Esta semana comenzó a funcionar la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara Baja y hoy ingresó el proyecto de ley sobre eutanasia que ya cuenta con media sanción de Diputados desde octubre de 2022, pero que durante el período pasado no avanzó en la cámara alta.
En entrevista con la diaria, el diputado por el Frente Amplio (FA) e integrante de la comisión Federico Preve, quien durante los últimos años militó activamente la legislación de la eutanasia, sostuvo que es exactamente el mismo documento que se aprobó en 2022 y que, en la comisión de salud, se evaluarán eventuales modificaciones y la integración de algunos aspectos que contiene el otro proyecto de ley sobre el tema que presentó el senador Pedro Bordaberry al incio de este período.
Preve, también médico neurólogo y exintegrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, quien puso bajo la lupa la gestión de salud del último quinquenio y cuestionó diversas acciones, entre ellas, las compras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) al Círculo Católico y la compra de medicamentos del prestador público, adelantó cuáles serán sus prioridades como legislador y cuáles son los temas vinculados a la salud a los que intentará aportar desde el ámbito parlamentario en los próximos cinco años.
¿Quiénes apoyan el proyecto sobre eutanasia que se presentó?
El proyecto que se presenta hoy es el mismo que obtuvo la media sanción en Diputados. Priorizamos la base de discusión que tiene casi tres años y en ese marco se recibieron cerca de 80 delegaciones. Ingresó a comisión con firmas de legisladores del FA, el Partido Independiente y el Partido Colorado, y hay legisladores del Partido Nacional que no firmaron pero están comprometidos a votarlo. En el FA hay un compromiso en toda la bancada, lo firmaron legisladores de todos los sectores. Vamos a abrir la discusión en la comisión, seguramente durante un par de meses, valoraremos sugerencias.
También está el proyecto de Bordaberry, ¿conversaron con él?
La propuesta que presentó Bordaberry propone cambiar el artículo [del Código Penal] que refiere al homicidio piadoso. Exime de pena, pero la persona que realiza el acto sigue siendo homicida. Nuestro proyecto tiene una perspectiva de derechos humanos, la dignidad, la trayectoria y la autonomía de la persona para definir sobre el final de la vida. Es hasta violento que a pesar de que no tengas pena seas un homicida. De todas maneras, hablamos con Nibia [Reisch] y otros diputados que votaron el proyecto [del FA] y ahora están apoyando el de Pedro [Bordaberry]; cuando estemos discutiendo intentaremos amalgamar dentro de lo que es la despenalización de la acción de acelerar la muerte, compatibilizar, pero nuestra perspectiva sigue siendo la del derecho humano.
¿Te parece que la demora en el trato dentro del ámbito legislativo se relaciona con el tema, más allá de los argumentos de cada legislador?
Es un tema muy sensible, se conjugan varias cosas. La muerte es tabú, por lo tanto, si bien tenemos un país laico, culturalmente estos temas remueven mucho y son de mucha sensibilidad, porque cada uno de nosotros proyecta situaciones que vivimos con diferentes vínculos. A veces se nos presentan situaciones dolorosas que transcurrieron con agonía, entonces nos ponemos un poco más del lado del sí. El masajeo político tiende a ser más lento. También pasa que en la sociedad no sólo existe el poder político, legislativo, ejecutivo, judicial y la sociedad civil organizada, hay otros poderes, como la iglesia católica. El poder de la iglesia en Uruguay sigue jugando un rol esencial dentro de lo que serían los poderes paralelos. Lo otro que jugó un rol en la demora, particularmente en el Senado, fue un posible veto de [Luis] Lacalle Pou si la iniciativa se aprobaba. Hubo intentos de dormirlo en la cámara alta; tenemos altas expectativas de que se pueda aprobar este año.
¿Qué otros proyectos vas a presentar o pedir desarchivar en este período?
