El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) trabaja en un plan piloto para otorgar un conjunto de prestaciones sociales a personas que egresen del sistema carcelario, “hasta que la persona pueda estar relativamente estabilizada”, anunció la directora del INR, Ana Juanche.
“Está en proceso de diseño con reuniones interinstitucionales periódicas; creemos que en los próximos meses se podría empezar a implementar”, dijo Juanche en una entrevista con el programa radial Así nos va. Según pudo saber la diaria, el plan ya pasó a la órbita del Poder Ejecutivo y formará parte de una serie de anuncios que realizará el Mides la próxima semana.
La directora del INR sostuvo que se proyecta iniciar el plan “con unos 500, 600 casos”. Para definirlo, se está “evaluando realmente la bolsa de dinero, para cuánto alcanza y a partir de ahí escalar este plan”.
Por otro lado, aún no se ha definido por cuánto tiempo se extenderían las prestaciones. “Estamos haciendo cuentas”, reafirmó Juanche, y señaló que pretenden que sea “por lo menos de un año” o, al menos, no menor a seis meses. En el programa están involucrados la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) del Ministerio del Desarrollo Social (Mides), la Dirección Nacional de Medidas Alternativas del INR, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto e instituciones como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional de Uruguay y el Instituto Nacional de Alimentación.
El programa tiene como principal antecedente el Proyecto de Inclusión Asistida (PIA) de la anterior administración, que funcionó emtre diciembre de 2023 y setiembre de 2024, y fue ejecutado por el Mides, en colaboración con la Universidad de Montevideo (UM) y el Ministerio del Interior. Con el objetivo de reducir la reincidencia, el PIA brindó una tarjeta de 1.640 pesos mensuales durante seis meses después de la liberación, así como una tarjeta para el transporte metropolitano recargable con 400 pesos o boletos interdepartamentales.
Juanche sostuvo que el PIA se aplicó a 400 casos y “tuvo una duración acotada”. Igualmente, “se vio en la evaluación de impacto de ese programa que, sobre todo en el primer mes después del egreso, el apoyo monetario era sustantivo en ralentizar el retorno de las personas a la calle”.
Explicó que las personas liberadas tienen “grandes perspectivas” de quedar en situación de calle, “porque no tienen acceso a la vivienda, porque tienen los vínculos socio afectivos bastante quebrantados, porque muchas veces volver a la comunidad es volver al círculo criminógeno”. Según los datos del último relevamiento de personas en situación de calle, realizado en 2023 y solo en Montevideo, del total de 2.756 personas, algo más de la mitad (52,9%) declaró haber estado privada de libertad en algún momento de su adultez. De ese grupo, la mitad indicó haberlo estado tres veces o más.
La directora del INR detalló que el nuevo plan también contaría con el Ministerio de Vivienda, para promover el acceso a una “vivienda protegida en alguno de los dispositivos que tiene disponibles el Estado”, y colaboraría en el empleo, “que es como el eje motor”, dijo. Además, comprendería la “atención de salud integral para que las personas puedan, por ejemplo, hacer uso de los tratamientos para el uso problemático de drogas”.
En diálogo con la diaria, el director de la Dinali, Luis Parodi, señaló que el nuevo plan piloto es “bastante más completo” que el PIA, ya que implica brindar alguna solución habitacional transitoria y “abarca casi todas las cosas fundamentales”, bajo el entendido de que la vivienda, el trabajo y el acompañamiento “son fundamentales” para las personas que egresan del sistema. En ese sentido, todos los programas de la Dinali estarán “al servicio” del plan, afirmó.
A su vez, a diferencia del PIA, que tenía como uno de los requisitos estar cumpliendo la pena en la unidad 4 del INR, Parodi señaló que, si bien sería para todo el país, se decidió “empezar, por lo menos con la experiencia a evaluar, en zona metropolitana y Maldonado”.
La experiencia del PIA
Los beneficiarios del PIA eran elegidos mediante sorteos mensuales realizados por la UM sobre la población elegible. El estudio de impacto se realizó en 1.814 personas liberadas, de las cuales a una parte se le aplicó el PIA y la otra conformó un grupo de control. Según los datos de la evaluación, al mes de egresar, los participantes del programa presentaron una reincidencia 25% menor que la de aquellos a los que no: mientras el grupo de control presentó una tasa de reincidencia del 10,18%, la de los participantes fue de 7,68%.
Sin embargo, “los efectos del programa disminuyeron con el tiempo, y las tasas de reincidencia convergieron entre los grupos tratados y de control después del período inicial de 30 días”, afirman los investigadores José María Cabrera, Alejandro Cid, Edgardo García, Federico Veneri en un informe presentado el setiembre pasado en un encuentro de la Sociedad de Economistas del Uruguay, al que accedió la diaria. “Retos logísticos”, tales como la información de contacto desactualizada y “la exigencia de reuniones presenciales para mantener las prestaciones”, pudieron “haber mermado la participación constante y la eficacia a largo plazo” del plan.
Por otro lado, el análisis por subgrupos sugirió que el programa podría tener efectos sostenidos en ciertas poblaciones, “concretamente en las personas de más edad, con condenas más cortas y que recibieron menos visitas de familiares durante su encarcelamiento”.