A mediados de mayo, los ediles del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado de Lavalleja promovieron dos recursos administrativos contra la resolución de la Junta Departamental que dispuso la colocación de una placa de memoria frente al Batallón de Infantería 11 de Minas, que funcionó como centro de detención y tortura antes y durante la dictadura cívico-militar. Uno de ellos fue presentado ante la Intendencia de Lavalleja y sigue su curso. El otro fue presentado ante la Cámara de Diputados, que recientemente comunicó que el plazo para tratar el recurso que tenía la cámara baja se venció, por lo que “se entiende como no interpuesto”, según informó en primera instancia Caras y Caretas. Así consta en una nota dirigida al intendente de Lavalleja, el frenteamplista Daniel Ximénez, que lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi.
Los ediles nacionalistas y colorados –que por primera vez son oposición a un gobierno del Frente Amplio (FA) en Lavalleja– han argumentado que la aprobación de la colocación de la placa de memoria en la Junta Departamental requería una mayoría especial de 21 votos. La iniciativa fue aprobada con mayoría simple, con un total de 17 votos (16 del FA y uno del PN). Esto, según la oposición, configura una violación de la normativa vigente.
En diálogo con la diaria, la edila del PN Carol Aviaga sostuvo que el reclamo no era “por el contenido de la resolución”, sino “por las formas”. “Eso tiene que quedar claro. Nosotros no cuestionamos placa sí o placa no, lo que diga o deje de decir la placa. Sí se cuestionan las formas”, expresó.
Aviaga aseguró que para instalar “un monolito, un monumento o cualquier intervención urbana de ese tamaño que se hizo” es necesario contar con una mayoría especial en la Junta Departamental, “porque así lo dice la Ley 9.515 [Ley Orgánica Municipal], porque así lo dice la Constitución y porque las leyes y las normas son para cumplirse”. “Me puede gustar más o menos una cuestión, pero en este país, si vamos a cuidar la democracia, si vamos a cuidar los derechos de todos, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con las normas, la Constitución y las leyes”, expresó.
El reclamo “no tenía pies ni cabeza”
La placa de memoria fue inaugurada el 29 de mayo con un acto organizado por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. Días después, fue vandalizado e inmediatamente restaurado.
El Batallón de Infantería 11, ubicado en la capital departamental, funcionó como centro de detención y tortura entre 1968 y 1984. “En sus calabozos permanecieron personas secuestradas y presos políticos pertenecientes a distintos sectores, tanto de organizaciones de izquierda como de corrientes democráticas vinculadas a los partidos tradicionales”, se consigna en el proyecto Sitios de Memoria. Se trata de la primera placa de memoria que se colocó en Lavalleja.
El presidente de la Junta Departamental, el edil del FA Mauro Álvarez, dijo a la diaria que el reclamo de la oposición “no tenía pies ni cabeza”, dado que el tema “ni siquiera tenía por qué haber pasado por la junta”. No obstante, “el intendente, en una manera también de poner el tema en estado público y para todo el sistema político departamental, lo envió a la junta, donde tuvo 17 votos y, por lo tanto, quedó aprobado por mayoría absoluta”.
Para Álvarez, el cuestionamiento de los ediles nacionalistas y colorados tiene que ver con “el fondo del asunto”, esto es, si había que instalar –o no– “una placa de señalamiento frente a un lugar donde, en el período de 1968 a 1984, hubo personas que estuvieron privadas de su libertad”. “Esto lo que demuestra, en definitiva, es que no estaban de acuerdo con el procedimiento de fondo, es decir, con la colocación de una placa que reivindica la memoria de un pueblo”, afirmó. Señaló, asimismo, que “por ese batallón lamentablemente pasaron muchísimas familias de Minas, del departamento de Lavalleja y del resto del país”. En definitiva, Álvarez sostuvo que el “silencio positivo” de la Cámara de Diputados “es sumamente importante”.
A principios de setiembre, antes de que venciera el plazo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados recibió a una delegación de ediles de la oposición, así como a autoridades de la Intendencia de Lavalleja, para tratar el recurso administrativo interpuesto. Sin embargo, no se adoptó ninguna resolución. Consultada al respecto, Aviaga dijo que desde la cámara baja no les dieron “ningún argumento”.
