Nadia Delgado tenía 17 años cuando las fuerzas militares de la dictadura la fueron a buscar a su casa por participar en una volanteada en reclamo por el precio del boleto. Cuenta a la diaria que si bien no la detuvieron en el momento, otro adolescente la nombró, por lo que la llevaran al Departamento 6 de Inteligencia, pese a la resistencia de su padre, quien insistió en que no se la podían llevar porque era menor.
Del Departamento 6 la trasladaron al hogar Yaguarón, un establecimiento del Consejo del Niño, hoy Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que fue cárcel de niñas y adolescentes militantes políticas y gremiales hasta diciembre de 1975. En 1974 Delgado militaba en la Unión de Juventudes Comunistas.
No recuerda exactamente cuánto tiempo pasó allí, pero cree que pueden haber sido dos semanas. Hoy, a 51 años de su salida, dice que fueron “muchos los niños y adolescentes que pasaron por el INAU en distintos momentos”. Delgado forma parte del colectivo Proyecto Memorias Adolescentes de Terrorismo de Estado, integrado por ex presos políticos adolescentes en el período 1968-1985. “Nosotros como colectivo tenemos los testimonios de más de 200 [personas] en todo el país que pasaron por alguna institución del Consejo de Niño”, apuntó.
En ese marco, Delgado dijo que han planteado la necesidad de que se organicen y sistematicen los archivos de vida de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que pasaron por los hogares en ese período. “Para nosotros es importante porque nosotros trabajamos en la construcción de la memoria, la reparación, y tener los documentos siempre es diferente que [tener] solo la historia de lo que a mí me pasó”, subrayó.
Delgado dijo que aunque “nunca hubo una negativa” del INAU para acceder a los documentos, para esto es necesario hacer un trámite para el que hay que presentar la cédula, la partida de nacimiento y una petitoria, y a partir de ahí se buscan y se encuentran, pero aseguró que “es un trámite lento”.
A partir de estos pedidos de los ex presos políticos, el INAU y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que depende de Presidencia de la República, firmaron este miércoles un convenio marco de cooperación para crear una comisión interinstitucional que analice documentos del ex Consejo del Niño, con el objetivo de investigar la identidad y el origen de las personas institucionalizadas entre 1968 y 1985, y así “fortalecer el derecho a la identidad, la búsqueda de orígenes y la protección integral de los derechos humanos”, según indica el documento al que accedió la diaria.
Según consignó el portal de Presidencia, la presidenta del INAU, Claudia Romero, explicó que es un convenio “inédito” en Uruguay, en el que se indagará en los “archivos de vida de las historias del INAU” para “buscar aquellas historias [de personas] que habiendo nacido entre 1968 y 1985 puedan tener dudas de su origen o de su identidad”. Romero destacó que “algunos adolescentes, en ese período tan triste de la historia de nuestro país, estuvieron transitando institucionalizados en hogares del Consejo del Niño donde fueron vulnerados sus derechos”.
El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, explicó a la diaria que los archivos en los que trabajará la comisión son las historias de vida de los niños, niñas y adolescentes, y estos ya forman parte de la “estructura orgánica” de la institución y “contienen toda la información que está registrada” respecto de estas personas, pero que no había una política concreta para trabajar con ellos.
Para Delgado, el hecho de poder acceder y que los archivos estén digitalizados es importante y constituye una “facilidad”. En ese sentido, Fuentes señaló que estos archivos “no están necesariamente sistematizados, digitalizados u ordenados para que sea accesible la búsqueda en ellos”.
El jerarca dijo que desde el colectivo les pedían información sobre las trayectorias de diferentes personas en ese período “que fueron trasladadas de un centro a otro por diferentes circunstancias”. “Evidentemente, al poder buscar en los archivos, se puede echar luz sobre algunas cuestiones que puedan ser, en algunos casos, vinculadas a los orígenes, en otros casos, vinculadas a los procedimientos y, en otros, tratar de identificar a personas que estuvieron en ese contexto y que no se recuerda con precisión quiénes eran”.
“Lo que nosotros hacemos mediante este convenio es, por un lado, responder a una demanda de los colectivos que vienen trabajando en la temática en busca de información sobre situaciones que ocurrieron en algunos hogares y, por otro lado, tratar, a partir del trabajo con este archivo, de contribuir a la investigación y poder echar luz sobre ese momento histórico que se vivió en el país”, explicó el vicepresidente del INAU.
De acuerdo con el convenio, las responsabilidades de la secretaría serán proporcionar la información necesaria para la búsqueda de los orígenes de la población objetivo, incluyendo los datos requeridos para la localización de la documentación obrante en el INAU; elaborar en forma conjunta informes anuales con resultados del monitoreo y la evaluación del desarrollo del convenio, y designar un representante para integrar y participar en la comisión interinstitucional que se creará.
El INAU, por su parte, tendrá como cometidos gestionar, a través del Archivo de Vida, las solicitudes remitidas por la secretaría vinculadas a la búsqueda de orígenes; proporcionar los equipos técnicos que se necesiten para la digitalización y sistematización de la información disponible relativa a los orígenes de niños, niñas y adolescentes que transitaron por los hogares en el período ya mencionado; promover el derecho a la identidad de origen de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y elaborar conjuntamente informes anuales.