La Cámara de Senadores aprobó este martes por unanimidad la segunda edición del programa Uruguay Impulsa, que en este período de gobierno sustituyó al programa Oportunidad Laboral –comúnmente conocido como jornales solidarios–, implementado por primera vez durante la pandemia. El proyecto de ley pasará ahora a la Cámara de Diputados. Está previsto que las inscripciones al programa comiencen el 1° de junio.
El programa beneficiará a 5.500 personas, quienes podrán acceder a un trabajo temporal durante cuatro meses con una prestación de aproximadamente 20.500 pesos.Durante el análisis de la iniciativa en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, luego de recibir a las autoridades del Congreso de Intendentes y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se acordaron dos cambios al proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo.
Por un lado, a solicitud de los gobiernos departamentales, se facultó a ampliar en un mes la duración del programa, siempre que exista acuerdo entre el gobierno nacional, la OPP y el Congreso de Intendentes, así como los recursos necesarios para cubrir la extensión. El director de la OPP, Rodrigo Arim, explicó en comisión que “el Poder Ejecutivo entiende que no hay margen fiscal”, porque, entre otras cosas, hubo “un esfuerzo en este plano de colocar recursos en la lógica de intensificar la intervención”. Consideró que “dejar la puerta abierta” a la extensión de un mes “va a generar problemas”, aunque de todos modos dijo que estos son bienvenidos “porque es una discusión que nos gusta tener”.
Por otro lado, también a instancias del Congreso de Intendentes, se añadió la posibilidad de que, una vez vencido el plazo del programa –ya sea de cuatro o cinco meses–, “se pueda extender por única vez hasta el 100% del mismo con cargo a los recursos de los gobiernos departamentales”, explicó este martes el senador frenteamplista Daniel Caggiani al momento de la votación en el plenario de la cámara alta.
También se incorporó un artículo aditivo “para que los gobiernos departamentales tengan la facultad de contratar, a su costo, personas que se encuentran participando en los programas de reinserción social de liberados del sistema carcelario con atención a la situación de calle en 2027”, es decir, una vez que haya culminado el programa, señaló Caggiani.
Cupos para personas en situación de calle y liberados de las cárceles
En esta oportunidad, la nueva edición de Uruguay Impulsa prevé asignar 10% de los cupos –alrededor de 550 puestos de trabajo– a “personas que hayan sido atendidas por los servicios de atención a personas en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social”. En diálogo con la diaria la semana pasada, Arim afirmó que tienen “sanas expectativas” de poder elevar ese cupo “de manera importante a partir de acuerdos directos con las intendencias”. Para la población egresada de las cárceles, en tanto, el proyecto establece un cupo de 5%.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi, por su parte, destacó el impacto del componente de formación y capacitación del programa –que está a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional–, dado que “llegan a anotarse personas que carecen de la más mínima capacitación”. No obstante, Bianchi recalcó que se trata de soluciones paliativas y llamó a no perder de vista “las cuestiones de fondo”. “Si no mejoramos el nivel de formación, los trabajadores cada vez tienen las mismas o menos posibilidades”, advirtió.
En la misma línea, el senador colorado Robert Silva sostuvo que “no hay posibilidad plena de inclusión y de inserción social efectiva si no es a través de capacitación, de formación y de que exista una culminación de ciclos formativos”.
De las 5.500 personas que participaron en la edición del año pasado, 1.021 nunca habían tenido un empleo formal, indicó Caggiani, y consideró que este dato “habla de una necesidad de especializar cierta parte de las políticas públicas para seguir llegando a esta porción de población que hace su primera experiencia laboral, en este caso, en este programa”.
“Muchas veces parece que no nos ponemos de acuerdo en nada los partidos políticos, [pero] este programa muestra que eso no es así; es posible generar políticas que trasciendan los gobiernos y que recojan buenas experiencias”, expresó, a su turno, el senador frenteamplista Sebastián Sabini, quien hizo una mención especial a la demanda que tiene el programa: en 2025 se registraron 162.464 inscripciones para solo 5.500 cupos, lo cual, para Sabini, “demuestra que cuando hay oportunidades las personas se suman”.
