“Hoy damos el primer paso de un proceso que no será corto, pero que debe ser profundamente transformador”, había anunciado, en julio del año pasado, Hugo Bai, coordinador del Diálogo Social convocado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de seguridad social en el marco del lanzamiento del espacio de intercambio. Este martes, ya finalizado el diálogo, el presidente Yamandú Orsi convocó a su gabinete para abordar sus resultados y recomendaciones, algunas de las cuales se verán reflejadas en la Rendición de Cuentas que el gobierno enviará al Parlamento en el segundo semestre del año.
Tras el Consejo de Ministros, que se extendió por unas tres horas, Orsi encabezó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. En primer lugar, el presidente se refirió a uno de los cambios surgidos del diálogo que ya ha sido cuestionado por la oposición: el retiro de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) del manejo de las cuentas personales de ahorro individual.
“Como presidente de la República, lo primero que debo reafirmar y aclarar es que tengo la obligación de ser muy responsable”, expresó Orsi. “Para aventar cualquier tipo de especulación, lo primero que voy a aclarar es que no está en nuestro espíritu, en nuestra propuesta, pero tampoco aparece en este documento [el del Diálogo Social] la propuesta de eliminar o estatizar las AFAP”.
Luego, el presidente se refirió al alcance del documento, que “no es de unanimidades”. “Ustedes ya deben haber escuchado algunas voces, y van a seguir escuchando, de matices o discordancias con alguna cosa que aquí aparece”, señaló.
Orsi sostuvo que el documento es un “insumo fundamental y rico”, que sistematiza “orientaciones, acuerdos, desacuerdos y aportes recogidos a lo largo del Diálogo Social”. El presidente afirmó que “la mayor parte de estas propuestas” se discutirán en el Parlamento, si bien puntualizó que en algunos casos, como la extensión del tiempo de educación y cuidado, quizás haya posibilidad de “actuar inmediatamente sin necesidad de ley”.
Con relación a los cambios previstos en las transferencias para los hogares vulnerables con niñas, niños y adolescentes, Orsi adelantó que esto se incluirá en la Rendición de Cuentas. Arim acotó que se está trabajando, en particular con el Ministerio de Desarrollo Social, en “ajustar algunos procedimientos”, por ejemplo, para el acceso a las prestaciones a la infancia.
Oddone: “No es serio sostener que esto es una estatización del sistema”
En la conferencia, el presidente hizo énfasis en uno de los cambios que se pretende introducir al sistema previsional: “La libertad que va a tener el trabajador para jubilarse a los 60 años, si así lo desea”. Como se ha adelantado, del diálogo surgió la propuesta de incorporar una causal de retiro anticipada que permita que las personas puedan retirarse a partir de los 60 años de edad, esto es, cinco años antes.
Arim indicó que se incentivará la permanencia en la actividad mediante tasas de reemplazo efectivas crecientes con la postergación del retiro. De este modo, para los trabajadores con menores ingresos, “la causal anticipada también incentivará permanecer activo hasta los 65 años, pero garantizará a través de un suplemento solidario una jubilación no inferior a la establecida por el régimen vigente antes de la reforma de 2023”. El director de la OPP dijo que “todos estos cálculos fueron realizados junto con el Banco de Previsión Social y permiten asegurar que la creación de la causal anticipada no afecta la sostenibilidad financiera del sistema”.
Por otra parte, consultado por la prensa, Oddone fue tajante en afirmar que “no es serio sostener que esto es una estatización del sistema”. “En ningún lugar, no ha sido afirmado por nadie ni sostenido por nadie, ni está escrito en ningún lado, que las AFAP no sean las responsables de gestionar el fondo de ahorro previsional”, recalcó.
“Las AFAP no se eliminan y deberíamos dejar de lado esta discusión”, manifestó Oddone, y pidió un mayor cuidado en las “opiniones al respecto, porque una mala aproximación al tema puede generar una enorme confusión”. “Este es un tema de alta sensibilidad, en el cual el gobierno lo único que está haciendo es cumplir con cosas que sostuvo y defendió durante largo tiempo el Frente Amplio, en el marco de aceptar los pronunciamientos populares y, al mismo tiempo, en el marco de tomar en cuenta que hay un sistema que es multipilar y que se mantiene gestionado de la manera de siempre”, expresó. El ministro advirtió que poner en cuestionamiento las certezas jurídicas del país puede provocar un daño “irreversible”.
Por otro lado, el ministro aclaró que “cualquier accionar” del Poder Ejecutivo reconoce, “como no podía ser de otra manera, el pronunciamiento de la ciudadanía”, en referencia al plebiscito de la seguridad social de 2024. “Aquí no hay ninguna reapertura de discusiones que estuvieron en el proceso previo al plebiscito”, aseguró, aunque apuntó que, en la campaña electoral, las actuales autoridades anunciaron que habría “modificaciones en aspectos del régimen provisional que la ley anterior no había resuelto”.
Oddone resaltó que las partes que participaron en el diálogo acordaron “consolidar un sistema de tres pilares”: un pilar no contributivo, un componente de reparto y un pilar de ahorro individual obligatorio, con administradoras de ahorro profesionales, públicas y privadas. En línea con Orsi, el ministro remarcó que “no se van a afectar” las cuentas individuales, “porque hay un pilar de capitalización obligatoria que va a seguir estando organizado en torno a cuentas individuales”, y agregó que incluso se promoverán medidas que “eventualmente van a blindar y van a dar más certezas sobre este tema”.
