Como parte del balance del primer año de gestión del gobierno de Yamandú Orsi, la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp) elaboró un documento denominado “Informe de cumplimiento de los compromisos de gobierno”. Allí se recuerda que en el primero Consejo de Ministros del gobierno, en marzo del año pasado, el presidente asignó a cada ministerio una parte de los 63 compromisos de gobierno para que designaran equipos de trabajo y lideraran su cumplimiento, en coordinación con la Amepp.
En el documento se destaca que el 50% de los recursos asignados por la ley de presupuesto quinquenal estuvieron destinados a los 63 compromisos, y que el 82,5% de estas metas ya están “en marcha”. Hay 24 compromisos que están en la “fase 1”, lo que supone que “ya tienen las condiciones institucionales formales que habilitan su ejecución, tales como respaldo normativo, responsables designados, recursos asignados y productos programados”. Otros 28 compromisos están en la “fase 2”, es decir, “se encuentran en ejecución y presentan resultados verificables”. Por último, hay 11 compromisos que están “en fase de diseño normativo, estructuración financiera, planificación operativa y/o articulación institucional previo a la ejecución”.
Las siete “prioridades estratégicas”
La agencia define siete “prioridades estratégicas”, otra forma de definir los siete “faros” de los que habló en diciembre de 2025 el director de la Amepp, Gustavo Leal: mejorar el acceso, la permanencia y el egreso en educación; reducir las esperas en salud y garantizar el acceso a medicamentos; mejorar la eficiencia del sistema productivo; reducir “significativamente” la pobreza infantil; implementar infraestructura que permita reducir “significativamente” los tiempos de viaje en el área metropolitana; garantizar “barrios más seguros”; y lograr “más y mejor empleo”. “Estos son los legados que el gobierno todo se ha propuesto dejar. Es decir, la huella duradera, los cambios fundamentales que la gente seguirá sintiendo o recordando mucho después de que el gobierno culmine”, se señala en el documento.
Luego, el texto hace un repaso de cada uno de los compromisos, que incluyen también anuncios para 2026.
Decreto para implementar el impuesto mínimo global y reglamentación de la regla fiscal
A principios de 2026 se dictará un decreto para la implementación y administración del impuesto mínimo global a las empresas transnacionales. “A partir de dicho decreto, Uruguay comenzará los procedimientos formales ante el Marco Inclusivo de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico], con la finalidad de calificar el impuesto, así como de obtener la condición de puerto seguro, otorgando de esta manera mayor certeza tributaria a los contribuyentes y reduciendo gastos de cumplimiento”, se apunta en el documento. El impuesto comenzará a recaudarse a partir de 2027 y se estima una recaudación de 360 millones de dólares para ese primer año.
En 2026 también se avanzará en el desarrollo de un marco reglamentario para la nueva institucionalidad fiscal definida en la ley de presupuesto.
Estrategia de Política Industrial y Observatorio de Desarrollo Productivo y Empleo
El gobierno también se propone presentar, este mes, la Estrategia de Política Industrial con horizonte 2050, “que incluya un diagnóstico de la situación actual de la industria nacional y una hoja de ruta clara que oriente la acción pública y la coordinación interinstitucional en materia de desarrollo industrial”. Al mismo tiempo, se avanzará en el diseño de un Observatorio de Desarrollo Productivo y Empleo, con el objetivo de “fortalecer la generación y sistematización de información e indicadores que permitan identificar brechas productivas y laborales a nivel regional”.
Pobreza infantil: a la espera del Diálogo Social
En el compromiso de “tender a la erradicación de la extrema pobreza infantil” y de “reducir de manera significativa la pobreza infantil” a lo largo del quinquenio, el Poder Ejecutivo señala en el documento que “los desafíos y acciones previstos para 2026 estarán estrechamente vinculados a los resultados del proceso de Diálogo Social”, que, en principio, finalizará en abril. En ese sentido, se apunta que uno de los primeros resultados del espacio de intercambio será “la formulación de una propuesta de fortalecimiento del régimen de transferencias monetarias dirigidas a los hogares con niños, niñas y adolescentes”. El planteo, se sostiene, “se orientará a impulsar un cambio normativo que permita rediseñar el sistema actual, ampliando la cobertura y la suficiencia de las prestaciones, en articulación con otras políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza infantil”.
