El Parlamento tiene en sus manos un proyecto de ley para prorrogar el plazo de trabajo de una comisión que se creó a partir de la ley de presupuesto 2020-2025, con el objetivo de crear un régimen alternativo de subsidios por enfermedad para trabajadores de la administración pública.
El tema fue uno de los más discutidos durante el debate del presupuesto y terminó en un delicado acuerdo dentro de la coalición plasmado en dos artículos.
Por un lado, se creó un régimen establecido en el artículo 30 del presupuesto, según el cual los funcionarios presupuestados (con algunas excepciones) no tienen derecho a percibir retribución alguna durante los primeros tres días de licencia por enfermedad, y a partir del cuarto día de inasistencia reciben 75% de su salario, sin partidas extras. No obstante, este régimen habilita cinco días de subsidio completo por enfermedad durante el primer año y tres durante los siguientes años, que pueden ser acumulables hasta llegar a un máximo de 15. Además, los funcionarios sí cobrarán 100% de su salario en caso de ser hospitalizados. Dicho régimen comenzará a regir a partir de 90 días de la vigencia de la ley: el 1º de abril.
Por otra parte, el artículo 31 le encomendó a una comisión el estudio de un nuevo sistema de subsidios para estos trabajadores. La comisión tenía 30 días para conformarse a partir del proyecto y 60 más para diseñar un proyecto de ley con el nuevo sistema de subsidios por enfermedad. De cumplirse esos plazos, ese texto estaría listo también para el 1º de abril. El proyecto deberá ser enviado al Poder Ejecutivo, que podrá dirigirlo directamente al Parlamento o enviar uno alternativo. En este último caso, ambos proyectos serán estudiados por el Poder Legislativo. La idea de los legisladores de la coalición que participaron en el acuerdo era que el Parlamento ya estuviera en camino a estudiar el nuevo régimen acordado en la comisión que creaba el artículo 31 a la vez que el nuevo régimen de licencias establecido en el artículo 30. El problema fue que la comisión no se conformó el 30 de enero, como el proyecto establecía, sino que recién se concretó el 8 de marzo, mediante un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou, apenas 23 días antes de que se esperaba que estuviera lista la iniciativa.
Además, el grupo apenas se reunió una vez, aseguró el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Joselo López, cuyo gremio está representado en dicho cuerpo. “Ni siquiera hubo acuerdo en ese encuentro”, graficó el dirigente sindical.
A raíz de la situación, tres senadores de los partidos de la coalición de gobierno representados en el Senado (Jorge Gandini, del Partido Nacional, Tabaré Viera, del Partido Colorado, y Raúl Lozano, de Cabildo Abierto) presentaron el 4 de marzo un proyecto de ley para prorrogar el tiempo de trabajo de la comisión por 60 días, es decir, hasta el 1º de junio.
En la exposición de motivos, los senadores argumentan que piden la prórroga debido a que faltan “menos de 30 días para la entrada en vigencia del artículo 30” y hasta ese entonces la comisión ni siquiera se había constituido.
Gandini dijo a la diaria que si bien la idea era que los plazos de ambos artículos coincidieran, el comienzo del año fue complicado, especialmente debido a la pandemia, y eso motivó que el trabajo de la comisión se aplazara. Si bien ilustró que buscará que el proyecto se apruebe esta semana en la Cámara de Senadores, sostuvo que no será fácil su aprobación total, debido a que no hay una sesión prevista en Diputados para los próximos días. Incluso, ilustró que la aprobación del proyecto debe enfrentar un obstáculo mayor, debido a la pandemia: “El problema es que se suspendieron las sesiones”.
En tanto, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, sostuvo que su oficina envió la reglamentación del artículo sobre el funcionamiento de la comisión en el plazo correspondiente de 30 días que establecía el proyecto, pero luego el decreto demoró en aprobarse debido a “temas administrativos y burocráticos” que, sostuvo, suelen ser habituales en la administración pública.
A su juicio, es el Poder Legislativo el que debe decidir si se precisa una nueva ley para ampliar el plazo de la comisión: “Si el Parlamento entiende que los 60 días deberían ser a partir de enero es una cosa, pero si cuentan a partir del 8 de marzo, cuando se aprobó el decreto, todavía estamos a tiempo”.