La propuesta de Neltume Ports de invertir 900 millones de dólares para la instalación de una nueva terminal de contenedores suma un nuevo elemento a las horas agitadas que atraviesa el puerto de Montevideo y reaviva una vieja discusión jurídico-política. Con varias semanas de conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) por falta de acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo entre Katoen Natie –accionista mayoritaria de la terminal especializada– y el sindicato, este miércoles el Poder Ejecutivo informó que le daría un plazo de tres días para llegar a un acuerdo.
El viernes, cuando también el conflicto en TCP ocupaba un lugar central en la agenda, el gobierno anunció que Neltume Ports había retirado el pedido de arbitraje contra el Estado uruguayo por 600 millones de dólares. La acción se había presentado en abril de 2024 apelando a la afectación aparentemente generada sobre los intereses de la empresa de capitales chilenos –como accionista de Montecon– por el contrato firmado en 2021 entre Katoen Natie y el Estado uruguayo.
Al contrato en cuestión, que extendió hasta 2081 la concesión de TCP, se sumaron dos decretos emitidos en 2021 por el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Uno de ellos estableció que no se podía avanzar hacia una segunda terminal especializada de contenedores hasta que no hubieran transcurrido dos años seguidos en los que TCP operara al 85% de su capacidad. El otro, en cambio, se detenía en el “reglamento de atraque”, planteando que los barcos debían ir a la terminal especializada, pasando a los muelles públicos solo si esta no los lograba atender en 24 horas.
Ambos decretos fueron cuestionados por la entonces oposición frenteamplista y por Montecon. Esta empresa que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo –integrada por Neltume Ports y el grupo canadiense ATCO– movía hasta entonces el 60% de la carga y TCP el restante 40%. Actualmente, TCP mueve cerca del 80% de los contenedores que entran y salen del país, según ha señalado el sindicato portuario.
Como consecuencia de este cambio de realidad en el puerto de Montevideo, además del arbitraje iniciado por Neltume Ports, ATCO presentó otro pedido de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por 240 millones de dólares. En paralelo, Montecon presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) un pedido de nulidad del acuerdo entre el Estado y Katoen Natie, así como de los decretos citados anteriormente.
Finalmente, en febrero de este año el TCA falló parcialmente a favor de Montecon. Concretamente, resolvió anular la cláusula 3.5.4 del Decreto 114 de 2021, que impedía el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada en el puerto de Montevideo. Ante la reciente presentación de la iniciativa por parte de Neltume Ports, este fallo vuelve a ocupar el centro de la discusión y surgen dudas sobre si efectivamente existen fundamentos contractuales que impiden la concreción de una segunda terminal especializada.
Instalación de segunda terminal y eventuales limitaciones contractuales
Según confirmaron a la diaria fuentes oficialistas de la Administración Nacional de Puertos (ANP), la propuesta presentada por Neltume Ports se encuentra aún en el ámbito de Presidencia de la República, por lo que decidieron no hacer declaraciones todavía. Sin embargo, quien sí se refirió al tema fue el director de la ANP por la oposición, Jorge Gandini. El jerarca explicó a la diaria que, a partir de la presentación de la propuesta ante Presidencia, el proceso formal –si las autoridades de gobierno entienden pertinente iniciarlo– seguirá hacia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para finalizar en la ANP.
Según explicó Gandini, la ANP –como con cualquier iniciativa privada– declarará el expediente como “reservado” encomendando su estudio a una “comisión especial”. Concluido su trabajo, este ámbito deberá derivar un informe al directorio de la administración, teniendo este la responsabilidad de aprobar o descartar la iniciativa.
De aprobarse el planteo, se pone en marcha un llamado público donde la empresa proponente –en este caso Neltume Ports– “tiene ventajas” a nivel competitivo.
Sin embargo, Gandini indicó que la propuesta “se puede descartar porque no se apega a los requisitos jurídicos, porque no se comparte el plan de negocios o porque no tiene condiciones técnicas”, entre otros aspectos. En ese sentido, y dejando claro que conoce la propuesta de Neltume Ports por la información que circula en medios, el director de la ANP por la oposición planteó una serie de reparos.
Entre ellos, señaló que por las cargas actuales y las inversiones previstas en TCP se está “lejos de necesitar una segunda terminal”. Asimismo, agregó que tiene reparos sobre las consecuencias que podría traer para el funcionamiento del puerto la ubicación de la segunda terminal.
No obstante, el elemento central planteado por Gandini tiene bases contractuales. El director por la oposición de la ANP argumentó que si bien el TCA falló en contra de la cláusula del Decreto 114 que limitaba la instalación de una segunda terminal especializada hasta que TCP hubiera operado al 85% de su capacidad durante dos años seguidos, el contrato vigente entre el Estado uruguayo y Katoen Natie “contiene una cláusula que es exactamente igual”.
En ese sentido, Gandini remarcó que eso debería estar contenido en el informe jurídico de la comisión que estudie dentro de la ANP la propuesta. Asimismo, recordó que el presidente de la República, Yamandú Orsi, ha puesto en valor en declaraciones públicas “la tradición uruguaya” de cumplir con los contratos.
Una visión oficialista sobre la eventual segunda terminal
“Para opinar de lo jurídico tiene que pasar por una carrera en la Facultad de Derecho que te lleva bastante tiempo”, respondió a la diaria, al ser consultado por el planteo de Gandini, el exsenador del Frente Amplio (FA) y abogado Charles Carrera. Quien encabezara desde el parlamento los cuestionamientos al contrato con Katoen Natie explicó que lo planteado por el director de la ANP por la oposición va en contra de “una interpretación lógico-sistemática” del derecho.
Según Carrera, si se analiza el escenario jurídico “en su conjunto” debe pesar un fallo del TCA que “restableció la libre competencia” en el puerto de Montevideo. El exsenador profundizó en que no tener en cuenta este fallo sería poner sobre la mesa “una interpretación liviana” sobre “una discusión muy seria”.
“Confío en que mis compañeros del Poder Ejecutivo van a buscar una buena solución; están muy preocupados y se están haciendo responsables”, consideró Carrera haciendo referencia ya al plano político. En esa línea, cuestionó que el Partido Nacional no se haga responsable de la situación de conflicto actual de TCP cuando es algo que “nace” en lo definido durante su administración.
En su análisis, Carrera también sumó que “es importante” que la propuesta de Neltume Ports se pueda analizar “sin una amenaza de un juicio” sobre la mesa. El comentario del dirigente apuntó al arbitraje recientemente levantado, pero también al contexto que marcó la firma del contrato con Katoen Natie. Luego de abrochar el acuerdo, la compañía belga desestimó una demanda iniciada contra el Estado uruguayo por 1.500 millones de dólares.
