El lunes, en la decimocuarta sesión de la comisión especial de la Asamblea General que desde febrero investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard, no hubo “hilaridad”. El término que en las actas parlamentarias se utiliza como sinónimo de risa no aparece una sola vez en las 88 páginas que reflejan la comparecencia de cuatro horas del senador del Partido Nacional (PN) y exministro de Defensa Nacional (2020-2024) Javier García.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, García se introdujo en el asunto de la siguiente manera: “Este proceso se empezó en 2005”. Desde ese entonces y durante 15 años –es decir, durante los tres primeros gobiernos frenteamplistas–, “a lo único a lo que se recurrió fue a un turismo de astilleros”, afirmó. “Fueron las autoridades navales y las autoridades de gobierno. Obviamente, quien va a un astillero y le presentan las mejores cosas que hacen viene enamorado de ese astillero y piensa que eso es lo mejor para Uruguay”, expresó.
Pero ¿qué nivel de efectividad tuvieron esas visitas?, preguntó, y respondió: “Cero, durante esos 15 años. Y no fue por circunstancias económicas, porque en esos años Uruguay vivió circunstancias económicas muy buenas”.
Fue entonces cuando afirmó: “Yo creo que lo que existieron fueron poderosísimos intereses económicos –eventualmente geopolíticos, pero me pesan más los económicos– que impidieron y bloquearon la posibilidad de que Uruguay se defendiera y tuviera sus patrulleras oceánicas”. Según el senador nacionalista, estos “poderes económicos” fueron los mismos que, una vez firmado el contrato con Cardama, “operaron para que cayera la compra de las OPV”, en referencia a las patrullas oceánicas (offshore patrol vessel).
Dicho esto, el exministro se adelantó a la muy probable pregunta del oficialismo: “Se me pregunta si tengo pruebas; bueno, pruebas no tengo, pero tengo la convicción de que los mismos poderes económicos operaron –muchas veces en la sombra y otras veces con operaciones de prensa y reuniéndose con dirigentes políticos– para boicotear la compra de las OPV al astillero Cardama”. García retomaría este concepto minutos después.
El primer y el segundo llamado
De forma cronológica, García dio explicaciones sobre el primer llamado que se desarrolló en el período pasado para adquirir patrullas oceánicas para la Armada Nacional. En este caso se trató de una compra por excepción con un llamado competitivo. Sin embargo, el llamado quedó sin efecto.
Como fundamento de esa decisión, el senador del PN leyó una resolución en la que se señala que “la eventual erogación resultante de las ofertas presentadas en el llamado de referencia supera las previsiones estimadas inicialmente, por lo que corresponde dejar sin efecto la citada compra directa por excepción”. “Esta fue la razón”, subrayó.
A modo de contexto, García recordó que esto ocurrió en el marco de la emergencia sanitaria. “Obviamente que a nosotros nos hubiera gustado contar no solo con patrulleros oceánicos –esto es de marzo del 23, saliendo de la pandemia–, sino también con otro tipo de equipamiento para el Ministerio de Defensa, pero las prioridades del país lógicamente eran otras y de mayor intensidad: cuidar la vida y la salud de los uruguayos”, afirmó.
Señaló que, en aquel entonces, el Poder Ejecutivo tenía previsto destinar alrededor de 100 millones de dólares para la compra de patrullas oceánicas, pero se recibieron ofertas superiores.
Con respecto al segundo llamado, en el que finalmente se eligió a Cardama, el diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo consultó por qué entre un llamado y el otro “hubo una disminución muy significativa de los requisitos técnicos que debían cumplir los oferentes”. “De las 80 exigencias técnicas previstas en el pliego de condiciones elaborado por la comisión técnica, en 2023 pasamos a solamente tres. ¿Por qué se disminuyeron las condiciones técnicas exigidas?”, preguntó.
De la transcripción se desprende que García estaba preparado para esta pregunta. Primero, aseguró que todas las decisiones se adoptaron sobre la base de lo que asesoró, desde el punto de vista técnico, la Armada Nacional. “Si bien es legal que un ministro pueda decidir por sí y ante sí, obviando informes técnicos, yo actué de otra forma: desde el comienzo decidí que las decisiones políticas –todas las decisiones que toman los ministros son políticas, el 100 %–, tenían que estar fundadas en razones técnicas”, afirmó.
Segundos después, insistió con lo de los “fuertísimos intereses económicos”. “Uno puede encontrar que hay cierta intención –no digo necesariamente acá– de tirar abajo, algo que no pasó en el primer llamado. Con los buques chinos no pasó; apareció después. Por eso digo que tengo derecho a pensar –no tengo pruebas, pero tengo derecho a pensarlo– que hay fuertísimos intereses económicos atrás de esto –lo estuvieron durante 15 años y están presentes ahora–, tratando de que no prosperara, una vez decidida, la elección del astillero Cardama”, expresó.
Luego, para responder a la pregunta de Garlo, García se apoyó en las declaraciones que hizo ante la comisión, algunas sesiones atrás, el ex comandante en jefe de la Armada Nacional Jorge Wilson. Lo citó de manera textual: “A los astilleros se les mencionó que no se iba a presentar otra vez toda la lista de requerimientos, porque un OPV ya de por sí tiene capacidades que tiene que cumplir. Entonces, no íbamos a volver a plantear determinadas capacidades que son las que trae cualquier buque”, dijo Wilson, según recordó García.
“Nosotros optamos por otro camino; yo opté por otro camino porque mono viejo no sube a palo enjabonado. Esto se había politizado y solo había coincidencia con las patrulleras chinas, lo que quedó demostrado hoy: la preocupación eran los chinos”, expresó.
