indicó.
Por otro lado está la situación del hijo de Pablo Leiva, Lucio, que fue detenido, pero posteriormente quedó en libertad. Rodríguez dijo que no se puede condenar a una persona por “ser hijo de un delincuente”, subrayó que la Justicia “no le ha encontrado elementos para avanzar a una eventual formalización” y que él “no tenía conocimiento” de las actividades ilícitas: “Los artículos 42 y 43 del Código Penal establecen la excepción en cuanto a que un individuo deba o esté obligado a denunciar a su hijo o a su padre”, sostuvo.
Con todo, indicó que el hecho de que Pablo Leiva recibiera una remuneración sin recibir tareas “por supuesto que es un problema” y aseveró que “no corresponde que hubiese un individuo contratado, en este caso, por el edil Gómez, con recursos públicos, que no tuviese al menos una tarea”. Además, a raíz del caso también se debate el carácter honorario de la tarea de los ediles departamentales: “Comparto que si uno no profesionaliza la tarea –y cuando digo profesionalizar, implica la retribución–, es muy difícil que pueda ser realizada en los mejores términos posibles”, indicó.
