La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, compareció este lunes ante la comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard. En las últimas dos semanas, con las comparecencias de los exministros Javier García y Armando Castaingdebat, la comisión profundizó en las decisiones del gobierno anterior desde la selección de la empresa española hasta la firma del contrato y las sucesivas prórrogas otorgadas a Cardama para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, que, según el actual gobierno, resultó ser falsa. Con ese contexto, la concurrencia de Lazo buscó echar luz sobre la decisión de rescindir el contrato por parte de la actual administración.
Al término de cada sesión de la comisión, se ha vuelto una rutina que el oficialismo y la oposición planteen públicamente sensaciones contrapuestas. El lunes no fue la excepción. La ministra permaneció en sala durante casi seis horas y, al finalizar, brindó una conferencia de prensa acompañada por los legisladores del Frente Amplio (FA) que integran la comisión. Lo primero que aseguró Lazo fue que las decisiones tomadas por el actual gobierno, en particular aquellas vinculadas a la rescisión del contrato, “son las mejores decisiones en lo que tiene que ver con el bien público y los intereses del Estado” y están “fundadas absolutamente”.
Ante los legisladores de la comisión, la ministra hizo “un análisis completo” de la actuación de la cartera en el tema desde el 1° de marzo de 2025. Para el oficialismo, la presentación de Lazo fue “sustancial” para el trabajo de la comisión, en tanto fue “muy contundente, ha sido muy detallada, ha respondido todas las preguntas”. En la conferencia de prensa, la ministra hizo un llamado a abroquelarse “en función de los intereses del Estado frente a un fraude del que ha sido víctima”.
Pablo Abdala cuestionó la “falta de transparencia” y la “deshonestidad”
Por el contrario, los legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, en otra conferencia de prensa, manifestaron haber quedado insatisfechos con las respuestas de la ministra, a quien incluso acusaron de mentir. También afirmaron estar “defendiendo el interés nacional”, aunque con una mirada diferente sobre el asunto: la de “que tengamos patrulleras oceánicas y que se cuiden los dineros de los uruguayos porque hoy, con esta rescisión, tenemos 30 millones de dólares enterrados en España que no sabemos si vamos a recuperar”, expresó el diputado colorado Maximiliano Campo.
El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, afirmó que “el gobierno sigue sin poder demostrar” que la rescisión del contrato “haya sido la mejor decisión en defensa de los intereses del país”. Apuntó que existe la “sospecha persistente de que hubo otras intenciones detrás de la decisión”, tal como ha expresado García.
Según el diputado nacionalista Pablo Abdala, el actual gobierno trabajó desde el inicio, aun “cuando todavía no habían advertido que había dificultades con la garantía de fiel cumplimiento”, para “llegar a un desenlace como el del 13 de febrero de este año, cuando anunció la rescisión”. En ese sentido, señaló que la comparecencia de Lazo “confirma que asistimos a una combinación de falta de transparencia y deshonestidad del gobierno en todos los aspectos”.
Lazo: “Los intereses del Estado tienen que estar por encima de cualquier opinión aislada”
“A veces podrán no gustar las respuestas que uno da, pero las respuestas estuvieron”, afirmó Lazo. Respecto de la actuación del gobierno, la ministra sostuvo que, a partir del momento en que se constató “la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento”, se dispusieron medidas, porque se quebró “la confianza mutua”.
El senador del FA Nicolás Viera, por su parte, destacó que “finalmente y por primera vez logramos que los diferentes parlamentarios que integran esta comisión, por unanimidad, hayan expresado que hay ilicitud en las garantías que la empresa Cardama presentó”. La garantía de fiel cumplimiento, presentada por el astillero español y aceptada por la anterior administración, estuvo a cargo de Eurocommerce, compañía que fue disuelta por el organismo regulador de sociedades anónimas de Reino Unido.
Desde la oposición se ha cuestionado en reiteradas oportunidades que el gobierno no haya mostrado disposición a un cambio de la garantía y que haya optado por el camino de la rescisión con base en “la excusa de un dato, que nadie ignora, en cuanto a la insuficiencia de una garantía”, señaló Abdala. El diputado nacionalista dijo que este lunes le consultó a la ministra por qué, “teniendo en cuenta que a los 30 días del vencimiento de la garantía debía procederse la renovación de la misma, no le intimaron a Cardama que renovara esa garantía” y esperaron hasta el 20 de octubre para “avanzar en su ejecución”.
Tanto Campo como Sotelo hicieron referencia a las declaraciones que en su momento hizo sobre el tema el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien comentó que el contrato podía continuar si la garantía era sustituida por otra. Consultada al respecto, Lazo señaló que las acciones del Poder Ejecutivo “han estado estudiadas minuciosamente” y resaltó que “en dos oportunidades, no solo en una, se constata la falsedad de esta garantía presentada”. En ese marco, afirmó que “la dignidad nacional y los intereses del Estado tienen que estar por encima de cualquier opinión aislada”.
Garlo: “Los aspectos contractuales y jurídicos se dirimen en la jurisdicción uruguaya”
Según supo la diaria, otro de los puntos en los que insistió la oposición el lunes en la comisión fue la participación de dos asesores de Lazo, Damián Rojas y Daniel Marsiglia, en las investigaciones internas que dispuso el actual gobierno en el tema. El diputado colorado Felipe Schipani señaló que ambos actuaron “sin ningún amparo normativo en el Ministerio de Defensa, como verdaderos intrusos”, dado que “no tenían ninguna norma habilitante que les permitiera actuar como lo hicieron”, cuestionó.
Según Schipani, Lazo argumentó que esto “se debió a demoras burocráticas en las solicitudes de pases en comisión”. Pero el diputado colorado aseguró que eso “es mentira”, porque “nunca se solicitó ningún pase en comisión” en el caso de Rojas.
La oposición también cuestionó que la ministra no haya suministrado al Parlamento la demanda arbitral presentada por Cardama ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la cual “es altamente probable que termine en una condena que evidentemente va a tener un costo patrimonial muy grande para el país”, afirmó Abdala.
Consultado al respecto, el diputado del FA Joaquín Garlo afirmó que, tanto desde el gobierno como desde la fuerza política, tienen “la tranquilidad y la certeza de que este planteo de arbitraje internacional propuesto por la empresa es un manotazo de ahogado que no refleja lo que el contrato establecía desde un principio”. Explicó que el contrato firmado por el gobierno anterior establecía que en el ámbito del arbitraje internacional se dirimirían únicamente los aspectos técnicos, mientras que “los aspectos contractuales y jurídicos se dirimen en la jurisdicción uruguaya”. En ese sentido, destacó que la rescisión del contrato se “adoptó en función de incumplimientos graves y sistemáticos de Cardama con el contrato”, por lo tanto, “serán los tribunales uruguayos los que deban dirimir cualquier diferencia” y “no el arbitraje internacional”.
