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En una carta difundida esta tarde por el Gremio Médico de Casa de Galicia —que publicó el Sindicato Médico del Uruguay (SMU)—, los profesionales relataron diversos hechos ocurridos en los últimos años y apuntaron contra la directiva encabezada por Alberto Iglesias, luego de que este martes el Poder Ejecutivo anunciara la intervención de la mutualista. Desde hace días la situación financiera y la gestión de la institución médica está en debate, tras el pedido de concurso que hizo Casa de Galicia por sus deudas, y el enfrentamiento con el Ministerio de Salud Pública (MSP) porque no habilitó un fideicomiso que brinde oxígeno económico.
“En nombre de todos los médicos de Casa de Galicia queremos transmitir a los socios que garantizamos desde nuestro rol la asistencia y la mejora de la calidad de la misma en cualquiera de las circunstancias que deba atravesar la institución”, cierra la nota, que hace un relato histórico de los hechos.
“Desde hace décadas la emblemática institución Casa de Galicia, ubicada en el norte del área metropolitana y con servicios de histórica y destacada calidad, tiene graves dificultades financieras que están determinadas por múltiples factores que han derivado en el grave resultado actual”, inicia el mensaje del gremio médico.
Se cuenta que a fines de 2018 ocurrió el primer choque con Iglesias y la directiva, que asumió funciones en octubre de aquel año. “La empresa no pagó los salarios a los médicos y sí pagó la totalidad de salarios no médicos, incluidos los cargos gerenciales. Por este motivo la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, reunida en asamblea, resolvió” medidas y solicitó “la renuncia del gerente general y del presidente Alberto Iglesias”, recordó el gremio profesional.
En 2019, ante las dificultades económicas de la institución, el gobierno autorizó un fideicomiso que permitiera ingresar dinero a cambio de comprometer el pago futuro por las cápitas —monto que reciben por usuario desde el Sistema Nacional Integrado de Salud—. Para dar ese paso el Ejecutivo pidió el aval de los gremios, porque “el proyecto presentado por la empresa implicaba una reestructura de Recursos Humanos”. En el documento “no mencionaba la deuda que la empresa arrastraba de Salarios Vacacionales adeudados con los médicos desde 2004 en algunos casos”, desatando un nuevo conflicto entre los profesionales y la directiva.
Tras el acuerdo por ese punto —relata el gremio médico—, “ante la ausencia absoluta de credibilidad en la presidencia de la institución es que se logró [que] se le impusiera como requisito [para aprobar el fideicomiso] la cesión de cápitas para garantizar el salario de todos los trabajadores en relación de dependencia por el mismo período de tiempo que durara el fideicomiso”.
La reestructura fue llevada adelante de forma “inconsulta”, caracterizada por “el desprecio a funcionarios de muchos años de trabajo”. Los trabajadores médicos indican que el proceso se realizó “desconociendo la trayectoria de las personas e incluso sin honrar adeudos, llevando a múltiples juicios laborales a la institución”.
El acuerdo por el fideicomiso incluyó una comisión de seguimiento, con representantes de los gremios y del gobierno, pero la empresa no brindaba información según la versión aportada por los profesionales. “El MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] y el MSP plantearon su asombro por los anuncios públicos de la empresa de adquisición de predios y empresas que no estaban proyectados en el fideicomiso y se les solicitaba [que] fundamentaran cómo se habían producido los pagos o acuerdos de pagos. Las respuestas fueron siempre incompletas, los informes llegaban de forma parcial y ya en pandemia directamente dejó de convocarse porque la empresa no aportaba la información solicitada”, señala la nota.
Para el gremio, tras el dinero aportado Casa de Galicia “adquiere locales y empresas sin saberse cómo mientras mantenía deudas” con los trabajadores. En diciembre del 2020, se llegó a un atraso de “hasta cuatro meses” en los pagos a los médicos que facturan —se denuncia que dentro de la reestructura “muchos ‘pasaban’ de relación de dependencia a facturación”—. Ante este nuevo conflicto “la respuesta desde la Junta Directiva [de la institución médica] fue un comunicado público a los socios negando los atrasos”.
Persecución sindical
Luego del subtítulo “La persecución a las estructuras gremiales”, los médicos relatan los hechos ocurridos en el último tiempo. En agosto deu 2020 “en reunión de tres jefaturas más el director general en la casa del propio Iglesias se definió que el gremio ‘molestaba’”, y esos jefes “le transmitieron a la presidenta del gremio que o renunciaba a la presidencia gremial o sería despedida”. Se cuenta que “mediante intervención del abogado de la empresa” se evitó el despido.
En una asamblea del gremio, tras relatar lo ocurrido, los profesionales se declararon en conflicto por atrasos en los pagos. Luego de esto, “desde la presidencia y la dirección técnica de la institución se organizó una iniciativa (nota) que fue firmada por socios del gremio a solicitud de la dirección técnica en la cual se le solicitaba al presidente de la institución que instara al gremio a llamar a elecciones de autoridades gremiales en un claro intento de injerencia en este gremio independiente de intereses empresariales que lucha por los derechos de trabajadores y usuarios”. Además de esto, se indica que la junta directiva de Casa de Galicia, “en una actitud asombrosa, decidió elevar dicha nota con sus firmas como denuncia” al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que tutela las asociaciones civiles como los sindicatos.
“En asamblea general de médicos se desnudó la maniobra de la empresa, los médicos firmantes en su inmensa mayoría declararon el engaño mediante el cual se los coaccionaba a firmar siendo los dos mismos jefes del suceso previo y la dirección técnica quienes recabaron las firmas”, denuncia el gremio. Además, informa que se enviaron al MEC “las cartas de las personas declarando el engaño en su buena fe”, y la cartera “resolvió finalmente declarar el expediente como reservado y reconoció la potencial violación de acuerdos internacionales firmados con la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”, pero también insta al sindicato a “regularizar” la personería jurídica “por estar suspendida” al no presentarse al censo realizado.
Otro hecho catalogado como persecución sindical ocurrió en enero: “Se produjo la notificación vía mail del retiro de forma arbitraria por la jefatura de cirugía de las guardias de la presidenta del gremio por orden expresa del presidente de la institución (así consta en el correo electrónico), en otro claro atropello contra la estructura gremial”. Hubo instancias en la Dirección Nacional de Trabajo, donde el gremio presentó 12 puntos con reclamos, mientras que “negó retrasos en los pagos (luego terminó asumiéndolos) y defendió las tercerizaciones”, llegando finalmente a un acuerdo para “la devolución de las guardias al trabajador y un ámbito bipartito” de negociación.
En ese ámbito “se logró el pago regular a los que facturan como primer paso y se mantuvo el reclamo a efectos de lograr el pago en iguales condiciones que el resto de los trabajadores”. El gremio destaca que “se logró el cese de la coacción por parte de la empresa de la firma de recibos de salario vacacional previo al pago de los mismos”.
El sindicato de profesionales cierra la historia contando que en “la última reunión bipartita” del 6 de octubre, “no participó la gerencia por estar en ‘tratativas para el pago de los salarios vacacionales adeudados’”, y “nada se mencionó allí sobre la intención de la empresa de presentarse a concurso de acreedores”.