El viernes una delegación de la rama peajes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda para hacer algunos planteos sobre el artículo 159 de la Rendición de Cuentas, que establece la obligatoriedad del uso del chip de telepeaje para todos los vehículos que transiten por rutas nacionales. Asimismo, las representantes del sindicato aseguraron que en la actualidad “no hay una sola opción de reconversión laboral” para unos 110 trabajadores de los peajes que están siendo afectados por la automatización del sistema.
El artículo en cuestión faculta al Poder Ejecutivo “a establecer la obligatoriedad para los vehículos automotores que circulen por las rutas nacionales, de contar con un dispositivo de identificación electrónica que facilite el pago de la tarifa de peaje, el que será proporcionado en forma gratuita por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”. Las delegadas sindicales explicaron que esta obligatoriedad complica aún más las posibilidades de mantener las fuentes de trabajo, e indicaron que 120 trabajadores ya se acogieron al retiro incentivado, precisamente por la falta de soluciones.
“Si hablamos que sólo 120 trabajadores quedarían en los peajes actuales [sin contabilizar los que aceptaron el retiro], con la colocación y la obligatoriedad del chip de telepeaje, se reduciría a 50 trabajadores como máximo, lo que haría mucho más complejo el tema de la reconversión laboral que venimos trabajando con el Ministerio de Transporte [y Obras Públicas (MTOP)] y con las comisiones de legislación del trabajo de ambas cámaras”, sostuvo Leticia Vitureira, una de las representantes del Sunca.
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Vitureira señaló que mientras Luis Alberto Heber estuvo al frente del MTOP se manejó la posibilidad de derivar trabajadores de peajes a los radares, pero, según dijo, el nuevo ministro de Transporte, José Luis Falero, afirmó en una reunión la semana pasada que “eso todavía se está armando” y que “no hay nada concreto con respeto a los radares a nivel nacional”. “Actualmente, arriba de la mesa no hay una sola opción de reconversión laboral. Lo único que tenemos los trabajadores es la opción de acogernos a un retiro incentivado”, apuntó Vitureira.
Por otra parte, las delegadas recordaron que este proceso comenzó en marzo del año pasado y que ya “hay contratos firmados entre el ministerio y la Corporación Vial del Uruguay y las empresas, que tienen plazos estipulados de automatización, y si eso no se frena, por más buena voluntad que haya, el transcurso del tiempo hace que la gente quede sin trabajo”. En ese sentido, recalcaron que hay 110 trabajadores permanentes “que no fueron seleccionados en primera instancia y están a la espera”.
Asimismo, señalaron que propusieron a Falero que “cada pase de frontera sea una forma de reconversión”, buscando garantizar, además, que los extranjeros paguen el peaje y no perder esos ingresos. “En otras partes del mundo, cada vehículo que ingresa de otro país, propio o alquilado, tiene un chip con un costo mínimo o se asocia a una tarjeta de crédito y ese vehículo transita por el país sin generar deuda alguna”, indicaron, y pusieron como ejemplo que “cuando llegue el Buquebus, se puede tener uno o dos compañeros colocando telepeaje y el Estado mismo se asegura esas pasadas de peaje”.