Garlo le agradeció al senador nacionalista por haberse “tomado el tiempo de venir hasta esta [comisión] asesora a leernos actas de esta [comisión] asesora”. No obstante, consideró que su pregunta no fue respondida. “¿Por qué se disminuyeron las condiciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones técnicas de la compra directa número 1/2022, respecto de la compra directa de 2023 de la que resulta adjudicataria Francisco Cardama Sociedad Anónima? Esa es la pregunta concreta”, reiteró.
García contestó: “Yo voy a pedir que se aumente el volumen de los micrófonos, porque ya lo contesté. Le leí textualmente lo que dijo el almirante Wilson, el comandante de la Armada, acá. Contestó esa pregunta”.
El origen de la oferta, la reunión en el ministerio y la experiencia de Cardama
Con respecto a cómo llegó la oferta original de Cardama en el segundo llamado, García también se apoyó en la comparecencia previa de Wilson. El ex comandante en jefe declaró que fue Gerardo Moreira, capitán de fragata retirado y representante del astillero español en Uruguay, quien trasladó la oferta a la Armada Nacional, que, a su vez, la remitió al Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
“Aunque lo pregunten 20 veces, esta es la respuesta porque es la verdad”, manifestó García, aunque aclaró que este tipo de ofertas “a veces llegan al ministerio y otras a la Armada”. “Si hubiera llegado al ministerio –pongamos esa hipótesis–, ¿cuál es el problema? La ministra [de Defensa Nacional, Sandra] Lazo, las está recibiendo y se recibieron durante 20 años en el ministerio”, agregó.
Por otra parte, acerca de la reunión celebrada el 13 de junio de 2023 en la sede del MDN entre autoridades de la cartera y de la Armada con representantes de Cardama, García aseguró que no estuvo presente. “Cualquiera que afirme que yo estaba ahí miente”, afirmó.
Esa reunión tuvo lugar antes de la firma del contrato, que fue rescindido en febrero de este año por la actual administración, entre acusaciones y denuncias de “estafa” y “fraude”. “Si quisiera hacer algo mal, no lo voy a hacer en la sala de honor del Ministerio de Defensa. ¡Hay que ser muy tonto! No hay cosa más transparente y prístina que tener reuniones oficiales en las dependencias oficiales”, agregó García.
De todos modos, también puntualizó: “Si hubiera estado, ¿cuál es el problema? ¿La ministra Lazo no se reúne con todas las empresas? Yo tenía, como actitud, no participar”. El exministro dijo que al titular de la empresa española, Mario Cardama, lo vio una sola vez en su vida, el día de la firma del contrato, el 15 de diciembre de 2023.
Con relación al hecho de que Cardama jamás había construido patrullas oceánicas, García confirmó que esto “es así”. No obstante, sostuvo que se trata de “un barco muy sencillo de hacer porque es un barco civil con utilización militar”. “Además, tiene una particularidad. Todos hablamos de un astillero, pero lo que hace el astillero es aplicar un plano. Hay una empresa que se llama Cintranaval y es una de las más importantes del mundo que, a su vez, hizo este mismo barco para otro país con otro astillero; utilizó el mismo plano. Se trata de aplicar”, expresó.
La garantía de fiel cumplimiento
Por último, consultado sobre la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce, que fue presentada por Cardama y aceptada por el gobierno anterior, García se remitió en esta oportunidad a la comparecencia de los integrantes del estudio jurídico Delpiazzo, quienes, en palabras del exministro, indicaron que la garantía no tuvo indicios de falsedad en ningún momento.
Durante el proceso, sin embargo, el estudio Delpiazzo hizo múltiples advertencias a las autoridades del MDN sobre la actuación de Cardama.
Con respecto a las sucesivas prórrogas –11 meses– que la anterior administración concedió para la presentación de la garantía, García expresó: “Cuando hay un ánimo, primero, de buena fe y, segundo, de obtener un beneficio para Uruguay –tener algo que hacía 20 años que se estaba buscando y no se tenía–, uno se asesora y lleva adelante estos procesos para que tengan un buen fin”. También comentó que en este momento el actual gobierno “lleva ocho meses prorrogando los requerimientos que le pide a la empresa de hidrógeno verde HIF Global para instalar una planta en Paysandú”.
Garlo, en tanto, sostuvo que la garantía “no era un mero accesorio”, sino “una condición indispensable” para que el contrato entrara en vigor, así como “para la activación del primer pago, de 8.000.000 de euros”. Recordó que el plazo previsto en primera instancia era de 45 días.
El diputado del FA también recordó que el propio García, en sus últimos días como ministro, le había comunicado a Cardama que no habría más aplazamientos. “Usted, como ministro, en una de sus últimas actuaciones –dejó el ministerio el 4 de marzo de 2024– le decía a Cardama: ‘Se terminó, no hay más prórrogas’. Repito: ‘…informando que no se habilitarán nuevas prórrogas considerando la trascendencia de los plazos de contrato’”, leyó Garlo, y agregó que, en ese marco, resulta “curioso” que en setiembre de 2024 el sucesor de García en el cargo, Armando Castaingdebat, haya otorgado “un plazo extraordinario de 72 horas a Cardama para constituir las garantías”. “¿Usted considera que se actuó igual de bien en ese caso?”, le preguntó.
García respondió: “No tengo duda ninguna, y lo digo nuevamente: con la misma intención de lograr para el país el mejor resultado de querer cuidar nuestro mar, nuestros recursos naturales y luchar contra el narcotráfico, se actuó después del 4 de marzo. Lo digo porque el ministro Castaingdebat fue un gran ministro”.