Riego y tierras de Colonización
En marzo de este año se presentará la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Riego, que definirá los regímenes de licencias y concesiones y la gestión de caudales ambientales. Además, se lanzará una línea de crédito “asociada a eventos de déficit hídrico”, focalizada “en los territorios más afectados y en la población más vulnerable”.
Para 2026, el Instituto Nacional de Colonización prevé la compra de 2.500 nuevas hectáreas para ampliar su cartera de tierras, en los departamentos de Lavalleja, Canelones y Paysandú, al tiempo que se adjudicarán los primeros seis tambos en la estancia María Dolores.
Turismo social y Ley de Empleo
En abril se lanzará el Sistema Nacional de Turismo Social, que busca garantizar el acceso al turismo a personas con dificultades económicas “a través de subsidios parciales en los gastos de viaje, alojamiento y alimentación”. La meta es llegar a 20.000 personas en el período de gobierno.
Por otra parte, el gobierno se propone diseñar este año una nueva Ley de Empleo que atienda a aquellos colectivos con mayores problemas de acceso al empleo, como las personas jóvenes, las mayores de 45 años, las personas con discapacidad, las personas liberadas, las personas trans, la población afro y las mujeres jefas de hogar.
Patrullaje en moto
Entre otros objetivos, el Ministerio del Interior se propone incorporar como “componente estratégico” el patrullaje en motocicletas, “orientado a fortalecer la movilidad de los recursos operativos, en atención a la cantidad de homicidios registrados en motocicletas, lo que exige adecuar los dispositivos de respuesta a dicha realidad operativa”, se señala en el documento. Se estudia incrementar el patrullaje en motocicletas hasta el 20% y “redefinir el porcentaje de patrullaje a pie, actualmente fijado en el 15%”.
Creación del Ministerio de Justicia y descentralización del INR
Como ya había anunciado el ministro del Interior, Carlos Negro, el Poder Ejecutivo proyecta enviar a la brevedad al Parlamento el proyecto de ley que crea al Instituto Nacional de Rehabilitación como un servicio descentralizado. También proyecta poner en funcionamiento cuatro nuevas unidades bajo la modalidad de participación público-privada (PPP): tres en el Complejo Libertad, con capacidad para 1.430 varones, y una nueva unidad en la 5, con capacidad para 856 mujeres.
Luego de que se descartara su inclusión en el presupuesto quinquenal, el Poder Ejecutivo definió que este año remitirá finalmente un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este nuevo organismo, se sostiene, “busca contribuir al desarrollo del país, con una institucionalidad de nueva generación, diseñando, instrumentando y ejecutando políticas públicas vinculadas a la justicia y los derechos humanos”. En el documento se señala que, “a diferencia de la mayoría de las democracias plenas”, Uruguay carece de “una institución especializada que diseñe y articule las políticas públicas vinculadas al sistema de justicia y que lidere las acciones estatales de promoción y protección del derecho fundamental de acceso a la justicia y los derechos humanos”.
Las obras de Casupá, Aguas Corrientes y el Hospital de la Costa
En materia de obras, el gobierno ha definido que las expropiaciones vinculadas a la construcción de la represa de Casupá “se sustanciarán y abonarán mayoritariamente en 2026, previéndose la posibilidad de permanencia en los padrones hasta 2028”; esto último a los efectos de “facilitar una transición ordenada”. Se prevé que este mes culmine el proceso de precalificación de las empresas interesadas en la construcción de la represa, diseñada para reforzar el suministro de agua potable en el área metropolitana. La adjudicación de la obra está programada para fines de este año, “con inicio de obra a comienzos de 2027 y un plazo estimado de ejecución de 30 meses”.
