El exasesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) y expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, estuvo en La mañana de la diaria y abordó la discusión por la compra de una camioneta con un descuento de 25.000 dólares que hizo el presidente de la República, Yamandú Orsi, días antes de su asunción.
Gil Iribarne apuntó que, así como le preocupa el respeto hacia la Fiscalía, le preocupa el respeto a la Presidencia de la República y exhortó a “ser muy cuidadoso” cuando se habla al respecto, tanto por la institución como por el propio Orsi, a quien “hay que respetarlo y respetar su trayectoria”. Señaló que un primer plano radica en “los aspectos legales y si eso que pasó viola alguna norma vigente en el país”: “Yo sinceramente creo que no lo viola. Creo que no hay ninguna norma sobre ese tema que uno diga que fue violada”.
Explicó que en 2019 se aprobó el Código de Ética en la Función Pública, que contiene dos artículos sobre los regalos y ambos indican que “no se deben recibir dádivas, obsequios o lo que sea”, pero “exigen que, para que sea un incumplimiento o una falta, haya una contrapartida”. “No he visto a nadie que plantee que el presidente Orsi obtuvo ese descuento y a cambio dio tal o cual resolución que favorece a esa empresa”, dijo.
El colorado Felipe Schipani realizó un pedido de informes en el que solicita conocer al responsable de la decisión de utilizar un vehículo de la marca Hyundai de la misma concesionaria para la ceremonia de asunción. Gil Iribarne, sin embargo, dijo que no tiene “ningún elemento para tener sospecha de que una cosa está asociada a la otra” y “habrá explicaciones” cuando llegue la respuesta.
Al margen de lo anterior, consideró que “fue un error” y no tiene “ninguna duda de que no lo debió haber aceptado” por el impacto que genera “en la gente común” y no en “la puja entre los partidos políticos”: “¿Cómo ve la gente común este hecho? ¿Le resulta claro? ¿Le resulta transparente? Capaz que no le da bolilla, pero lo que puede pasar es que la gente diga ‘son todos iguales, esto es común, todos aceptan regalos’ y pierda confianza”, indicó.
Enmarcó lo anterior en la línea de que determinadas acciones “no están prohibidas, pero no hay que hacerlas”, ya que lo importante es que la sociedad “confíe en el sistema y en los controles del sistema”. Además, reparó en que el tema surgió por una investigación periodística y cuestionó que las entidades del Estado dedicadas al control no hayan “visto nada ni preguntado nada”.
De cara a los próximos pasos, llamó a “aclarar esto” y “si hay un error, reconocerlo”, puesto que “una cosa es revertir el error y otra cosa es reconocer que no debí hacerlo”. “No es la primera vez que nos pasa, en este periodo o periodos anteriores, que hay funcionarios de alto grado que parecen desconocer que hay normas, que las normas están para algo y que ese algo es la confianza de la gente”, condensó.
Sobre el funcionamiento de la Jutep, apuntó que ha sido “particularmente crítico” al respecto y opinó que “desde 2020 se partidizó la integración del directorio de la Jutep, donde los representantes ahora son designados por sus partidos políticos”. Lo anterior genera “sistemáticamente resoluciones por mayoría y sin darle a la ciudadanía la tranquilidad de que el organismo está defendiendo a los ciudadanos y no a ningún partido político”.
Fernando Pereira: “No es un tema de relevancia política”
El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió a los cuestionamientos a Orsi por la compra de la camioneta. “No sé dónde quieren que viaje el presidente. Yo quiero que viaje en el auto más seguro, este presidente y el anterior. El anterior andaba en una Toyota, yo no me preocupo por cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro, cuando anda en el auto oficial y cuando anda en el particular”, dijo en diálogo con Subrayado.
Aseguró que el presidente “es una persona de honor, creíble, entonces yo no es que solo confío en el presidente, mostró la boleta, no escondió ninguna información, no favoreció a nadie, con lo cual para mi es un tema saldado”. Consideró que “está muy bien que los periodistas informen, pero para mi no es un tema de relevancia política”.
