“Asistimos al final de un largo proceso de varios años de malas administraciones en Comett que lo único que han logrado ha sido una pésima calidad de atención para sus afiliados y un saqueo hacia los trabajadores, con salarios impagos, aguinaldos, vacacionales, pérdida de estabilidad laboral, de condiciones laborales. Comett hace tiempo que debería haber sido cerrada”, expresó en diálogo con la diaria el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez. En la misma línea, Marco Suárez, presidente de la Agremiación Médica de Treinta y Tres (que integra la Federación Médica del Interior, FEMI) declaró a este medio que “el hecho de que Comett siguiera funcionando en las condiciones en que estaba desde fines de 2017 era gravísimo”.
La decisión la tomó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el miércoles 21 de abril, cuando firmó la resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) en la que dispuso la “liquidación y clausura” de Comett. Ordenó, además, la separación del cargo de las autoridades que tenía la mutualista, designó una comisión liquidadora y le encomendó a la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud, que dirige Luis González Machado -quien también preside la Junta Nacional de Salud (Junasa)- que determinara de manera urgente los criterios de migración de los usuarios. El texto mencionó que el Poder Ejecutivo había dispuesto el 30 de noviembre la intervención de Comett por un plazo de 90 días, y que el diagnóstico de los interventores había indicado que la mutualista experimentaba “un deterioro económico grave e irreversible que afecta en forma extrema su capacidad de brindar atención médica, lo cual configura un grave riesgo asistencial inminente para sus afiliados”. Detalló, además, que era una institución “con más de 5.000.000 de dólares americanos de deudas acumuladas, sin ingresos disponibles y con todas las cuotas del Fonasa [Fondo Nacional de Salud] cedidas y embargadas, sin infraestructura asistencial propia y que no dispone de recursos materiales ni económicos necesarios para la atención de sus afiliados”.
Los 1.400 afiliados que tenía la mutualista fueron habilitados el sábado a incorporarse a las otras mutualistas instaladas en el departamento -el Instituto Asistencia Colectivo, (IAC), que cuenta con sanatorio, y Médica Uruguaya (que tiene una sede secundaria)- o a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “El procedimiento se llevó a cabo con todas las garantías del debido proceso y especial énfasis en asegurar la continuidad asistencial para los usuarios”, expresó un comunicado de prensa que emitió el martes el MSP, en el que se refirió, también, a las “graves irregularidades y carencias, tanto asistenciales como económico-financieras que se venían registrando hacía varios años” en la institución.
Señales previas
A comienzos de 2017, la Agremiación Médica de Treinta y Tres había comunicado públicamente que discrepaba con un convenio que habían firmado ASSE y Comett, debido a las carencias e irregularidades en la mutualista. Suárez recordó que el convenio consistía en que el hospital público atendiera urgencias y emergencias de usuarios de Comett; el gremio médico criticaba, especialmente, que no se le exigiera contraprestaciones a Comett, y a ASSE, que ya tenía dificultades para responder a sus propios usuarios. “En 2017 Comett ya no funcionaba bien, no cumplía con lo básico para asistir a un usuario, la puerta de emergencia no tenía los insumos médicos necesarios, no tenía equipamiento, incluso faltaban medicamentos”, explicó Suárez. Eso implicaba mayor riesgo para los 3.500 usuarios que tenía Comet en aquel momento y para los médicos que trabajaban en ambas instituciones.
El convenio se renovó en 2019 con mejores condiciones para ASSE (que pudo acceder a especialistas que no tenía), pero el gremio siguió denunciando casos irregulares, afirmó Suárez, que agregó que en 2018 el MSP le retiró el permiso de funcionamiento del block quirúrgico y en 2019, la habilitación para tener salas de internación.
Los trabajadores no médicos también denunciaban, desde hacía años, la falta de insumos y de condiciones adecuadas para dar asistencia. “Lo que había era casi trabajo esclavo de trabajadores y una pésima calidad de atención”, reclamó Bermúdez.
Deudas con los trabajadores
En setiembre FEMI presentó ante el MSP y la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) una denuncia por la situación laboral de 14 médicos de Comett, a los que se les debía el sueldo de cuatro, seis y hasta ocho meses, explicó Suárez. Comett no tenía médicos en planilla, todos facturaban, y la gran mayoría eran inmigrantes. El gremio también denunció que los profesionales “no tenían los insumos adecuados” y que algunos “hacían guardias de hasta 48 horas de corrido” porque al ser inmigrantes y no tener ingresos, no tenían dónde quedarse.
