“Se acaba de decretar la intervención por parte del gobierno nacional de la institución mutual Casa de Galicia con desplazamiento de sus autoridades por un plazo máximo de un año”, expresó este miércoles el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, al iniciar la conferencia de prensa que se dio pasadas las 17.30 en la que también estuvieron el subsecretario José Luis Satdjian y el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda. El decreto –firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y por los ministros de Salud, de Economía y Finanzas, y de Educación y Cultura– designó una comisión interventora integrada por la contadora Alicia Rossi y la médica Nuria Santana y facultó al Ministerio de Salud Pública (MSP) “a disponer y realizar todos los actos necesarios” para cumplir con la resolución.

“Hay problemas de rentabilidad, de liquidez y de solvencia”, afirmó Salinas, quien dijo que la intervención es por una “razón de fuerza mayor” debido al “progresivo deterioro” de la mutualista. La medida busca “evitar que la institución desemboque en un cese de sus prestaciones de salud”, dijo. Recordó que Casa de Galicia ya había sido intervenida en dos oportunidades: durante el gobierno de Jorge Batlle y en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. “Esta es su tercera intervención, es para preservar la institución, su identidad, la calidad asistencial a sus socios y la protección de las fuentes laborales”, afirmó.

El ministro valoró que Casa de Galicia es una institución de 104 años, que está vinculada “afectiva y activamente a la comunidad gallega” y que “cuenta con una infraestructura en la zona norte de Montevideo que es fundamental para el Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS]”.

Salinas dijo que la institución se encuentra en una “grave situación económica financiera”. En diciembre de 2019 se autorizó a Casa de Galicia a acceder al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (más conocido como Fondo de Garantía IAMC, que se basa en las cuotas que el Fondo Nacional de Salud les paga a las instituciones por sus afiliados) para crear un fideicomiso por 20 millones de dólares, del que resta pagar 77,6%, según un estudio hecho por el Área de Economía de la Salud del MSP y la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Salinas mencionó que en junio de 2021 la institución volvió a pedirles al MSP y al MEF autorización para recurrir al Fondo de Garantía IAMC para emitir otro fideicomiso, esta vez por 12 millones de dólares. El ministro acotó que “el plan de reestructura por el cual accedió al fideicomiso no fue cumplido en su enorme mayoría” y que la institución “acumula seis balances consecutivos negativos”, con un pasivo que alcanza los 76 millones de dólares y una pérdida de afiliados incesante.

El viernes 15 la Junta Directiva de Casa de Galicia, presidida por Alberto Iglesias, solicitó a la Justicia ingresar en concurso de acreedores. El martes 19 el ministro intimó a la asociación civil Casa de Galicia a presentar, dentro de un plazo de cinco días corridos, un plan que “acredite haber subsanado la situación de desequilibrio económico-financiero, bajo apercibimiento de su intervención o liquidación”. Según consta en el decreto, la División Servicios Jurídicos del MSP evaluó que Iglesias “se limitó a reiterar la solicitud de apoyo económico del Estado”, por lo que Salinas aseguró que estaban dados “todos los elementos necesarios para proceder a la intervención”. El ministro dijo a la diaria que el concurso continúa en marcha.

El pago de salarios está garantizado por 39 meses, que es lo que resta de los cinco años del fideicomiso anterior, dijeron Salinas y Yagoda en la conferencia.

Cruces y elecciones

Desde la semana pasada, Iglesias ha disparado contra el ministro de Salud por no autorizar el fideicomiso cuando, “curiosamente, para otra institución de salud sí encontraron un mecanismo hábil, con un interés subsidiado”, expresó el martes, cuando fue recibido por la Comisión de Salud del Senado junto con Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Esa otra institución de la que hablaba Iglesias era el Casmu, mutualista en la que Salinas se desempeñó como gerente de Recursos Materiales hasta asumir como ministro y de la que provienen también los dos miembros del MSP en la Junasa –Yagoda, que hasta mayo fue el encargado del Área Financiera, y Gustavo Bogliaccini, expresidente del Casmu–. De esa mutualista proviene, también, una de las interventoras, Nuri Santana, ex directora técnica del Casmu y actual directora de Habilitaciones del MSP. Todos ellos, según supo la diaria, son de la lista contraria a la de las actuales autoridades del Casmu.

En la comisión, Iglesias, que es del Partido Colorado, arremetió nuevamente contra Salinas por no autorizar el Fondo de Garantía IAMC: “¿Quién es este señor para disponer de nuestros recursos y de nuestra válvula de oxígeno de manera que la cierra para que nos ahoguemos? ¿Se cree que la va a llevar gratis? Conmigo gratis no va nada; yo soy un tipo serio y cuando he tenido que pelear públicamente nunca me escondí. Esta batalla es hasta el final y que la aguanten, él y los que lo quieran ayudar”.

La actual Junta Directiva de Casa de Galicia asumió en octubre de 2018 y las elecciones habían sido fijadas para el domingo. Horas antes de la conferencia en el MSP, Iglesias dio una conferencia en Casa de Galicia en la que convocó a los socios a votar su lista –una de las dos registradas para ser electas–. Consultado por la prensa sobre si las elecciones se harían pese a la intervención, Iglesias respondió: “Cuando seamos intervenidos y comunicados formalmente, el interventor decidirá si suspende las elecciones o no, aunque quiero imaginar que no se va a violar el estatuto de Casa de Galicia y los socios de Casa de Galicia podrán seguir mostrando su apoyo y su compromiso”, y añadió que si eso no era así se entraría “en otro tipo de problema legal, jurídico”.