Hay una crisis en la salud, y si bien no desestructuró el sistema, es bastante sentida en la gente y su acceso a la atención. Hay cosas que se dijeron en campaña que son importantes y en las que buscaremos aportar. Una es la institucionalidad, que el Ministerio de Salud Pública vuelva a ser fuerte en cuestiones que tienen que ver con marco jurídico, control, fiscalización, rectoría. Si bien quien tiene los puntos centrales es el ministerio, estamos para fortalecerlo desde acá.
¿Cuáles serían los temas puntuales?
Los temas en los que hay que trabajar son varios. La financiación del sistema de salud es uno, si bien es muy sólida desde que se creó, el modelo de gestión tiene sus debilidades. Por ejemplo, hace que con algunas cosas la gestión privada perfore el no lucro y se utilicen las tercerizaciones como un mecanismo indirecto que lo alimenta. Hay una gestión privada de los dineros públicos que tenemos que controlar mejor. El modelo adecuado hay que verlo, pero el de gestión tal vez tenga que tener algún cambio jurídico que valore, por ejemplo, qué se puede tercerizar y qué no. Otro aspecto a considerar es la profesionalización de la gestión. Hay que controlarla, tener indicadores financieros y asistenciales reales. Hoy tenemos dos empresas que están en situaciones complejas, Casmu y Cudam. Son situaciones bien distintas que ponen en evidencia que el modelo precisa cambios legislativos. Por otra parte, hay que cumplir con la Ley de Salud Mental y armar un plan quinquenal, terminar con las estructuras exclusivamente psiquiátricas, un cambio de modelo de atención que incluya a la comunidad. La prevención del suicidio en adultos mayores y adolescentes también es muy importante; por lo menos la mitad de los adolescentes que se suicidaron tuvieron un contacto con el sistema de salud durante los seis meses previos; el sistema no está dando sostén.
Mencionaste al Casmu como una de las mutualistas en situación compleja. Estos días, Raúl Rodríguez, su presidente, afirmó que durante la administración de gobierno pasada hubo una intencionalidad de perjudicar a la empresa. ¿Coincidis?
Casmu es la demostración de que los modelos de gestión privada no son todos satisfactorios y que el sistema precisa un reajuste. Si el gobierno hubiera tenido la intencionalidad de cerrar el Casmu, lo hubiera cerrado. De lo que sí estoy convencido es que se descuidó la administración de salud porque se debilitaron políticas, por ejemplo, las antitabaco. El gobierno pasado también dejó al sector de salud privado hacer lo que quería y no cuidó a aquellas instituciones que desde el primer día tenían situaciones financieras complicadas, tanto que Casa de Galicia terminó en un cierre irresponsable y bastante irregular. Al Casmu le faltó control, tenemos que fortalecer eso, seguramente va a requerir alguna acción más tanto legislativa como ejecutiva. Vamos a esperar la evaluación de los interventores que acaban de empezar a trabajar.
¿Algún otro tema de salud pendiente que tal vez no sea tan actual y te interese impulsar?
Hay que dar otras discusiones importantes, como la creación de un sistema de trauma y emergencia para atención de politraumatismos en rutas nacionales. En su momento el tema fue trabajado por el Sindicato Médico del Uruguay, se presentó en la administración de [Daniel] Salinas, antes también, pero no salió. La atención intrahospitalaria es una pata renga en nuestro sistema. Hay personas que se mueren en rutas nacionales por no recibir atención. Tenemos que ir hacia un sistema de atención en ambulancias que no esté únicamente integrado por médicos; podrían integrarse licenciados en Enfermería con formación en atención intrahospitalaria, un sistema mixto.
¿Cómo han sido los primeros días de trabajo de la comisión de salud?
Esta semana vimos 20 proyectos en total. Se desarchivaron ocho proyectos de ley sobre obesidad; la idea es armar uno más consolidado porque es un problema para todas las edades. También hay un proyecto sobre la enfermedad celíaca y otro sobre salud ocular, con estos arrancamos.