La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, anunció que el gobierno impondrá una medida para garantizar los “servicios mínimos” en la terminal especializada de contenedores, en el marco del conflicto entre los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa Katoen Natie.
Según supo la diaria, no hubo avances entre las partes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo que, vencido el plazo originalmente establecido para encontrar una salida, el gobierno ya comunicó que resolvió garantizar los servicios. La modalidad, si bien es similar, no es exactamente igual a la esencialidad, que es el recurso que TCP solicitó formalmente el jueves—.
La resolución, a la que accedió la diaria, señala que la medida es de “carácter transitorio y limitado” y entrará en vigencia este sábado. Agrega que se obliga a las partes a “servicios mínimos que aseguren, al menos, el funcionamiento de las prestaciones portuarias indispensables”, con el objetivo de “preservar un nivel básico de seguridad y continuidad operativa”.
En ese sentido, se establece la prestación de servicios mínimos en los “muelles de carga y descarga de buques”, así como también de “recepción de contenedores llenos y vacíos –transporte carretero y eventualmente fluvial–, importación y exportación” a un ritmo de “25 contenedores por hora”, y también aquellos de almacenamiento y depósito, para lo que se establecen una serie de dotaciones mínimas por área.
También insta a las partes a “establecer los mecanismos necesarios a efectos de garantizar la plena operativa portuaria de los servicios vinculados a contenedores refrigerados”, así como “elementos perecederos o material sanitariamente sensible”. Acota además que “los referidos servicios deberán cumplirse por los trabajadores de la empresa en caso de implementarse medidas gremiales”, al tiempo que le encomienda “la organización de los turnos necesarios” para el cumplimiento de la medida, “respetando las categorías laborales, habilitaciones técnicas, descansos y demás normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables”.
Finalmente, la resolución dispone la continua apertura de “los canales de instancias de conciliación y negociación colectiva entre las partes, a cuyos efectos los convocará oportunamente”.
PIT-CNT considera que la determinación del gobierno es “excesiva”
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que manifiesta su solidaridad con los trabajadores de TCP “en su brega por arribar a un convenio colectivo” y cuestiona el criterio aplicado por el Poder Ejecutivo para determinar los llamados servicios mínimos.
En el comunicado, que fue compartido en redes sociales por su presidente, Marcelo Abdala, se plantea que el plazo que el gobierno comunicó a las partes concluyó sin llegar a un acuerdo y que “es usual en distintos ámbitos del mundo del trabajo el desarrollo de servicios mínimos garantizados”. Sin perjuicio de eso, calificaron de “excesiva la determinación por parte del Poder Ejecutivo” al respecto, al entender que los servicios establecidos “se acercan a una situación de normalidad en el trabajo”.
Es así que exhortaron a las partes, en particular a TCP, a llevar adelante “todos los esfuerzos durante la próxima semana”, para la que “la organización sindical no tiene medidas de acción directa definidas”, con el fin de “encontrar soluciones de fondo que permitan arribar a un convenio colectivo”.
Etcheverry: la medida busca reducir “los niveles de conflictividad y favorecer la construcción de acuerdos”
Durante el evento “Competitividad para crecer”, organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado 2026, Etcheverry caracterizó el conflicto en la terminal especializada como “complejo”. La ministra precisó que ante esa situación, el gobierno entendió, “quizás con el diario del lunes” y a pesar de que “hizo o tuvo su controversia” en su momento, que existen elementos “más allá de los posicionamientos políticos e ideológicos”, que “merecen, de alguna manera, estar en la mesa de conversación para mejorarse”. Así, afirmó que “en la medida en que se consolida o que se posiciona una firma, también lo hace el sindicato”, y que resulta necesario “encontrar mecanismos para poder mejorar” dicha relación.
Etcheverry destacó la disposición de las partes “de mantenerse en la mesa de negociación”, más allá de que “no han llegado al 100% de los acuerdos”, pero también reparó que, “en términos de lo que le corresponde al gobierno, [...] la paralización disminuyó sustantivamente” una vez que “la negociación se empezó a dar en el marco institucional”. “Esto empezó hace bastante rato, y bueno, hemos podido disminuir eso”, aseveró. Acotó que se tomaron aquellas medidas que el gobierno entendía que “correspondían para poder disminuir rápidamente los niveles de conflictividad y favorecer la construcción de acuerdos”.
De esta forma, la ministra destacó la decisión de establecer los servicios mínimos, algo que diferenció de las medidas de esencialidad, las cuales se corresponden con “una lógica distinta vinculada a la seguridad, la vida o la salud”. “Muy pocos lugares de América Latina han hecho este camino. No quiere decir que no nos equivoquemos, pero estamos tratando de tomar la responsabilidad de poner y exigir a ambas partes –porque el conflicto es del sindicato, pero también de la empresa– que tienen que acordar sobre la base de esta garantía de menor afectación de los servicios”, resumió.