Los cambios previstos para las AFAP
“Todos somos uruguayos y todos sabemos que hay enormes oportunidades de mejorar” la relación entre las AFAP y sus afiliados, expresó Oddone en la conferencia. Sobre este punto, el documento final del Diálogo Social establece que el pilar de capitalización individual “presenta oportunidades de mejora” y da cuenta de “algunos problemas a resolver”, como la “muy escasa competencia” entre las AFAP, que conlleva “elevados costos para las personas afiliadas y ganancias extraordinarias para las empresas administradoras”.
En ese sentido, la propuesta es “avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”. A su vez, se mantendría la “función de inversión y rentabilización” por parte de actores públicos y privados en “un mercado en competencia”. En este escenario, el organismo público a crearse se encargaría de licitar o asignar “los fondos (no individualizados), de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado”.
Prestaciones a la infancia: “Deberían ser crecientes según la necesidad”
“Debemos congratularnos porque todos los actores han priorizado la infancia y la adolescencia como una población que debemos privilegiar a la hora de fortalecer nuestra red de protección social”, destacó Arim. En ese marco, uno de los compromisos que se incluirán en la Rendición de Cuentas consiste en unificar el sistema de transferencias, “dándole mayor flexibilidad, mayor simplicidad y mayor justicia”, señaló, y apuntó que lo que se pretende es “asegurar y mejorar los montos de las prestaciones vinculadas a la infancia, las cuales, además, deberían ser crecientes según la necesidad y los ingresos de los hogares”.
Oddone agregó que los cambios en el esquema de transferencias “están dentro de lo que nosotros tenemos previsto como priorización”. Explicó que se implementarán de forma gradual y, por lo tanto, “va a estar secuenciado entre los años 2027 y 2029 por cohortes etarias”. Arim señaló que dichas modificaciones “van a ser graduales”, ya que conllevan “un cambio de magnitud y, por tanto, a esta matriz se van a incorporar sucesivas generaciones de niños y niñas que nacen en Uruguay”.
Arim afirmó que habrá “cambios relevantes” en cuanto a las prestaciones sociales. Una de las propuestas del diálogo es la eliminación de las condicionalidades para el cobro de asignaciones familiares. Consultado al respecto, el director de la OPP dijo que las contraprestaciones “terminan desconectando del Estado de las políticas públicas a los niños y niñas más vulnerables del país”, y resaltó que tampoco es un “instrumento eficiente” para asegurar la permanencia en el sistema educativo.
“El mejor ejemplo de eso es que el esfuerzo de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] durante el año 2025 permitió volver a ingresar al sistema educativo a cerca de 3.000 niños, cuando en el año anterior se había logrado hacer [ingresar] apenas a 300, pese a las condicionalidades”, mencionó.
En ese sentido, Arim afirmó que el principal objetivo de la política de protección social vinculada a las transferencias debe ser “proteger y permitir un crecimiento de las personas con calidad de vida”; por exigir simultáneamente “la retención en el sistema educativo”, es “sobrecargar” el instrumento.
En cuanto al Sistema de Cuidados, el director de la OPP señaló que, en línea con el presupuesto quinquenal, se va a “duplicar la cobertura de niñas y niños que asisten a jardines y escuelas de tiempo completo o extendido en todo el país”. Apuntó que también se avanzará hacia la “universalización de la atención a los 3 años” y se duplicará el número de centros de educación media que cuentan con modalidades de extensión del tiempo pedagógico.
Otras propuestas
Incremento de las prestaciones sociales: en el documento se propone establecer “montos per cápita progresivos”, en lugar de “las actuales escalas de equivalencia, debido a que estas penalizan a los hogares numerosos”. El valor de “referencia inicial para el nivel de vulnerabilidad más alto” sería el de una Canasta Básica Alimentaria de Montevideo, alrededor de 6.000 pesos. Además, se sugiere implementar un refuerzo adicional para embarazadas y niños de entre 0 y 3 años de edad equivalente a “un 50% adicional al monto de referencia de cada estrato”.
Licencias para los cuidados: en el documento se recomienda “continuar en la expansión del subsidio de paternidad hasta alcanzar por lo menos 30 días corridos de duración para trabajadores de la actividad pública y privada”. Asimismo, se entiende necesario que se eliminen “los requisitos legales que impiden el ejercicio efectivo por parte de varones del subsidio parental de cuidados”, como el requerimiento del goce del subsidio por maternidad al amparo de la misma ley.
Implementación de un mecanismo de financiamiento para los cuidados de larga duración: con el objetivo de “expandir la oferta de servicios de cuidados de larga duración”, en el documento se plantea fortalecer al Sistema de Cuidados y “contribuir a reducir la dependencia exclusiva de rentas generales”; para esto se recomienda desarrollar un mecanismo específico de financiamiento para este tipo de cuidados, “que combine aportes de rentas generales, contribuciones específicas y pagos directos por parte de las personas usuarias, contemplando su capacidad económica”.
Creación de prestación para menores de 18 años con discapacidad: este beneficio sustituiría la actual pensión por invalidez, la cual, según el documento, presenta “inconsistencias derivadas de un diseño basado en la lógica de la incapacidad laboral”.
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