El Poder Ejecutivo entregó en la noche de este lunes el proyecto de ley de presupuesto quinquenal al Parlamento, que incluye la asignación de recursos para todo el período. El gobierno destacó en el mensaje que acompañó el articulado que la “reasignación de gastos” a la interna de los ministerios y organismos posibilitó “mantener el gasto a niveles constantes respecto a 2019”.

El proyecto, de 689 artículos, fue llevado sobre las 20.30 por una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que lideró la ministra Azucena Arbeleche.

El total de dinero a repartir entre los ministerios y los organismos del Estado son 302.157 millones de pesos en 2021, a los que se suman casi 400 millones de pesos proyectados por otros egresos –como para el pago de intereses de la deuda y transferencias a la seguridad social–, para llegar a un gasto total de 701.784 millones de pesos en el año.

El gobierno sostuvo que hubo un “cambio de enfoque” respecto a la elaboración de esta ley: “se deja de lado la lógica anterior del presupuesto incremental para pasar a otra en la cual se encomienda a cada organismo un análisis profundo de su funcionamiento para elaborar propuestas de cambio sobre su propia gestión”.

En línea con eso, cada ministerio y organismo tienen asignados una “línea base” de recursos tomando como referencia lo destinado en 2020, y un dinero para el “articulado” que son las reformas que forman parte del proyecto de ley.

Tomando el total destinado a la Administración Central (ministerios) y los denominados “organismos del artículo 220” (Poder Judicial, ANEP, UTEC, Universidad de la República, ASSE, entre otros), 34% de las asignaciones se destinaron a los incisos asociados a la educación, 14% a la salud pública y 12% al Ministerio del Interior. Al Ministerio de Defensa se destinó 7% del total, al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) 6%, y 5% al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los recursos dados al Poder Judicial representan 3% del presupuesto.

A su vez, del total del gasto público 66% es destinado a gastos de funcionamiento, 29% a remuneraciones de funcionarios y 5% a inversiones. El Poder Ejecutivo detalló que “los principales incrementos asignados a remuneraciones fueron para ASSE, ANEP, UTEC y el Ministerio de Defensa”.

En ASSE se incrementó en 880 millones de pesos el rubro salarial y una parte será para cubrir el personal del hospital que el gobierno proyecta construir en el Cerro. En Defensa la asignación ascendente irá para aumentar salarios al personal subalterno y para el personal que realiza funciones de control fronterizo.

En el caso de los gastos de funcionamiento e inversiones, el gobierno destacó el incremento de 7.200 millones de pesos para el programa Asignación Familiar-Plan Equidad que gestionará el Mides, centrado en personas en situación de indigencia y extrema pobreza.

Una recuperación “generalizada” de la economía desde 2021

“El presente Presupuesto Nacional se elaboró en tiempos particularmente desafiantes”, dice el mensaje que acompaña el proyecto de ley, en referencia a la covid-19 y sus impactos.

En ese marco, el gobierno resaltó la situación de Uruguay, donde “la gestión sanitaria de la pandemia, así como las medidas adoptadas por el gobierno para mantener los motores de la economía encendidos, han permitido atemperar los impactos (del coronavirus)”.

Sin embargo, se augura un impacto “significativo” en la actividad este año, que llevará a una caída de 3,5% del producto interno bruto (PIB) pese a que habrá una “recuperación gradual” en el segundo semestre. En 2020 se proyecta que “el consumo total se contraiga en torno a 3% y las exportaciones de bienes y servicios 8% aproximadamente”, con un fuerte descenso del turismo.

El año siguiente la economía local retomará el dinamismo y se espera crezca 4,3%. “Se proyecta una recuperación generalizada a nivel de los diferentes componentes de la demanda, que recoge mayormente los efectos rebote por la vuelta a la normalidad de los diferentes sectores de actividad, impulsos adicionales en el consumo y la inversión privada, así como en las importaciones”, se indica.

Para 2022 el MEF proyecta una expansión del PIB de 2,5%, al año siguiente de 4,2% y para el último año del período de 3,9%. Esto, considerando que se prevé el inicio de las operaciones de la nueva planta de celulosa para el segundo semestre de 2022. Sin los impactos positivos de ese emprendimiento, la tasa promedio de expansión entre 2022 y 2024 sería cercana a 3%.

El gobierno espera que la inversión privada repunte por la implementación de una serie de medidas e incentivos, llegando a un crecimiento “en torno a 8% promedio anual entre 2022 y 2024” sin contar el proyecto de UPM.

Tal como lo adelantó Arbeleche días atrás, la inflación proyectada para el cierre del período es 3,7% y se espera que el dólar “mantenga una evolución similar” a ese aumento de precios.

El mensaje del gobierno plantea que el mercado de trabajo tras los golpes sufridos comenzará a “recuperarse paulatinamente desde 2021”. En materia salarial, la proyección es que las remuneraciones “acompañarían el signo de la evolución de la actividad económica dejando espacio para la recuperación del empleo” en los próximos años.

En el capítulo de proyecciones fiscales, se augura una caída del nivel de déficit desde 2021 basado “en la mejora de la eficiencia del gasto público y la generación de ahorros en los distintos organismos”. La baja paulatina implicaría llegar a 2024 con un rojo del sector público de 2,7%, según el gobierno.