“Estamos convencidos de que es la forma en que vamos a lograr que esto perdure en el tiempo: no es por la imposición o por la fuerza, es estrictamente por la construcción de acuerdos, que tiene límites, que tiene método y que lo fijamos ya el lunes. [...] Y hoy estamos haciendo la comunicación, habiendo transitado todo el camino que corresponde, de seguir los lineamientos que establece la Organización Internacional del Trabajo”, concluyó.
El “nudo” del convenio
La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, explicó en una rueda de prensa que, si bien actualmente “la situación está totalmente normal” en TCP, se estableció esta medida de cara a una eventual nueva acción sindical.
Según dijo, lo definido el viernes ya se había planteado el pasado martes, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo sobre cuál era el porcentaje mínimo para asegurar los servicios en cuestión. Ante ese escenario, la directora de Trabajo detalló que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó un “trabajo técnico” que definió el personal que debía estar involucrado.
En paralelo, la jerarca reconoció que la negociación con relación al problema de fondo –el acuerdo sobre el convenio colectivo– sigue sin avances y por eso se retomará el ámbito tripartito el próximo lunes. “Probablemente el fin de semana estemos trabajando, capaz no tripartitamente, pero sí teniendo reuniones, consultas o ejercicios de propuestas”, adelantó.
En tanto, desde el Sindicato Único de Portuarios y Ramas Afines (Supra) todavía analizan la resolución emitida por el Poder Ejecutivo, expresó a la diaria el secretario general, Álvaro Reinaldo. El dirigente sostuvo que la situación se resume en el debate ya expuesto en torno a cuánto personal se precisa destinar para garantizar el servicio: “La empresa pretendía dos manos de servicio, algo que para nosotros es el 50% del trabajo normalmente utilizado y creíamos excesivo para lo que es un servicio mínimo”, subrayó.
Recordó que la postura del sindicato es la de que con “un 25% de lo normal estaba bien”. “Pero bueno, salió este decreto [sic], así que habrá que acatarlo, pero amerita una lectura más profunda”, aseguró.
Asimismo, Reinaldo remarcó que esta decisión del Ejecutivo “no resuelve el problema, lo mitiga un poco”. “El convenio hay que ver de finalizarlo, porque en caso de que no, las complicaciones van a seguir sucediendo, con menos impacto producto de estas guardias, pero la complejidad va a seguir sobre la mesa”, advirtió.
Frente a la necesidad de llegar a una solución “lo antes posible”, el dirigente sindical puntualizó que “es muy probable” que el Supra tenga que hacer una “asamblea para atender las dudas y también planificar cómo seguir”.
Barrios, por su parte, agregó que “la cantidad de jornales asegurados” de algunos trabajadores sigue siendo parte del “nudo” para acordar el convenio colectivo. Detalló que en ese sentido no se ha llegado a “una reacción que satisfaga a los trabajadores” a partir de la última propuesta presentada por la empresa.
La jerarca aclaró que, aunque los trabajadores volvieron a manifestar la posibilidad de que el convenio colectivo sea a dos años, la empresa remarcó que se “avanzó determinados escalones en la negociación en función de entender que era un convenio a cinco años”, por lo cual el cambio requerido implicaría “reevaluar todos los otros aspectos”. En ese marco, las partes entendieron que lo más conveniente era “seguir trabajando sobre lo avanzado”, considerando el plazo de cinco años.
Las claves de la resolución
Consultada sobre la diferencia de esta herramienta con la guardia gremial que se venía llevando adelante, Barrios puntualizó que es algo “bastante distinto”. Detalló que el trabajo técnico realizado definió la incorporación para los servicios esenciales de áreas “bien específicas de la actividad portuaria”, teniendo en cuenta no solo lo relativo a la descarga de buques, sino también la atención de los camiones que llegan a la terminal portuaria.
En cuanto a la diferencia con la declaración de esencialidad –acción solicitada desde TCP–, la jerarca enfatizó que, tal como se avanzó este viernes, no se “prohíbe el ejercicio de huelga”, algo que sí pasaría con el planteo de la patronal.
Consultada sobre si la esencialidad sigue siendo una posibilidad, Barrios remarcó que “cada cosa es parte de su contexto”. Recordó que, más allá de que en este momento no rige un paro en TCP, con la nueva resolución “estarían salvaguardados los servicios mínimos”.
Por último, en referencia a un eventual incumplimiento de los servicios mínimos, remarcó que en principio será la empresa la que “tendrá que convocar a los trabajadores para que aseguren las tareas”.
