Critican que la agencia de evaluación de medicamentos propuesta por Luis Lacalle Pou no es independiente del Poder Ejecutivo ni de la industria

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Durante la campaña electoral, la mayoría de los partidos políticos propusieron crear una agencia de evaluación de medicamentos y técnicas complejas, un organismo independiente de evaluación de tecnología que le sacara al Estado el doble rol de tener que recomendar (aprobar) y financiar procedimientos costosos. En ese sentido, la propuesta de “Creación de la Agencia de Evaluación y Control de Medicamentos de Alto Precio y Técnicas Complejas” que incluye el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración del presidente electo, Luis Lacalle Pou, fue bien recibido por varios actores de la salud. Sin embargo, el texto genera dudas que cuestionan el éxito que podrá tener ese organismo.

Consultado por la diaria, Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), respondió que el sindicato no ha tenido una instancia colectiva para evaluar la propuesta y tomar una opinión definitiva. De todos modos, adelantó que ven con buenos ojos que haya inquietud de concretar la aspiración de agencia de evaluación de tecnología, pero agregó que “no parece ser este el formato ni el tipo de agencia que estaba planteado en la Convención Médica ni en los postulados del SMU: ni por su estructura ni por su constitución ni por los mecanismos que propone”. No obstante, Grecco dijo que confía en que es un borrador y que se le podrán hacer cambios.

Integración

Álvaro Díaz Berenguer, médico e integrante del Comité de Bioética del Ministerio de Salud Pública (MSP), y Juan Ceretta, abogado, integrante del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y defensor de un gran número de personas que les han hecho juicios al MSP y al Fondo Nacional de Recursos (FNR) para acceder a medicamentos y procedimientos de alto precio, objetaron la integración propuesta para la agencia. Básicamente, porque sus integrantes son designados por el Poder Ejecutivo. Díaz Berenguer cuestionó que la participación esté dada por la Escuela de Graduados y no por otras áreas de la Facultad de Medicina de la Udelar que tienen cometidos específicos en el trabajo de la agencia de evaluación de tecnología. Coincidieron en este punto otras fuentes de la Facultad de Medicina consultadas por la diaria, que cuestionaron que una agencia de evaluación de medicamentos no esté integrada, por ejemplo, por los especialistas en medicamentos –la cátedra de Farmacología–. Díaz Berenguer entiende que este organismo tendría que incluir el análisis económico, y para eso necesariamente tiene que estar el Ministerio de Economía y Finanzas. Ceretta discrepa: afirmó que las agencias de evaluación de tecnología de “los países más exitosos” en este tema, como Estados Unidos y los que integran la Unión Europea, “son independientes de los gobiernos y llevan a cabo una labor puramente científica; no tienen ningún funcionario de gobierno”.

En cambio a Homero Bagnulo, médico que presidió el FNR durante el gobierno de Jorge Batlle, le parece que la integración de la agencia es adecuada –“el tema es que las personas que sean designadas puedan acreditar formación suficiente”, dijo–. La única objeción que manifestó Bagnulo es que a su entender deberían estar incluidas también las universidades privadas que tienen carrera de Doctor en Medicina (Claeh y la Católica).

Financiamiento

Según el proyecto, los medicamentos y técnicas se financiarán con donaciones que hagan empresas para exonerar impuestos; la agencia se sustentará con proventos que surjan de “estudios relativos a la incorporación de nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento”, con “evaluaciones respecto de medicamentos y procedimientos terapéuticos” con publicaciones y contenidos científicos, cursos de capacitación y convenios de complementación e intercambio. Díaz Berenguer cuestionó ambas vías de financiamiento. Se preguntó por qué las empresas van a donar para esos fines y aclaró que “es dinero que el Estado deja de recibir por un lado para pagar por el otro”. Acotó que dictar cursos no está dentro de los cometidos de esta agencia, y remarcó que la forma de financiamiento del organismo “no puede ser variable, sino que tendría que ser fijo”.

Fuentes de la Facultad de Medicina de la Udelar señalaron que puede haber conflicto de interés de las empresas interesadas, que serán quienes podrán hacer donaciones o financiarán los estudios de los que pretende obtener fondos esta agencia.

Ceretta dijo que “el artículo sobre las donaciones tiene un impacto muy menor; no digo que sea malo que exista la posibilidad mediante donaciones, pero esta no es la manera de financiar en gran medida una mayor cobertura, puede complementar pero no va a mover la aguja”. El costo anual de algunos medicamentos de alto precio cuestan un millón de dólares.

Procedimiento propuesto

El proyecto dice que los dictámenes elaborados por la agencia “no tendrán efecto vinculante” para el MSP, para el FNR ni para los prestadores de salud. Díaz Berenguer considera que esto “es absurdo”: “Debe ser vinculante, no dejar que lo decida otro”, agregó, pero opinó que “por triangulación termina siendo vinculante”, porque si el MSP y el FNR rechazan la cobertura propuesta por la agencia, se podrá ir por la vía judicial.

A diferencia de Díaz Berenguer, Ceretta considera que la agencia no tendría que dar opinión sobre los costos, porque si no “termina siendo una oficina medianamente técnica del FNR o del MSP”. El abogado opinó que “de la redacción de este anteproyecto no surge nada que facilite el acceso a los medicamentos que no están cubiertos”, y que “no cambia mucho” la situación actual. En verdad, consideró que podría ser peor: “El daño que puede hacer si se usa con ciertos fines puede cambiar. Hoy yo voy a un juicio contra el MSP y contra el FNR, y ellos no tienen una argumentación construida como para decirme ‘no se puede comprar este medicamento porque el impacto en el presupuesto es así y asá’, no tienen un estudio económico que yo tenga que derribar argumentalmente, aunque sea falso. Pero si esta agencia va a cumplir los roles que dice, va a generar insumos para eso”, que le permitirán decir, por ejemplo, que no se puede financiar un medicamento porque supera el porcentaje previsto del Producto Interno Bruto. En ese sentido, sostiene que el debate sería “más transparente” que lo que es actualmente, porque “yo no tendría un discurso progresista y una política neoliberal”.

Actualmente el FNR evalúa el efecto de los tratamientos que cubre. Sin embargo, no tiene posibilidades de evaluar el impacto de los que proporciona a raíz de las demandas judiciales. Díaz Berenguer cuestionó que la agencia no prevea ese feedback: “Introduzco el medicamento, pero ¿quién lo saca? ¿Lo saca la misma agencia?”, preguntó.

Bagnulo insistió también en desarrollar auditorías de los resultados, porque “una tecnología puede ser muy buena, pero puede pasar que en el país no hay capacidad suficiente para desarrollarla”. Por otra parte, dijo que se habla mucho de los medicamentos de alto precio, pero que sólo representan 15% de los gastos del FNR y, a su entender, “deberíamos centrarnos más en 85%”. Dijo estar convencido de que “hay procedimientos que son excesivos”, y mencionó que se ha visto que los resultados de algunos tipos de cirugías “no son mejores que los que se obtendrían con tratamientos médicos”.

Por otra parte, varios de los consultados manifestaron que sigue pendiente la definición de hasta cuándo puede financiarse; en opinión de Ceretta, el derecho a la salud no debe tener límites, pero se sabe que los recursos son finitos y que países como Reino Unido terminaron dando marcha atrás a la cobertura ilimitada, que buscaba permitir a los médicos recetar libremente, porque era insostenible económicamente.

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