Las conversaciones de los representantes de FEMI con los de la empresa -el subdirector, Santiago Torres-, del MSP y de la Dinatra transcurrieron durante setiembre y octubre de 2020, hasta que se concluyó que no habría “ni acuerdo de pago ni reconocimiento de la deuda”, dijo Suárez. “Desde 23 de octubre sabíamos que la deuda tenía que ser por vía judicial”, porque no hay otra vía a la que recurrir, agregó.
La deuda con los trabajadores no médicos supera el año, declaró a Diario El Este Leticia Duarte, referente del gremio no médico de Comett.
Salida laboral
Los referentes de las unidades de negociación de FEMI, del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y de la Agremiación Médica de Treinta y Tres tomaron conocimiento el 2 de marzo, en una reunión con González Machado, de la intención del MSP de liquidar la empresa.
Muchos de los médicos que trabajaban en 2020 dejaron de hacerlo y algunos ya ni siquiera están en Uruguay. Según Suárez, sólo cuatro médicos están en condiciones de continuar y sus nombres conformarán una bolsa de trabajo; la próxima semana se reunirán con González Machado “para tratar de afinar este mecanismo de la bolsa de trabajo y de la redistribución”, que podrá hacerse en las dos mutualistas y en ASSE. Suárez aclaró que la contratación de personal estará relacionada con la incorporación de usuarios a cada institución; acotó el cálculo no es inmediato, porque depende de las características de los usuarios (por ejemplo, niños y adultos mayores requieren más atención) y que en el caso de ASSE habrá que evaluar si se hace por intermedio de Comisión de Apoyo. Aclaró que la negociación de la redistribución de personal será “local, de voluntad y de buena fe” porque “la Junasa va a facilitar conversaciones pero no va a hacer un decreto”.
Bermúdez informó que los 22 trabajadores que tenía la institución se reubicarán “a partir de la aplicación de un mecanismo similar a lo acordado el 4 de abril 2001”. Se refería al documento de la Comisión Multisectorial que habían firmado durante el gobierno de Jorge Batlle la FUS y las autoridades del MSP y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para enfrentar la crisis del sector mutual. El acuerdo había pactado que los trabajadores de las mutualistas que cerraran fueran tomados en forma proporcional por las instituciones que recibían afiliados. “Eso en aquel momento se cumplió y permitió que entre 2001 y 2004 se recuperaran 2.000 puestos de trabajo; hoy, en el caso del cierre de Comett, se estableció un mecanismo similar. Para nosotros es el inicio de una nueva etapa”, dijo Bermúdez.
Valoraciones
Suárez explicó que el gremio médico reclamaba cambiar la situación. “Nuestra intención era que Comett mejorara y se pudiera mantener y no insistir tanto en el cierre. La resolución a la que se llegó ahora no fue la mejor, la que queríamos, pero era la necesaria porque la situación era insostenible y se ve que no se encontró otra alternativa”, expresó.
Bermúdez comparte la decisión del MSP. Dijo que la empresa cierra “con un pasivo de 5.000.000 de dólares por lo menos” y con “deudas salariales de todo tipo que no va a afectar a administradores, porque la ley no le asigna responsabilidad penal ni patrimonial de quienes administran las instituciones de salud”. “Estas situaciones que se dieron en el pasado se vuelven a dar hoy en este momento con Comett”, señaló Bermúdez, que habló del “total cinismo de quienes administraban esta institución: eran administraciones fantasmas, que aparecían y desaparecían, y hasta colocaron la piedra fundamental de un nuevo edificio cuando no tenían para pagar medicamentos”. “Esta situación de Comett la planteamos varias veces en la última administración del Frente Amplio”, criticó el dirigente. Es el camino que hacía tiempo había que haber tomado”, agregó.
En el comunicado, el MSP expresa que la Dirección General del Sistema de Salud y la Dirección Departamental de Salud de Treinta y Tres dialogaron con los gremios y con los representantes de los usuarios, quienes “expresaron conformidad con los procedimientos seguidos por el MSP”. La secretaría aclaró, además, que “la liquidación de Comett constituye un hecho puntual destinado a preservar la adecuada atención de los usuarios del sistema de salud” y que “las demás instituciones de salud están siendo activamente monitoreadas en su desempeño por la Dirección General del Sistema de Salud” y que “no existe riesgo en la continuidad de ninguna otra institución”.