Ante la pregunta de los periodistas, Salinas respondió que serán las autoridades interventoras quienes evalúen “la conveniencia o no de proceder a un acto electoral dentro de este contexto”.

Según supo la diaria, Yagoda iba a ir con las interventoras a Casa de Galicia este miércoles, después de que finalizara la reunión de la Junasa, pero hasta las 21.30 Iglesias no había sido notificado de la intervención, según informó a este medio.

Rol de la Junasa

Desde la semana pasada, y en sintonía con el reclamo de Iglesias para que se aprobara el uso del Fondo de Garantía IAMC, Bermúdez también ha disparado contra Salinas. Criticó que la Junasa no conociera los informes de los veedores que había puesto el MSP, en marzo, en las tres mutualistas que tienen fideicomisos (Casa de Galicia, Casmu y Asociación Española), que habían estado disponibles a mitad de año y en lo que se basaba el MSP para no autorizar el nuevo pedido de Casa de Galicia. Era la Junasa la que había autorizado, en diciembre, la instalación de los veedores, aunque sin el voto de los trabajadores, que se abstuvieron.

Hasta este miércoles, la Junasa no había tratado el tema de Casa de Galicia. Lo hizo con una manifestación de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia en los pasillos del MSP. Yagoda salió de esa reunión para participar en la conferencia de prensa y al ser consultado sobre el reclamo de Bermúdez respondió que iban a entregarles los informes a la Junasa y que una parte de ellos tenía carácter reservado, porque “es empresarial y se entendió que en manos de competidores o de un tercero no era conveniente”. En cuanto a la demora del tratamiento del tema en la Junasa, Yagoda respondió que “hay una oportunidad para todo” y que se evaluó “cuál era el mejor momento para poder entregarlo”. Salinas respondió que “estos informes de veedores, si fuera por el señor presidente de la FUS, no existirían, porque no los votó”, y con respecto a declaraciones de Bermúdez que hablan de que esto ha sido “un golpe de Estado a la Junasa” dijo que “la Junasa no tiene las potestades para determinar una intervención, es el MSP, en conjunto con MEF y el MEC [Ministerio de Educación y Cultura], el que tiene las potestades para hacer esa intervención”.

En una rueda de prensa que hizo poco después de la conferencia del ministro, Bermúdez reafirmó que “la Junasa quedó muy mal parada” y que “fue sustituida sobre todo en la última semana y media por dichos y acciones del Poder Ejecutivo que pasaron por encima de ella”. Según dijo, “en la Junasa se tendría que haber discutido la situación de la posible intervención o no de Casa de Galicia. Esto es un golpe duro para la rectoría del SNIS”, dijo, y recordó que este es uno de los puntos centrales del paro que hará este jueves la FUS. Criticó, además, que “el jefe político del ministro es quien termina siendo el vocero”, en alusión a Guido Manini Ríos, que el martes adelantó a la prensa la decisión de intervenir la institución.

Denuncia de persecución sindical

En una carta difundida tras la intervención, la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia (afiliada al Sindicato Médico del Uruguay, SMU) acusó a la Junta Directiva encabezada por Iglesias de una “maniobra” para “engañar” a trabajadores, “en un claro intento de injerencia” en el sindicato.

Si bien Casa de Galicia no tiene deudas con los trabajadores no médicos, sí las tiene con los médicos, y afiliados al SMU y al Sindicato Anestésico Quirúrgico denunciaron este miércoles atrasos en los pagos y una precarización laboral creciente en los últimos años, pese a que sí tuvo recursos para adquirir locales, disparó el gremio médico afiliado al SMU.

En la carta, el gremio denunció que en agosto de 2020 “en reunión de tres jefaturas más el director general en la casa del propio Iglesias se definió que el gremio ‘molestaba’”, y esos jefes “le transmitieron a la presidenta del gremio que o renunciaba a la presidencia gremial o sería despedida”. Se cuenta que “mediante intervención del abogado de la empresa” se evitó el despido.

En una asamblea del gremio, tras relatar lo ocurrido, los profesionales se declararon en conflicto por atrasos en los pagos. Luego de esto, “desde la presidencia y la dirección técnica de la institución se organizó una iniciativa [nota] que fue firmada por socios del gremio a solicitud de la dirección técnica, en la cual se le solicitaba al presidente de la institución que instara al gremio a llamar a elecciones de autoridades gremiales, en un claro intento de injerencia en este gremio independiente de intereses empresariales, que lucha por los derechos de trabajadores y usuarios”. Además de esto, se indica que la junta directiva de Casa de Galicia, “en una actitud asombrosa, decidió elevar dicha nota con sus firmas como denuncia” al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que tutela las asociaciones civiles como los sindicatos.

“En asamblea general de médicos se desnudó la maniobra de la empresa, los médicos firmantes en su inmensa mayoría declararon el engaño mediante el cual se los coaccionaba a firmar, siendo los dos mismos jefes del suceso previo y la dirección técnica quienes recabaron las firmas”, denuncia el gremio. Además, informa que se enviaron al MEC “las cartas de las personas declarando el engaño en su buena fe” y que la cartera “resolvió finalmente declarar el expediente como reservado y reconoció la potencial violación de acuerdos internacionales firmados con la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”, pero también insta al sindicato a “regularizar” la personería jurídica, “por estar suspendida” al no presentarse al censo realizado.

Otro hecho catalogado como persecución sindical ocurrió en enero: “Se produjo la notificación vía mail del retiro de forma arbitraria por la jefatura de cirugía de las guardias de la presidenta del gremio por orden expresa del presidente de la institución (así consta en el correo electrónico), en otro claro atropello contra la estructura gremial”. En una negociación en la Dirección Nacional de Trabajo se revirtió esa decisión.