La creación de la Dirección General de Fiscalización es uno de los grandes cambios que propone el proyecto de ley de presupuesto enviado este lunes al Parlamento. Con ella, el Ministerio de Salud Pública (MSP) busca “desarrollar un sistema de fiscalización” de toda la normativa que le compete a esta cartera.
En el articulado se crea el cargo de director, el de subdirector y 50 cargos técnicos; para compensar, se suprimirán 35 cargos técnicos de otras unidades ejecutoras del MSP (la mayoría de ellos son profesionales de la Dirección General de la Salud). La dirección creará un registro de infractores y aplicará sanciones que van desde el apercibimiento a multas de hasta 50.000 unidades reajustables y clausuras definitivas. En caso de que el infractor sea una persona jurídica, los directores y administradores también serán pasibles de apercibimiento y de la multa económica.
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El otro gran cambio propuesto en el inciso del MSP es la conformación de la Agencia de Evaluación, Regulación y Vigilancia de Tecnologías Sanitarias, que había sido creada en la ley de urgente consideración (LUC) y que tendrá el cometido de evaluar el impacto sanitario, económico y social de medicamentos, cosméticos, productos médicos, alimentos para fines especiales, domisanitarios y otros productos sanitarios. Esta agencia –una persona jurídica de derecho público no estatal que se vinculará con el Ejecutivo por intermedio del MSP– será administrada por una comisión honoraria integrada por representantes del MSP, de los ministerios de Economía y de Industria, y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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La agencia tendrá, además, “un gerente de gestión y dos direcciones técnicas con autonomía técnica e independencia económica”, dedicadas a la evaluación y a la regulación y vigilancia de tecnologías sanitarias. Los cargos de los gerentes serán designados por la comisión honoraria; trabajarán en régimen de exclusividad (excepto la docencia) y se asegurará su independencia de criterio. Dentro de la dirección de regulación y vigilancia funcionarán consejos técnicos cuyos dictámenes serán vinculantes. Inicialmente la LUC preveía que los ámbitos de evaluación técnica de esta agencia estuvieran integrados por integrantes de las facultades de Medicina y de Química, y organizaciones como el Sindicato Médico del Uruguay –que reclama desde hace varios años la creación de esta agencia– tenían intención de ampliar la participación al Poder Judicial, al Parlamento y a las organizaciones sociales. Sin embargo, ninguno de estos actores terminó siendo incluido.
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Tal como había anunciado, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) convertirá en hospital el Centro de Salud del Cerro, y para eso se asignan 80 millones de pesos a partir de 2021 y otros 80 millones a partir de 2022 para crear cargos y complementos salariales. También se potenciará el área de salud mental: se destinan fondos para crear cargos para la conformación de equipos especializados y además se crearán hasta 600 cargos del escalafón docente, “para implementar el proceso de transformación de la atención en salud mental”. Además, se destinarán 100 millones de pesos para conformar equipos especializados en el área de adicciones.
Cambios en la certificación médica de funcionarios
Los artículos 28, 29 y 30 modificarán la forma de certificación y la retribución. “Todos los funcionarios presupuestados o contratados, con excepción de los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de entes autónomos y gobiernos departamentales, no tendrán derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días de licencia por enfermedad”, dice el texto, que añade que a partir del cuarto día de inasistencia y hasta que se reintegre el funcionario, la remuneración será de 70%. La aplicación de este cambio no abarcará a quienes tengan enfermedades por accidentes laborales, ni a quienes estén con licencia médica vinculada al embarazo, en tratamiento oncológico o en cuidados paliativos; la otra excepción es que la cobertura será desde el primer día (70%) en caso de que la persona esté internada. Por las licencias por enfermedad que superen los 30 días en un período de 12 meses, o los 50 días en 24 meses, se habilitará la realización de una junta médica de ASSE para evaluar la aptitud física o psíquica del funcionario. En caso de que la junta determine que el funcionario está apto para la función, deberá reintegrarse antes de las 72 horas; si no está apto, podrá evaluar nueva licencia o indicará que inicie trámites jubilatorios.