Fue simplemente “un pedido de ayuda” de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a los legisladores frenteamplistas, nacionalistas y colorados que integran la comisión de la Cámara de Senadores que tiene a estudio la Rendición de Cuentas. Así lo definió el secretario letrado de la SCJ, Juan Pablo Novella. “Nosotros pedimos dinero todos los años, pero hay una realidad que tampoco podemos dejar de contarles y es que hay muchas intendencias que nos deben mucho dinero”, expresó Novella este lunes en la comisión, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria.
Novella dio algunos números. La Intendencia de Canelones, por ejemplo, “nos debe casi 3.000.000 de dólares”. Cerro Largo, unos 500.000 dólares. La presidenta de la SCJ, Doris Morales, informó que los mayores adeudos corresponden a los gobiernos departamentales de Canelones y Rocha, “sin perjuicio de que hay otros, como Durazno”. “Realmente, son enormes”, subrayó Morales, quien prometió enviar al Parlamento el detalle de la información.
Novella indicó que las deudas se arrastran por “concepto de astreintes”, es decir, cuando una dependencia estatal no cumple con lo que se le ordena y, en consecuencia, se le impone una multa diaria. “En general, pongámosle, cumpla con tal tarea en 24 horas, no la cumple, le voy a poner UR 1 por día hasta que usted cumpla. Muchas veces no cumplen, pero como ustedes saben, el Estado es inembargable, entonces no puedo salir a embargar a las intendencias. Esa es la trampa al solitario que se hace el propio Estado; nosotros ponemos, pero no podemos cobrar esos créditos”, explicó.
Al igual que Morales, Novella sostuvo que el total adeudado significa “mucho dinero” para el actual estado de situación del Poder Judicial. “Por eso el pedido de ayuda para lograr articular, entre todo el Estado, con las distintas intendencias”, recalcó. Señaló que el Poder Judicial no pretende obtener “todo el dinero junto”, sino, quizás, acceder a “algún edificio o dependencia, porque hay muchos que no están en uso y podemos llegar a instalar juzgados para atender a más personas y de mejor manera”.
En ese sentido, Morales dijo que la SCJ ha tenido una postura proactiva. “Estamos negociando y hablando con algunas de las intendencias para ver si existe la posibilidad de que nos brinden algún edificio”; sin embargo, “siempre fallamos en las conversaciones”. “Por lo tanto, sería bueno si se lo pudieran plantear al Congreso de Intendentes”, agregó la presidenta de la SCJ.
Uno de los senadores que mostraron interés en el tema fue el nacionalista Carlos Camy, quien pidió los datos de “las deudas de todas las intendencias por concepto de astreintes”, departamento por departamento. También preguntó “si se requiere algún marco legal o basta el existente para flexibilizar lo máximo posible la relación del Poder Judicial como acreedor con las intendencias para hacerse de esa deuda”.
Morales contestó: “Yo lo veo bastante difícil por la inembargabilidad de los bienes del Estado. Eso quiere decir que nadie puede embargar al Estado, por lo que nosotros tenemos el crédito, pero no lo podemos ejecutar de forma coactiva, que es lo que pasa con cualquier otra persona pública o privada”.
La senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz, en tanto, dijo que el planteo será efectivamente trasladado al Congreso de Intendentes. “Si tuvieran el detalle –creo que lo pidió el senador Camy–, sería interesante que nos lo hicieran llegar para poder trasladárselo o plantearles la posibilidad, incluso, de generar algún tipo de convenio, porque es mejor algo que nada en ese sentido”, comentó.
Familia y violencia basada en género insumen el 44% del trabajo del Poder Judicial
Al margen del “pedido de ayuda”, las autoridades de la SCJ reiteraron sus reclamos de mayores recursos. En el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas, el Poder Judicial ha solicitado, entre otras cosas, la creación de juzgados especializados en violencia basada en género, así como la creación de tribunales de apelaciones de familia y de juzgados letrados de primera instancia del interior de ejecución y vigilancia.
Gabriela Figueroa, secretaria letrada de la SCJ, señaló en la comisión que actualmente solo hay juzgados de género en San Carlos, Salto y Rivera, que pudieron instalarse a partir de “la asignación de nuevas partidas presupuestales combinada con la redistribución de recursos a la interna del Poder Judicial”.
Figueroa mencionó que entre 2013 y 2024 se registró un aumento del 30% de las audiencias de este tipo y un incremento de 42% de las denuncias realizadas ante la Policía. También se constató una suba de 64% en los casos de violencia sexual.
A modo de complemento, Novella apuntó que actualmente “la materia familia y familia especializada o violencia basada en género” representa alrededor del 44% de “las cargas de trabajo en el Poder Judicial”. “Por eso es que se piden los juzgados que se piden, y por eso es que se piden los tribunales de familia que se solicitan”, remarcó.
Novella subrayó que en este momento “estamos ante la participación presupuestal del Poder Judicial más baja de los últimos 15 años”. No obstante, y a pesar de que “la demanda sigue y sigue creciendo”, la Rendición de Cuentas “viene con cero peso para el Poder Judicial”, lamentó.
El FA no modificará el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados
“Creo no ser ingenua al decir que es poco probable que pueda cambiarse algo de lo que viene de la Cámara de Representantes, porque así se nos lo ha hecho saber”, expresó Morales, al comienzo de su intervención este lunes en la comisión. Minutos después, la senadora del FA Constanza Moreira confirmó que el oficialismo ha decidido no introducir ningún cambio al proyecto que, gracias a los dos determinantes votos de Cabildo Abierto (CA), fue aprobado a mediados de agosto en la Cámara de Diputados.
Moreira reconoció el “gran esfuerzo” de la SCJ “en la reasignación de sus propios fondos para crear más juzgados”. “Para mí esto es una urgencia, por lo que quiero trasladarles mi total solidaridad en relación con el incremento de los fondos destinados a las causas de violencia de género”, expresó.
Dicho esto, la senadora frenteamplista manifestó: “La verdad es que esta no es una discusión para dar frente a ustedes, pero dada la negativa de la oposición a votar la Rendición de Cuentas, nosotros nos vemos imposibilitados de abrir esto en el Senado, como hubiéramos querido, para poder incrementar estos recursos, aun cuando eso hubiera supuesto reasignaciones”.
En el caso de que el Senado modifique el texto ya aprobado, la Rendición de Cuentas volvería a tratarse en la Cámara de Diputados, que como tercera cámara únicamente podría aceptar o rechazar los cambios. Esto ocurrió, por ejemplo, en ocasión del presupuesto quinquenal, cuando el texto fue modificado y, en su regreso a la cámara baja, CA volvió a dar sus votos para la sanción definitiva del proyecto. Sin embargo, en esta oportunidad, dado el rechazo de la Coalición Republicana a la Rendición de Cuentas, el FA no está dispuesto a reabrir una negociación con los cabildantes.
Para el senador colorado Robert Silva, “si existiera voluntad de negociar y reasignar partidas” en el Senado, “se podría hacer”. “Uno escucha muchos discursos vinculados a la defensa de estas temáticas, pero cuando llegan las solicitudes para plasmarlos en la realidad y los fundamentos y argumentos por parte del organismo responsable, no hay posibilidad de abrir una discusión y generar eventuales reasignaciones”, cuestionó. Silva señaló que lo solicitado por la SCJ ronda los 3.500.000 dólares, es decir, “una cifra escasa” en comparación con “los montos que se manejan en el presupuesto quinquenal”.
