El juez de Concursos Leonardo Méndez emitió una sentencia el pasado jueves en la que resolvió “declarar el concurso voluntario” de Casa de Galicia y estableció un período de 30 días “a los efectos de que la intervención administrativa dispuesta por el Ministerio de Salud Pública (MSP) traspase la dirección”. Así las cosas, a menos de un mes de que el gobierno decidiera la intervención de la mutualista, la Justicia designó a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) para la sindicatura, según informó El Observador y confirmó la diaria tras el acceso al decreto judicial.
La resolución de Méndez se dio luego de que el 15 de octubre, debido a un millonario endeudamiento y en medio de discusiones públicas con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el entonces presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, se presentó al juzgado y pidió que se declarara a la mutualista en concurso voluntario. Tan sólo unos días después, el 26 del mismo mes, el MSP decidió la intervención de la institución, una medida que fue anunciada por el senador Guido Manini Ríos, dirigente del mismo partido que Salinas, Cabildo Abierto. Para la comisión interventora se designó a la contadora Alicia Rossi y a la médica Nuria Santana, y se desplazó a la Junta Directiva que lideraba Iglesias.
En paralelo continuó el trabajo de la Justicia. Para fallar a favor o en contra de la declaración de concurso por parte del deudor, la ley establece que se debe entregar una serie de documentos. La Junta Directiva de Iglesias lo hizo parcialmente y, para continuar el proceso, si así lo deseaban, las interventoras debían enviar el resto. Eso fue lo que sucedió, ya que Rossi entregó el resto de la documentación, así que cumplió con los requisitos que pide la Justicia para estos casos y se levantaron “las observaciones que significaban un obstáculo para la declaración del concurso voluntario”, según consta en la resolución de Méndez.
El juez consideró que “la insuficiencia del activo en relación al pasivo concursal [...] conllevan la necesidad de nombrar síndico”. Además, también tuvo en cuenta que “si bien inicialmente la solicitud” fue de Iglesias, “la intervención oportunamente dispuesta” por el Poder Ejecutivo “continuó el trámite concursal, y terminó de levantar las observaciones formuladas”.
“En la medida en que el MSP decidió seguir adelante con este proceso concursal naturalmente optó, de alguna manera, por no continuar la intervención administrativa”, expresó el juez. Añadió que “la intervención administrativa no puede codirigir la sociedad conjuntamente con la sindicatura, puesto que esta última es la competente para continuar con las riendas de la concursada”.
Además de designar a Lideco para la sindicatura, el juez convocó a la Junta de Acreedores para el 17 de mayo, instancia en la que los nuevos encargados de dirigir la mutualista deberán presentar un plan de pago a todos. Los síndicos de Lideco serán Júpiter Pérez y Fernando Cabrera, según dijo el segundo a la diaria.
“Trabajo en conjunto”
Cabrera informó que presentarán un “escrito judicial” para que las interventoras sean habilitadas a hacer un “trabajo en conjunto” con los síndicos. “Nosotros nos vamos a apoyar en las dos profesionales que fueron designadas”, expresó y señaló que, tras recibir la notificación de la Justicia el jueves pasado, este lunes empezaron las reuniones con las interventoras y otros actores involucrados con la mutualista. Según dijo, “es legalmente posible” trabajar juntos síndicos e interventoras, siempre y cuando se le advierta a la Justicia.
“Tenemos que seguir con la prioridad de mantener el servicio asistencial, eso no se puede interrumpir”, dijo y agregó que “la mejor manera” de hacerlo es en conjunto con las interventoras, “más allá de que las decisiones y responsabilidades sean de la sindicatura”. Cabrera aseguró que en el MSP “están de acuerdo” con su propuesta porque “están alineados los intereses” de ambos, que son “solucionar la situación empresarial, pero prioritariamente no interrumpir el servicio asistencial”.
Consultado por la diaria, Salinas dijo que el área jurídica del MSP “aconsejará los pasos” a seguir por las interventoras, y manifestó que se está “a la orden del Poder Judicial para colaborar en lo que requiera”. Consultado sobre su opinión acerca de este mes de trabajo, dijo que “la única valoración que se hizo es que fue necesario”.
Mientras tanto, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, Flor Costanzo, manifestó a la diaria que “la relación con la intervención ha sido buena” y que se estuvo “en comunicación permanente” durante este tiempo. No obstante, dijo que “todo lo que está aconteciendo está atrasando pagos”, inclusive algunos a proveedores, lo que “está trayendo determinados problemas” a los que las interventoras “les buscan solución”.
Costanzo enfatizó que “los salarios no están atrasados”, excepto para algunos que “trabajan con factura” y que “no están queriendo realizar guardias porque no se les pagó todavía”, y que la plantilla de trabajadores “sigue siendo la misma”, además de que “la atención de los usuarios es normal”.