De visita en Paysandú, en el marco de la inauguración de la zafra citrícola, el presidente Yamandú Orsi fue consultado este martes sobre la decisión del gobierno de empezar a utilizar vehículos blindados del Ejército en determinadas zonas de Montevideo. “La idea es utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando por los desafíos que hoy tenemos”, expresó el mandatario.
El pasado jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro, informó en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados que se está trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército”.
Ese día, el anuncio de Negro pasó desapercibido. Horas antes, en el barrio Borro de la capital la Policía había matado a un adolescente de 16 años durante un allanamiento en el que se encontraron varias armas, y en las declaraciones que, al término de la sesión, dieron tanto las autoridades del Ministerio del Interior como los legisladores de la oposición, no hubo ninguna mención al tema de los vehículos Mamba. El asunto tomó estado público recién el lunes, cuando, con base en la versión taquigráfica de la sesión, Búsqueda dio cuenta del anuncio de Negro.
Orsi señaló que el apoyo militar en materia de seguridad pública “no es novedad”. A modo de ejemplo, mencionó los controles en las zonas fronterizas y la vigilancia en los perímetros de las cárceles, situaciones que, en ambos casos, implicaron la aprobación de un proyecto de ley. Consultado al respecto, el mandatario dijo que todavía se está evaluando “cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo, pero lo vamos a resolver”.
Con respecto a la participación de personal militar en la conducción de los vehículos, Orsi dijo que esto “depende de cuál de las infraestructuras” utilizará la Policía. “Hay algunas que sí o sí necesitan personal del Ejército y otras que de repente pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior. Depende de cuál, pero la idea es tener blindados para poder trabajar mejor en las calles”, señaló.
En declaraciones a la radio Impacto de Fray Bentos, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, confirmó que la cartera aportará “herramientas y vehículos” para el trabajo policial, pero puntualizó que aún no está definido si serán específicamente los Mamba, ya que “hay una cuestión de operabilidad de los mismos, incluso de tamaño, para ingresar en algunos lugares”. “No estamos hablando ni de militares ni de hombres en la calle; simplemente de las herramientas”, resaltó la ministra, y agregó que tampoco está resuelto que los vehículos vayan a ser conducidos por personal militar.
Por su parte, el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, sumó en una rueda de prensa que “el personal militar que conduzca estos vehículos tendrá que tener un curso de formación”, dado que los efectivos militares “no están preparados para la seguridad interna”. Ante la pregunta de si estarán armados, el jerarca respondió que, como “van a cumplir funciones de apoyo a la Policía”, eso no será necesario. Agregó que en el marco de este proceso “seguramente en el futuro pueda haber personal militar que decida pasar al Ministerio del Interior”.
Orsi adelantó que este tema se analizará en el próximo Consejo de Ministros, fijado para el próximo viernes 26 de junio. De todos modos, dijo que ya tuvo conversaciones al respecto con Negro, Lazo y también con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, “porque esto implica también recursos”. “Así como los militares que están en los perímetros de cárceles tienen un plus, acá corresponde también que, si algunos de esos vehículos son manejados por ellos, tengan un incentivo. O será un pase en comisión. Veremos cuál es la mejor forma, pero el concepto es: recursos que Uruguay tiene no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar”, expresó.
Por último, consultado por la prensa sobre si esta medida implica un cambio de postura del Frente Amplio, que en su momento cuestionó propuestas similares del exministro del Interior y dirigente nacionalista Jorge Larrañaga, Orsi manifestó: “Yo soy el presidente de la República, planteo lo que me parece que es mejor en cada momento. Con el exministro y exsenador Larrañaga coincidimos muchas veces en un montón de cosas y en otras no, pero lo mejor para el país es lo que yo voy a proponer”.
La visión de la Policía
Más allá de que la propuesta del gobierno vuelve a poner en el centro de la discusión el rol de los militares, quienes también podrían verse directamente influidos por el planteo son los policías. En ese sentido, Ricardo González, presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), dijo a la diaria que se coincide con la propuesta de utilizar los vehículos Mamba con un chofer militar, “siempre que sea el personal policial el que lleve a cabo la tarea” contra la prevención y la represión del delito.
González señaló que los militares ya “han dado colaboración” a la Policía, por ejemplo, con “helicópteros con chofer”, si bien puntualizó que en este caso “toda la operativa corría con parte de personal policial”.
Más allá de la eventual utilización de los vehículos Mamba, González se detuvo en el hecho de que “la Policía debe contar” con más vehículos blindados. En ese sentido, el presidente del SUPU apuntó que los procesos de compra “demoran entre nueve meses y un año”, lo cual vuelve complejo que las intervenciones planteadas “se inicien ahora”. González subrayó que, aunque “el personal policial está muy capacitado y puede hacer su labor”, es importante “tener un vehículo que esté totalmente blindado para zonas conflictivas”.