Respecto al rol del FA cuando era oposición, dijo: “También nosotros nos equivocamos en su momento cuando criticamos la compra de la moto de [el expresidente Luis] Lacalle o cuando andábamos embromando con temas que son de política menor”. Añadió que “el presidente pagó al precio que se lo dieron”, y destacó que es llano, vive en Salinas “y no escondió su camioneta”.
La Fiscalía se ha debilitado y el sistema político tiene “mucha responsabilidad”, según Iribarne.
El fiscal Alejandro Machado, que investigaba los casos Cardama y Marset desde la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen. Gil Iribarne indicó que las discusiones alrededor de la institución le generan “la sensación de que estamos debilitando las instituciones que necesitamos para que el país funcione mejor”.
Señaló que, aunque muchas veces puede no coincidir con un fallo judicial o de un fiscal, entiende que debe “defender la institución” porque “precisamos la Fiscalía” y “el sistema es lo que el país necesita”. “Yo creo que en estos años se ha debilitado –y asigno mucha responsabilidad al sistema político en su conjunto– la institución Fiscalía”, aseveró. En ese sentido, es necesario “generar un respeto”, y agregó que las redes sociales o los “programas de panelistas” son “muy lindos y generan plata a los medios”, pero al mismo tiempo llevan a “una falta de respeto hacia los temas serios”.
Proyecto para modificar la Ley Integral contra el Lavado de Activos “no era imprescindible, pero mejora”.
En marzo, el proyecto que introduce modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de Activos concluyó su tránsito parlamentario. El hito “mejora el panorama, da herramientas concretas y corrige algunas cosas importantes”, pero “lo que hacía falta no era un cambio” en la legislación, ya que “echarle la culpa a la ley era una excusa, como echarle la culpa a la falta de recursos suele ser una excusa”.
“El año pasado –con la misma ley que había antes, los mismos juzgados, las mismas fiscalías, los mismos recursos y los mismos policías– hubo tantas condenas como en los cinco años anteriores”, señaló. En su visión, el cambio estuvo en “la voluntad política y el análisis que hacés de los riesgos que enfrenta el país”.
También detectó un “excelente trabajo de la policía y de la fiscalía”. En ese periodo hubo “mucha coordinación” y una actuación positiva de las fiscalías especializadas capitalinas, pero también una “muy fuerte de algunas fiscalías y policías del interior” con “muchos casos en Colonia y en Canelones”: “¿Es que el delito apareció? No, el delito estaba; lo que cambió fue la actitud y la percepción del riesgo que el lavado implica. Hubo una conexión clara, conceptual, de que el lavado tiene que ver con la inseguridad”, aseveró.
El proyecto de ley “no era imprescindible, pero mejora”. Constataron, por ejemplo, que bajar el tope para las transacciones en efectivo que el gobierno pasado estableció en unos 160.000 dólares y pasar a un sistema con nuevas restricciones “no evita el lavado, pero cuando estás investigando, te da trazabilidad”. También celebró las nuevas incorporaciones de la Comisión contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Además, destacó que se eliminó “la posibilidad de que los actores del sector no financiero aplicaran bajos controles cuando la plata venía de un banco”, lo que en la práctica implicó que si llegaba desde ese ámbito “no controlaban nada”. En el eje de los sujetos obligados, indicó que ya se incluía una multiplicidad de actores y “no agarramos a casi nadie”, por lo que “decir que vamos a mejorar incorporando más sujetos obligados es una trampa al solitario”, algo que también aplica “poniendo más delitos” como precedentes.
Finalmente, aunque Uruguay ha sido acusado de ser ambas, explicó que ser un paraíso fiscal y un centro de lavado son conceptos diferentes. El primero se vincula a tener “escasa o nula tributación” y ha tenido “avances muy importantes bajo la presión sistemática de la OCDE”, mientras que en el segundo Uruguay era “la oveja negra del mundo y de la región” porque “la dictadura generó las condiciones para que se lavara plata en el país”.
Sin embargo, desde entonces hubo algunos avances con 33 procesados en 2009, 50 condenas en 2019, evaluaciones internacionales positivas también en ese año y, en suma, “un cambio de actitud”. “Es injusto decir que Uruguay es el mismo de 2005, pero ese camino de remontada ha sido lento, ha habido algún retroceso, entonces no podemos estar conformes”, condensó.