En paralelo, y dentro del compromiso de llevar a cabo una “implementación efectiva del Plan Nacional de Aguas”, el Poder Ejecutivo ha resuelto para este año avanzar en “un conjunto de hitos orientados a consolidar la seguridad hídrica, fortalecer la gestión de la sequía y profundizar los sistemas de información y alerta”. En ese marco, se señala que se comenzará la construcción de la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, al mismo tiempo que se empezará “la ejecución de la séptima línea de bombeo que conectará dicha planta con la troncal existente en la ruta 8”.
Por otra parte, el gobierno prevé para este año abrir un llamado para recibir propuestas para el diseño del Hospital de la Costa; se apunta que este proceso “incluirá la definición de la modalidad constructiva y habilitará la continuación de los trámites necesarios para su ejecución”. El inicio de la obra se prevé para entre finales de 2026 y principios de 2027.
La reforma del transporte metropolitano
Con relación a la reforma prevista para el sistema de transporte metropolitano, actualmente en etapa de definición entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, en el documento se señala que para la segunda mitad de este año “el objetivo es consolidar los estudios técnicos a fin de lanzar los pliegos técnicos del proyecto”. El inicio de la obra está programado para 2027, y el final, para 2029.
El proyecto incluye la implementación de dos líneas de alta frecuencia: una que conectará camino Maldonado con la Ciudad Vieja, a través de 8 de Octubre y 18 de Julio; y otra que unirá Giannattasio con la Ciudad Vieja, mediante Avenida Italia y 18 de Julio. También se prevé la construcción de una estación intercambiadora en Tres Cruces y “la ejecución de pasos a desnivel en los cruces más relevantes de los ejes troncales”.
Se señala, además, que la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, que fue creada en el presupuesto quinquenal, empezará a funcionar este año y en el primer cuatrimestre se presentará formalmente el Proyecto de Transformación del Sistema de Transporte Metropolitano.
Por otra parte, el gobierno se fijó como meta que este año el 20% del transporte público sea eléctrico, en línea con el compromiso de alcanzar para el final del quinquenio que “el 50% de la flota de transporte público sea eléctrica en todo el país”.
Subsidio de alquiler social y créditos del BHU
En el transcurso de este año, además, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial presentará el “subsidio de alquiler social”, cuyo cometido central será “facilitar el acceso a soluciones habitacionales en régimen de alquiler para hogares que enfrentan dificultades para acceder al mercado formal en condiciones acordes a su ingreso”. En mayo, en tanto, se lanzará el programa Primera Vivienda, “orientado a ampliar el acceso al crédito hipotecario para familias de ingresos medios que actualmente quedan excluidas del sistema”; dicho programa se ejecutará a través de créditos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay. En términos generales, se señala que al final del período “se habrá duplicado la inversión en vivienda y hábitat para la población que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad sociohabitacional”.
Decreto para mejorar los tiempos de espera en salud
En materia de salud pública, el Poder Ejecutivo firmará este año un decreto sobre los tiempos de espera para la atención; también “se llevará adelante la consultoría de especificación funcional del sistema de medición de los tiempos de acceso”. Asimismo, se elaborará un mapa de recursos humanos para detectar “brechas” entre “las necesidades asistenciales por territorio y servicios y la disponibilidad efectiva de recursos”. Con respecto al acceso a medicamentos, se señala que este año se definirá “el listado de prestaciones a incorporar al PIAS [Plan Integral de Atención a la Salud] y al Fondo Nacional de Recursos, estableciendo su prioridad y completando el dimensionamiento de recursos necesario para planificar su implementación durante el año”.
Búsqueda de detenidos desaparecidos
Uno de los 63 compromisos que se fijó el gobierno encabezado por Orsi es “agotar todas las instancias para la búsqueda de la verdad de los detenidos desaparecidos”. En ese marco, se señala que, “a partir de la aprobación del presupuesto y de la finalización de los convenios, se realizará el ingreso a archivos existentes en diferentes estamentos del Ministerio de Defensa”. Además, el Poder Ejecutivo suscribirá varios convenios con diversos organismos, como la Universidad de la República, para avanzar en “la digitalización y sistematización de archivos en articulación con diversos organismos”.