En los últimos días el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que establece que a partir de ahora todos los extranjeros que ingresen a Uruguay deberán contar con “cobertura de salud o seguro médico”, según detalla el documento que consignó El Observador y al que accedió la diaria.
El texto fundamenta que a partir de la emergencia sanitaria declarada en marzo de 2020, “el Poder Ejecutivo ha adoptado diversas medidas” sanitarias, económicas y sociales para “mantener un equilibrio” durante y luego de la emergencia. El decreto recuerda que en su momento también se restringió el acceso al país, pero que luego se actualizó en función de la “evolución” de la situación.
Ahora, en la búsqueda de la “prevención” es que se resolvió actualizar algunas medidas. En este sentido, según aclararon fuentes del Ministerio de Turismo a _la diaria _, desde el comienzo de la pandemia se pedía a los turistas el seguro médico; el cambio radica en que con el nuevo decreto sólo se pedirá el seguro y no otros documentos, como la declaración jurada, el esquema de vacunación y el test de covid-19.
A su vez, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo a _la diaria _ que la finalidad es enmarcar la importancia de que quienes llegan a Uruguay tengan “algún tipo de cobertura” por eventual necesidad de atención, ya sea por cuestiones infecciosas vinculadas al coronavirus u otros virus, pero también ante otros eventos, por ejemplo, siniestros de tránsito.
Adelantó que la cartera está modificando el decreto que será difundido la semana próxima y que, en principio, la modificación apunta a “establecer excepciones al principio general”, que es “todos”. Las excepciones van en la línea de las establecidas en 2020: “fronterizos, refugiados, camioneros”, entre otros.
Aunque según el ministro el decreto se aplicaría con algunas excepciones, luego de ser divulgada la normativa generó varias repercusiones de expertos que no vieron la medida con buenos ojos.
El abogado Juan Ceretta publicó en Twitter que el decreto es “una importante barrera para la población migrante”.
Por su parte, la abogada especializada en derechos humanos Valeria España dijo en diálogo con TV Ciudad que la acción tiene un sentido “simbólico y material muy importante”. Sostuvo que hay un “empeoramiento de la política migratoria”, que, por un lado, “retrocede en avances administrativos de la gestión de residencias” y ahora “insiste en disposiciones que retrasan derechos conquistados” y son contrarias a políticas internacionales que establecen “no regresividad en materia de derechos humanos”.