Este jueves, la diaria Radio recibió al diputado frenteamplista por Montevideo Bruno Giometti para discutir la posibilidad de invertir en empresas públicas, una propuesta que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, compartió con este medio, tildó de personal y dijo que militará. “Agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero”, planteó Sánchez el lunes 9 de marzo en primera instancia. Giometti coincidió en la necesidad de discutir la forma de potenciar a las empresas públicas como “pilares de una estrategia nacional de desarrollo” y reparó en que tuvieron un “rol fundamental” durante los tres gobiernos frenteamplistas, lo que “no implicó una ineficiencia o que tuvieran problemas de gestión”.
Sobre la propuesta concreta, dijo que contiene “muchas cosas que en realidad ya se hacen” –como emitir obligaciones negociables– y “lo que tendríamos que hacer es buscar cómo potenciar para que capten de mejor manera ese ahorro privado que está ocioso”, categoría en la que listó “los 40.000 millones de dólares que hay en el sistema bancario nacional”, los “más de 60.000 millones de dólares que son de residentes uruguayos y están depositados en el exterior, o evitar que el capital canalice por la vía de inversiones como Conexión Ganadera u otros “fraudes gigantescos”.
La forma de mejorar esos instrumentos puede estar atada a “definir proyectos” sobre los que emitir obligaciones negociables o “pensar en otros formatos similares pero que no impliquen comprometer la propiedad pública”, ya que el punto que generó mayor rechazo estuvo vinculado a las acciones, algo que finalmente Sánchez desdijo: “Es más riesgoso porque podría implicar particionar la propiedad de las empresas públicas y abrir una lógica más mercantil”, advirtió el diputado comunista. Para Giometti, “está bien” que su rol social incida sobre las decisiones empresariales ya que algunas iniciativas que no son rentables, como la electrificación rural, “si uno abre el paquete accionario de UTE, lo que podría pasar es que los accionistas digan ‘si eso no es rentable, no queremos que se haga’”, ejemplificó.
Giometti comparte la idea de que, bajando el precio de las obligaciones negociables y controlando su reventa, se podrían atraer ahorristas pequeños a las inversiones, por lo que resulta “una línea interesante para conversar”. Recordó que la principal diferencia entre el instrumento y las acciones es que “no generan una partición de la propiedad”, “tienen un plazo”, “son por un proyecto específico” y resulta un mecanismo “mucho más controlado que no genera una lógica mercantil en las decisiones”. Otro punto que estuvo en discusión y que catalogó como posible “línea de trabajo” fue la expansión internacional de las empresas, aunque hasta cierto punto ya se impulsa: “Esto se puede ver como una lógica de integración productiva regional, una línea que siempre ha tenido la izquierda, de no ver a los países de la región como algo aislado, sino que a veces pueden generar sinergias positivas”.
Otros cambios para las empresas públicas y la ley de inversiones
Al margen de lo anterior, también exhortó a discutir otras medidas para aplicar sobre los entes públicos. “Hoy las empresas privadas que compiten en los mismos mercados que algunas de las empresas públicas tienen exoneraciones fiscales que el Estado les garantiza en el marco de la Ley General de Inversiones”, precisó, y dijo que genera una “asimetría” sobre las que son de propiedad estatal. Un ejemplo son las empresas internacionales que compiten con Antel, como Movistar o Claro.
Otro punto es que, cuando las empresas públicas realizan una inversión, “cuenta dentro del déficit fiscal del mismo año”, a pesar de que “genera un activo que después va a generar ganancias y se va a amortizar a lo largo de un período”, lo que lleva a “una especie de sesgo anti inversión pública”: “Puede terminar pasando que una inversión que es razonable desde el punto de vista económico y estratégica desde el punto de vista nacional la termine haciendo una empresa privada porque lo contabiliza en el activo”. Sería modificar la contabilidad estatal, pero “mejorándola”, porque “sería reflejar adecuadamente que una inversión en realidad no es déficit”.
También hizo algunos comentarios sobre la actual ley de inversiones. Precisó que la inversión en el país “es menor de lo que debería ser” y está al 16%: “Hay que ver la composición de esa inversión porque con el crecimiento económico por sí solo no alcanza. Necesitamos crecer más y la economía uruguaya no puede desarrollarse si crece al 2% anual”, dijo. Sin embargo, “tanto o más importante es la discusión cualitativa” y hay sectores, como las grandes cadenas de farmacias, los bancos o los shoppings, que “seguramente no necesiten de esas exoneraciones que les da el Estado porque esas inversiones se harían igual”.
A la inversa, sobre los que podrían verse beneficiados por redirecciones, listó “la industria, pero no solo la manufacturera en un sentido estricto, sino lo que es la agregación de valor genuino para dinamizar la exportación”. “El concepto es ese: todos aquellos sectores que generen empleo con mayor valor agregado y dinamización de otras cadenas de los mismos sectores económicos”, resumió. Además, exhortó a realizar “un seguimiento pormenorizado” de cada decisión.
Medidas para mejorar la competitividad
A través de un comunicado, el PIT-CNT rechazó “cualquier iniciativa que ponga en juego la definición de empresa pública y que atente contra su integridad”, así como “la retórica de “innovación versus inmovilismo”. Giometti dijo que desde el sector trabajador se defienden algunas “líneas rojas” –como mantener la propiedad estatal y no particionar la propiedad con paquetes accionarios; no comprometer su rol social y su rol promotor de desarrollo–, pero, dentro de ese marco, “sí abrir discusiones, por ejemplo, cómo mejorar los instrumentos que ya existen de obligaciones negociables o los instrumentos vinculados con los fideicomisos para captar ahorro nacional”.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, anunciaron un paquete de medidas inmediatas para mejorar la competitividad y un proyecto de ley que todavía no ingresó al Parlamento. “Todo lo que sea desempapelar, desburocratizar, quitar trámites redundantes o excesivos me parece que está bien”, opinó el legislador. Además, dijo que puede que las medidas “tengan algún impacto en el corto plazo”, pero es necesario abordar “otras cuestiones” de índole estructural como “la productividad del trabajo”, el “valor agregado” o “cómo nos insertamos mejor en cadenas de valor en las cuales el país puede competir por calidad”.
“Comparto con el ministro que tampoco se resuelven por la vía que a veces reclaman los exportadores, que es la vía del tipo de cambio, porque eso genera otros efectos negativos por el lado de la inflación y de la pérdida del costo de vida de la gente, pero tampoco creo que estas medidas por sí solas resuelvan el tema de la competitividad, y creo que el gobierno no lo cree tampoco”, condensó. Finalmente, ante visiones que sugieren que “cualquier derecho laboral es un sesgo antiinversión”, indicó que es necesario “ser capaces de ir a una competitividad simultáneamente con una agenda de mejora de los derechos laborales”.