La situación económica financiera de Casa de Galicia es complicada. Eso ya se sabía y fue el motivo por el que esta mutualista se presentó a concurso de acreedores a mediados de octubre y por el cual el Ministerio de Salud Pública (MSP) terminó solicitando su intervención, el 26 de octubre. Lo que el MSP no sabe, y está intentando cuantificar, es la real dimensión del problema.
La intervención está a cargo de la contadora Alicia Rossi y la médica Nuria Santana y se hizo con el desplazamiento de autoridades, es decir, de la Junta Directiva que lideraba desde 2018 Alberto Iglesias. Las interventoras suspendieron la elección de autoridades de la Junta Directiva, prevista para el domingo 31 de octubre, y a la que se postulaba nuevamente la lista de Iglesias.
El miércoles 3 el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue recibido por la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores y allí informó que “en los primeros 30 días de asumidas sus funciones los interventores deberán realizar un inventario pormenorizado de todos los bienes existentes, libros y documentos de la institución –labrando acta–, y establecer los activos y pasivos existentes, y sus valores constantes”. Además del informe patrimonial, dijo que “dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la asunción del cargo se hará un informe donde se fijen los objetivos y las pautas específicas”. Alberto Yagoda, presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa) y titular de la Dirección General del Sistema Nacional de Salud, añadió que se trazó “un plazo de tres meses para poder tener un informe con el estado de situación y un diagnóstico primario”.
“La viabilidad futura como prestador de salud requiere un esfuerzo importante de adecuación urgente de la estructura a su muy reducido nivel actual de usuarios y de ingresos, o su integración a una estructura que permita la optimización del uso de su infraestructura”, afirmó Salinas. En setiembre de 2020 Casa de Galicia tenía 43.892 usuarios, 18,8% menos que lo que tenía en 2015, “una caída muy próxima al 20% en cinco años”, comparó el ministro. La situación no se revirtió en 2021: en junio, según los últimos datos disponibles del MSP, la mutualista tenía 43.755 afiliados.
Salinas pidió -a través del senador cabildante Guido Manini Ríos- concurrir a la Comisión de Salud, que el 26 de octubre había recibido a Iglesias y a una delegación de la Federación Uruguaya de la Salud encabezada por el secretario general, Jorge Bermúdez, en la que ambos invitados habían cuestionado a Salinas. Al ser recibido, el ministro dio su versión. Durante buena parte de su exposición, detalló los motivos por los que el MSP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no llegaron a autorizarle a la mutualista el acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivo de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (conocido como Fondo de Garantía IAMC), algo que había solicitado en junio. Con ese pedido, la mutualista buscaba una garantía para pedirle un préstamo de 12 millones de dólares a un banco privado.
Pero el MSP y el MEF ya le habían otorgado a Casa de Galicia una solicitud de ese tipo en diciembre de 2019 al término de la administración de Tabaré Vázquez, cuando había accedido a un fideicomiso por 20 millones de dólares. El problema, según Salinas, es que a la institución le queda un saldo de 77,6% de la deuda que contrajo en 2019 y los informes elaborados por las técnicas de los ministerios detectaron que el plan de reestructura que había presentado la empresa en 2019 “no fue cumplido en su totalidad” y que “se obtuvieron resultados económicos y financieros muy distantes de los proyectados”, resumió Salinas. Remarcó que la empresa no sólo no tuvo el resultado operativo proyectado, sino que fue una de las dos mutualistas del país que no tuvo resultados positivos durante la pandemia. Detalló también la falta de liquidez -capacidad de repago, que en el resto de las mutualistas está en el entorno de 3 y en Casa de Galicia está en 7,21- y de solvencia -medido a través del pasivo dividido la cantidad de afiliados, que fue de 46.000 por afiliado en 2017 y creció a 73,637 por afiliado en 2019-, comparó.
Desvíos
“El grado de cumplimiento de las expectativas es muy distante en relación con los hechos y con la confianza que depositó el gobierno al otorgar este fideicomiso de acuerdo con los resultados que alcanzó la administración”, afirmó Salinas, que responsabilizó a la mutualista de no haber hecho referencia en la documentación que presentó al solicitar el uso del fondo de garantía “los desvíos del plan de reestructura aprobado en 2019, ni sus causas, ni la forma de revertirlos”. “Los supuestos que plantean en el nuevo plan presentado son, al menos, de alto cuestionamiento: el aumento de su padrón de afiliados, una alta venta de servicios a ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], así como aquellos derivados de la adquisición de la clínica Leborgne”.
Sobre ese punto fue que Salinas disparó una de sus principales críticas. Iglesias había dicho en su comparecencia a la comisión que le debía plata a “amigos” que lo habían ayudado a sacar la mutualista adelante. Salinas retomó sus declaraciones: “Llama poderosamente la atención que, con los problemas financieros y las deudas con particulares que presentaba esta institución, se haya solicitado un fideicomiso de 4.500.000 dólares para atender –no me quisiera comer ni una coma en lo que voy a decir– la cancelación de pasivos financieros no bancarios. En la versión taquigráfica de su comparecencia hace mención, justamente, a que tuvo que recurrir a sus amigos para fondearse”, dijo. “Llama la atención que, dentro de este contexto de dificultad económico-financiera grave, de falta de liquidez, de falta de caja, a lo largo de este tiempo se haya participado en varias inversiones o compras –como parte de una emergencia móvil, un inmueble en 8 de Octubre y Centenario, una clínica de radioterapia, una envoltura para el edificio– sin la debida solicitud de autorización al MSP en ningún momento. Y, sobre todo, llama la atención que una institución que hoy está en liquidación haya proporcionado créditos a instituciones muy pequeñas por valores muy altos. Llama la atención el monto y la cuantía de esta venta de servicios: por 3 millones de dólares”, cuestionó Salinas.
Casa de Galicia firmó el 31 de enero de 2020 la compra de 51% del paquete accionario de la Clínica Leborgne, referente en oncología, en un acto en el que participó Salinas cuando se estaba preparando para asumir el cargo de ministro, según consta en las noticias publicadas por la mutualista. En su comparecencia a la Comisión de Salud, Iglesias había dado a entender que la molestia de Salinas tenía que ver con esa decisión: reprodujo una conversación con Manini, de noviembre de 2020, en la que el senador le dio a entender que Salinas estaba molesto porque había comprado el paquete accionario de la clínica Leborgne “a espalda de los socios”, algo que, según Iglesias, no fue así.
Una vez más, el relato del ministro y de Salinas difieren diametralmente. Iglesias contó a la diaria que “el ministro participó del acto de firma de la Clínica Leborgne antes de asumir como ministro, el 31 de enero de 2020, cuando en ningún momento nos dijo que teníamos que pedir autorización para hacer lo que estábamos haciendo, que era la compra de las acciones”. Agregó que en diciembre de 2020, luego de la conversación con Manini, logró hablar con Salinas, quien le dijo que tenía que llenar un formulario sobre la compra de la clínica y presentarlo en la Junasa, pero que Salinas nunca lo firmó.