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La caravana de trabajadores de Alur pasa, este martes, frente al Palacio Legislativo.

Foto: Alessandro Maradei

Varios sindicatos se concentraron frente al Palacio Legislativo en apoyo a los trabajadores de ALUR

3 minutos de lectura
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El PIT-CNT y gremiales empresariales criticaron las pautas del gobierno para la novena ronda de los Consejos de Salarios.

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Leído por Andrés Alba.
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“Las pautas del Poder Ejecutivo [PE] no establecen compromisos de generación de puestos de trabajo de calidad, y para nosotros el trabajo es muy importante. En segundo lugar, no están establecidas las garantías de que se detenga la pérdida del poder de compra del salario real, y menos la recuperación. Esto para nosotros no sólo es rebaja salarial de los trabajadores, sino rebaja de las jubilaciones y un nuevo golpe a la demanda interna”, dijo a la diaria el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre las pautas que el PE presentó este lunes para las negociaciones en la novena ronda de los Consejos de Salarios.

Por su parte, la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara de Comercio y Servicio del Uruguay enviaron una carta al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en la que reclaman que en los lineamientos presentados por el PE no fue contemplado lo acordado en el año puente, en el que el correctivo se “calcularía en base a la inflación y la caída del PBI promedio del año 2020, resultando una variación negativa de 1,66%, que no se estaría contemplando. Esta variante debió ser reconocida en algún momento durante el plazo de duración de los acuerdos o convenios para dar cumplimiento a lo acordado en 2020”. Las cámaras aseguran que los correctivos estaban previstos para el 1° de enero de 2022 y no para el 1° de julio de 2021: “Estas vulneraciones a lo pactado en la Ronda pasada cuestionan en sí mismo el valor de los acuerdos”, dice la carta.

Los empresarios aseguran que además de microempresas, para las que se fijó un nuevo año puente, hay empresas pequeñas y medianas que están en la misma o en una situación peor. “En nuestra opinión, estos lineamientos no recogen la heterogeneidad de las situaciones empresariales, tratando en forma igualitaria a situaciones francamente desiguales [...] en el marco de la situación de emergencia sanitaria y su impacto en la economía del país, resulta necesario que en las negociaciones en esta próxima Ronda contengan cláusulas de prevención y solución de conflictos, cláusulas de paz, y muy especialmente mecanismos de descuelgues rápidos, ágiles y garantistas, evitando más cierres de empresas y pérdidas de fuentes de trabajo”, señala el texto.

Movilizaciones varias

Este martes, además del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ), se congregaron en la plaza Primero de Mayo trabajadores de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), que montaron una carpa para difundir sus demandas. Este jueves habrá una movilización desde la Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo y está previsto que los funcionarios de las empresas del Estado pidan una entrevista con Luis Lacalle Pou para explicar sus reivindicaciones.

Dos puntos principales de la plataforma son: el ingreso de una persona cada tres vacantes generadas, y la presupuestación de trabajadores que hace años trabajan bajo distintas modalidades de contratación.

Juan González, coordinador de la mesa, aseguró a la diaria que ni siquiera se está cumpliendo con el tres por uno. “De las diez empresas públicas prácticamente en ninguna ha ingresado gente”, dijo, y agregó que es una situación que se viene arrastrando desde el gobierno anterior, cuyo criterio era tres por dos, entraba un máximo de dos funcionarios cada tres vacantes. González, que es funcionario del Correo, sostuvo que no estarían cumpliendo con el decreto de la prestación de servicio postal universal, pero “evidentemente si a la gente le llega más tarde un paquete, no le va a preocupar lo mismo que quedarse sin luz, o si en lugar de demorar tres horas demora un día en reconectar”, sostuvo.

Sobre la presupuestación dijo que no hay una fundamentación de por qué en algunas empresas públicas al año, o a los dos años, las personas que entran son presupuestadas y en otras no. González aclaró que el Estado no debería desembolsar nada de dinero y dijo que en algunos casos hasta estaba prevista la presupuestación en la negociación colectiva y “no se ha cumplido”.

Por su parte, Nicolás Lema, integrante del STIQ, dijo a la diaria que la caravana que hicieron desde Bella Unión, departamento de Artigas, hasta la capital del país para defender los puestos de trabajo en la empresa Alcoholes del Uruguay fue un éxito, y destacó que se sumaron al último tramo del recorrido varios sindicatos. Lema confirmó que se reunirán en los próximos días con autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería y con legisladores. “Fue una patriada y la caravana salió redonda”, comentó.

Austero pero eficaz

Este lunes el presidente, Luis Lacalle Pou, fue consultado sobre la movilización de la MSCE y el paro que realizarán el jueves y aseguró: “Habría que ver a qué recortes se refieren, obviamente el gobierno ha decidido manejarse en forma austera, pero cuando hablamos de austera es eficaz, es eficiencia”. De todas formas, Lacalle Pou dijo estar preocupado por la falta de servicios públicos en algunos lugares del interior, por lo que estaría convocando a los presidentes de los entes “para analizar cuáles son los proyectos, cuáles son los planes y cuál es la situación en todo el país”.

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