A principios de mayo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto presentado por el Frente Amplio (FA) para atender la situación de deudores de bajos recursos que, entre otras cosas, plantea limitar los intereses y prohibir las “prácticas abusivas” en el sistema crediticio. La iniciativa procura atender la situación de quienes “se ven afectados de forma dramática por los intereses, multas y recargos practicados por diferentes instituciones financieras”.
El primero en dar su opinión en la comisión fue el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, informó que el equipo económico está elaborando junto con el Banco Central una propuesta sobre la tasa de interés, para que haya una “segmentación por tipo de crédito a la hora de definir la tasa”, algo que no está contemplado en el proyecto del FA.
Según consta en la versión taquigráfica de aquella primera sesión, Vallcorba planteó que la discusión que “está por detrás” cuando se discute la tasa de usura “es la razonabilidad del costo del crédito”. “Desde el punto de vista legal, uno puede aterrizar y dar una definición a lo que es la usura, pero esencialmente, por detrás, lo que estamos diciendo es que la tasa que se cobra es un disparate”, apuntó.
Por lo tanto, a los efectos de “evaluar la razonabilidad del costo del crédito”, el subsecretario del MEF dijo que hay que “tener en cuenta el impacto que tiene el plazo y el impacto que tiene el monto de la operación en los intereses cobrados, tanto de la perspectiva de quien da el crédito como de quien lo recibe”.
A su vez, Vallcorba mencionó que en el trabajo que está realizando el MEF junto con el Banco Central se detectó, como una dificultad, que no hay “una segmentación de los créditos, o que la segmentación de créditos que tenemos no es la más adecuada”. “Cuando ponemos topes por grupo, por tipo de crédito, deberíamos tener tipos de créditos que sean lo más homogéneos posible, de forma tal que ese tope sea relevante para todos los que están allí, que no sean ni muy altos ni muy bajos, y entonces, que reflejen una realidad que es relativamente homogénea”, apuntó.
Vallcorba consideró que para los créditos de bajo riesgo resulta necesario “ser mucho más exigentes en cuanto a tener un tope bajo de usura”, por lo que, por un lado, habría créditos de bajo riesgo y, por otro, de riesgo normal o alto.
“En un crédito a 15 días lo que me genera de interés una tasa del 100% es tan bajo que, seguramente, no haya una institución formal que esté interesada en dar ese crédito con esos topes”, señaló, y agregó que, para el MEF, “hay que complementar ese tope general a la usura con un tope que se vincule con el monto del crédito”. “Definimos una tasa que va variando en función del plazo del crédito, hasta que converja con el tope general. Entonces, de alguna manera, logramos generar un criterio que dé flexibilidad para operaciones de muy corto plazo y algo similar para operaciones de bajo monto”, resaltó.
La postura de la Asociación de Consumidores Unidos
La semana pasada fue el turno de la Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos. Ante los legisladores de la comisión, Dora Szafir, fundadora de la asociación, exjueza y quien asesoró a Cabildo Abierto con su propuesta para deudores en el período pasado, advirtió que el planteo de Vallcorba con respecto a las tasas de interés según los riesgos y el plazo “va a complicar la vida”.
“El ejemplo que él siempre pone es que, si se concede un crédito por 15 o 20 días, la tasa de interés puede ser más alta, porque ¿quién va a prestar si no va a ganar mucho? Supongamos que yo quiero pedir 100.000 pesos por 15 días; como a él le parece que una tasa de 100% es lógica y razonable porque el período es corto, a los 15 días yo voy a tener que devolver 200.000 pesos”, señaló.
Por otro lado, con respecto a quienes podrían verse beneficiados con la iniciativa del FA, Szafir dijo que el proyecto “está destinado a personas cuyo núcleo familiar gane menos de 80.000 pesos por mes”, por lo que “acá no estamos regulando para sacar del sobreendeudamiento a empresas o a personas con mucho dinero, sino que se está llevando adelante un proyecto para los que son más humildes y los que no tienen bienes. ¿Qué les van a embargar? Lo cierto es que no hay posibilidades de que se les pueda cobrar”.
“Tenemos una cantidad de requisitos para que ese proyecto pueda ser aplicado y la persona pueda requerir ese auxilio, primero en la parte administrativa y, si no, en la parte jurisdiccional”, observó Szafir, y comentó que “sería bueno que la información sea estructurada, como lo plantea en la ley, pero que exista un organismo de control”. En ese sentido, señaló que actualmente la Unidad de Defensa del Consumidor, a cargo de dicha tarea, “tiene tres inspectores para todo el país”, es decir, “no tiene un presupuesto adecuado para funcionar”.
“Entonces, muchas leyes son hermosas, tienen un propósito muy loable, pero si no hay una infraestructura que pueda hacerlas cumplir, de nada nos sirven. Por lo tanto, quedan ahí, tiradas en el recuerdo, porque no se puede lograr el verdadero control. Lamentablemente, sabemos que el ser humano es hijo del rigor, y cuando se controla, las cosas funcionan, y cuando no se controla, es más difícil que se cumplan”, reflexionó.
