La semana pasada, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores el proyecto de ley sobre competitividad y reducción de costo de vida, que consta de 240 artículos y cuyo contenido había sido adelantado en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. La iniciativa fue ingresada a la Comisión de Hacienda de la cámara alta; según adelantó a la diaria su presidenta, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian, está previsto que los legisladores comiencen a estudiar el texto el próximo jueves 2 de julio.
Una vez difundido el proyecto, el diputado del Partido Nacional (PN) y presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara baja, Sebastián Andújar, expresó en X que acompañaría “toda medida que simplifique el Estado, reduzca costos innecesarios y mejore competitividad”. Sin embargo, advirtió que esto “no puede quedar en un relato aspiracional, sino que hay que demostrarlo”. En ese sentido, señaló que el proyecto “deja dudas al respecto”, como, por ejemplo, los “beneficios” que puedan efectivamente llegar a las medianas y pequeñas empresas.
En la exposición de motivos del proyecto se señala que el objetivo es “impulsar un conjunto de reformas destinadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, generar regulaciones más eficientes, simplificar la interacción entre ciudadanos, empresas y administración, facilitar el comercio exterior, promover la innovación y fortalecer las condiciones para el crecimiento sostenible de la economía uruguaya”.
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Rydström: “El nombre de ley de competitividad le queda grande”
En diálogo con la diaria, el senador del PN Sergio Botana, también integrante de la Comisión de Hacienda, dijo que, como una primera impresión, la finalidad del proyecto “es absolutamente compartible”. “Es compartible el desempapelamiento, la promoción del comercio exterior y las exportaciones y el fomento de la competencia en los distintos mercados que operan en el Uruguay”, resaltó.
De todas formas, el senador nacionalista compartió su “temor” de que “no se concreten las cosas” y de que existan “trampitas internas”, como ocurrió “en el proyecto sobre [medidas para la] frontera, que se terminó neutralizando a sí mismo por las limitaciones que estableció”. “En este caso, los miedos vienen por trampitas internas de ese tipo, por la creación de burocracia para estudiar burocracia, por la incoherencia de presentar un proyecto para desempapelar la Ciudad Vieja cuando se está empapelando cada chacra con la guía del transporte de carga”, agregó. Con todo, el senador del PN dijo que por el momento tiene “más esperanzas que temores”.
Por su parte, el diputado colorado Carlos Rydström, miembro de la Comisión de Hacienda de la cámara baja, dijo a la diaria, también como una primera impresión, que se trata de “un proyecto positivo”, aunque advirtió que “el nombre de ley de competitividad y costo de vida le queda grande”. “Más allá de que tiene una gran cantidad de artículos, no podemos pensar que acá estamos realmente solucionando los grandes temas de fondo de competitividad que tiene el Uruguay”, subrayó, si bien puntualizó que algunos artículos “son muy buenos y van en muy buen sentido para realizar cambios que son significativos”.
Consultado sobre la declaración de Botana acerca de “creación de burocracia para estudiar burocracia”, Rydström consideró que “hay palabras que cuando se usan genéricamente siempre tienen connotaciones negativas”, pero señaló que “hay cuestiones en las que tiene que haber control y tiene que existir información”.
“Para que exista ese control y esa información, tenemos que buscar que el Estado sea lo más eficiente y lo más sencillo para el usuario que después opera con la recolección de esta información, o dar garantías, por ejemplo, de quién se hace cargo de las acciones que suceden”, recalcó. Según el diputado colorado, “en nuestro país la burocracia se ha generado con una lógica de control y muy pocas veces de permitir el fomento de quien quiere realizar una actividad”, como, a su entender, se promueve en el proyecto.
Rydström destacó algunas de las medidas incluidas en el proyecto: el “silencio administrativo” para determinados trámites, la creación de un sistema de trazabilidad de frutas y hortalizas frescas y la conversión de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado.
Por otro lado, consultado sobre la disposición que habilita el autodespacho de las operaciones aduaneras por parte de personas físicas y jurídicas -algo que no pudo ser aprobado en el presupuesto quinquenal-, Botana opinó que en el nuevo articulado “se estaría subsanando la crítica que era justamente la de la falta de solvencia para llevar adelante las operaciones”. El requisito para acceder a esta opción es que los titulares cuenten con “idoneidad técnica en materia aduanera y comercio exterior” o que realicen una “prueba de conocimiento ante la Dirección Nacional de Aduanas”. “La idea por la que fracasó ese proyecto en ese momento fue justamente porque se entendió que el despachante aporta valor, y justamente es el de evitar errores que después se generen, [como] la devolución de una importación o que no pueda entrar al país de destino”, señaló Botana.
