El senador colorado Pedro Bordaberry presentó en los últimos días un proyecto de ley que busca la creación de un Fondo Intergeneracional de Inversión de la Renta Petrolera. Según argumentó el propio legislador a través de su cuenta de X, esto tiene que ver con que el país puede “vivir un cambio de escala si aparece petróleo en su plataforma”. En ese sentido, apuntó a la necesidad de establecer “qué hacer con la renta petrolera si se confirma un hallazgo”, teniendo en cuenta la importancia de “separar esos recursos del gasto corriente, capitalizarlos en un fondo con reglas de ahorro e inversión, y ponerlos al servicio de la nación, no de la urgencia de turno”.
En el proyecto de ley, Bordaberry definió lo que entiende por “renta petrolera”, incluyendo entre otras cosas “la totalidad del profit oil”, el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y “todo otro tributo” que afecte a los titulares de “áreas de exploración”, así como también “las utilidades, dividendos, regalías o cualquier otro excedente económico” que corresponda a Ancap por “cualquier otra forma de involucramiento patrimonial” en los consorcios titulares de la explotación.
Según detalla la propuesta, la “totalidad” de esa renta ingresará “de forma automática e íntegra” al Fondo Intergeneracional de Inversión de la Renta Petrolera. Se detalla que tanto el Poder Ejecutivo como Ancap y demás organismos públicos involucrados deberán llevar adelante las acciones correspondientes para que las transferencias tengan lugar “dentro de los 30 días corridos siguientes a su percepción o devengamiento”.
En cuanto a la administración del fondo, se establece que estará a cargo del Banco Central del Uruguay (BCU). Asimismo, se deja claro que los estados financieros del fondo “serán auditados anualmente por una firma de auditoría externa independiente de reconocido prestigio internacional, contratada mediante licitación pública, con obligación de rotación de la firma auditora al menos cada cinco ejercicios”. Este informe, por su parte, tendrá el control de la Asamblea General “dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio”.
Bordaberry comunicó a través de X que “la clave está en el timing”, en el entendido de que la legislación tiene que estar “antes de que se anuncie cualquier hallazgo”. Descubrir petróleo significaría para el senador colorado legislar “con la presión de la noticia y el ruido político”, lo que es “la peor manera de decidir qué hacer con la riqueza de todo un país”.
Dado que “en las últimas rondas de exploración, empresas de primer nivel mundial avanzaron sobre bloques de nuestra plataforma continental”, Bordaberry entiende que el descubrimiento ya “no es una hipótesis lejana”. “Por eso miro a Noruega”, apuntó el legislador, quien recordó que cuando este país europeo descubrió petróleo, constituyó un órgano con las características del que propone, el cual “hoy es el fondo soberano más grande del mundo”.
La inversión de la renta
Pasando al plano de inversión, la iniciativa de Bordaberry indica que “hasta el 25%” de la renta petrolera anual podrá ser propuesto por el Poder Ejecutivo con destino a infraestructura, educación, ciencia, tecnología, becas y capacitación, así como “protección ambiental, incluida la creación y el mantenimiento de parques nacionales y áreas marinas protegidas”.
A las iniciativas que podrá tener el Ejecutivo se suma la “vigilancia y protección marítima a cargo de la Armada Nacional, comprendiendo adquisición, mantenimiento y operación de buques, equipos, sistemas de radar y de vigilancia satelital, y la capacitación del personal afectado a dicha vigilancia”. En cuanto a este punto, el monto anual destinado “no podrá superar el 15% del total del fondo”.
Por otra parte, el resto de la renta del fondo —de la que no podrá disponer el Ejecutivo o de la que no haga uso dentro del 25% anual— “se acumulará y capitalizará”. Más allá de las posibilidades de uso previstas, se señala que el Poder Ejecutivo no podrá hacer las asignaciones en “los primeros cinco años contados a partir del primer ingreso de renta petrolera”, lo que implica capitalizar “la totalidad de la renta petrolera ingresada durante dicho período”.
En paralelo a la creación del fondo, también se prevé la creación de un Comité de Inversiones formado por “cinco miembros de reconocida idoneidad técnica en gestión de activos financieros, designados por el Poder Ejecutivo, con venia del Senado de mayoría especial de tres quintos de sus componentes”. Estos permanecerán en su cargo por seis años “con renovación escalonada de forma que no coincida con el período de gobierno”.
Se enfatiza que la inversión de los recursos del fondo será “exclusivamente en activos financieros emitidos o radicados” fuera de Uruguay. Se detalla que esto es “con el objeto de evitar que la inversión de la renta petrolera incida sobre el tipo de cambio, la tasa de interés o el nivel de actividad de la economía nacional”.
Por último, se deja constancia de que “en situaciones de crisis grave, de naturaleza económica, financiera, sanitaria o derivada de una catástrofe natural, declaradas como tales por el Poder Ejecutivo, podrá autorizarse un giro extraordinario adicional de hasta un 3% del valor del fondo”. La decisión será del Poder Ejecutivo y deberá contar con apoyo de la “mayoría especial de tres quintos del total de componentes de la Asamblea General”.