Desde la Unión de Policías de la Guardia Republicana, en tanto, se extendió un comunicado en el que se plantea la coincidencia en cuanto a “la utilización de toda herramienta que esté al alcance del Ministerio del Interior para combatir y reducir la delincuencia en un escenario cada vez más hostil, marcado por el avance del armamento ilegal y la violencia criminal”. Los vehículos Mamba, se señala, “pueden contribuir a mejorar la seguridad y brindar mayor protección a los policías en zonas de alta conflictividad”. En el comunicado se agrega que actualmente la Guardia Republicana “cuenta con recursos blindados limitados”.
Fuentes policiales señalaron a la diaria que los vehículos blindados de la Guardia Republicana no solo “son pocos” para cubrir el territorio nacional, sino que además pasan mucho tiempo en reparación. Con todo, en la fuerza hay expectativas por señales que han dado las autoridades con respecto a la incorporación de nuevos vehículos blindados, algo que podría concretarse recién dentro de varios meses.
Donados por Estados Unidos
En la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que los vehículos “van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional” y “serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad". Los vehículos Mamba, definidos como unidades de "transporte blindado de personal", llegaron a Uruguay en julio de 2024. Fueron una donación del gobierno de Estados Unidos. Según informó el Ejército en su momento, estos vehículos están diseñados para circular por territorios "amenazados por minas" y tenían como cometido integrarse a "una fuerza de rápida respuesta en el ámbito de las operaciones de paz" que los militares uruguayos llevan a cabo en el exterior del país.
Manini Ríos: “Se necesita un marco legal”
En declaraciones a la radio Monte Carlo, el líder de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos sostuvo que los vehículos blindados “son útiles y necesarios” en circunstancias “de determinada complejidad”. Sobre el hecho de que sea un efectivo militar el que conduzca, dijo que se trata de una forma de “cuidar” y “preservar” el vehículo, lo que implica una responsabilidad que tiene un carácter “más administrativo que operativo”.
No obstante, Manini Ríos afirmó que los efectivos de las Fuerzas Armadas “no tienen la preparación necesaria para actuar en prevención y represión del delito”, por lo que el soldado en cuestión no tendría “responsabilidades operativas”. De todos modos, el exsenador advirtió que, frente a “una circunstancia extrema”, el personal militar “puede llegar a tener que intervenir”. Por eso, a su entender, “se necesita un marco legal” para evitar que, “con el tiempo, ese soldado termine ante la Justicia”.
“Lo que no podemos hacer es disponer o dar determinadas órdenes a las Fuerzas Armadas y que después, ante el primer problema que surja, termine pagando un soldado con cárcel”, porque “ya hemos visto esa película”, expresó Manini Ríos. “Hace medio siglo se le encomendó una serie de tareas, y hoy, más de medio siglo después, hay gente que está presa porque se le cobra haber actuado mal en tal o cual circunstancia”, agregó.
En las últimas horas, varios legisladores han planteado dudas con respecto a la necesidad de un proyecto de ley. Esto motivó, por ejemplo, que el senador colorado Andrés Ojeda enviase un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer las “tareas concretas [que] desarrollarán los efectivos militares involucrados” y si estos “estarán autorizados a intervenir directamente ante hechos delictivos”. Ojeda también consultó si los militares “portarán armamento durante los operativos”.
Por su parte, el senador frenteamplista Eduardo Brenta sostuvo en una rueda de prensa que “se está trabajando”, en el marco del convenio que fue anunciado por Negro en comisión, para que “quien pilotee ese vehículo –que tiene que tener determinadas condiciones– sea un funcionario policial”. Mencionó que otra de las opciones es que se pueda estar “capacitando a un militar para ejercer funciones policiales, cosa que ya se ha hecho”. En cualquier caso, Brenta desestimó que la iniciativa requiera la aprobación de una ley.
¿Qué dice el plan de seguridad?
En el Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado por el Ministerio del Interior en marzo de este año, se incluyó como una acción concreta el patrullaje "focalizado en zonas de alta incidencia", con el objetivo de concentrar "el despliegue policial y la prevención territorial en microzonas de mayor riesgo, con presencia sostenida y lectura operativa frecuente del territorio". Con esto se pretende "reducir eventos letales y estabilizar dinámicas de violencia mientras se fortalecen los canales de coordinación para la prevención social, situacional y comunitaria en el territorio".
No obstante, en otras de las numerosas acciones del plan, referente a "la aplicación de la ley antidrogas orientada por inteligencia", se propone hacer hincapié en "la reducción efectiva de la violencia, y no en el volumen de los operativos". Se sostiene que "los enfoques territoriales orientados a la resolución de problemas aparecen como las estrategias más prometedoras para reducir el delito asociado a drogas en puntos calientes", y se añade que, "en contraste, los operativos reactivos, los patrullajes de saturación y las intervenciones militarizadas muestran efectos transitorios y riesgos de desplazamiento o escalamiento de la violencia".
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