“Las cooperativas [de limpieza] hechas a través del Mides [Ministerio de Desarrollo Social] son aparatos de política partidaria […]. Yo vi los expedientes físicos y son de hasta el mismo formato. Son hechas con días de diferencia y son carísimas”, dijo el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, en el noticiero local de TV Rochense (Canal 8), el 31 de diciembre de 2021.
El jerarca nacionalista aseguró que, en promedio, cada trabajador de una cooperativa social le cuesta a la comuna 55.000 pesos y “llega a haber alguna cooperativa que [cuesta] 69.000 pesos por cabeza”. Sin embargo, aseguró que ese dinero no es destinado en su totalidad a los sueldos, a los que calificó de “normales”, rondando los 27.000 y 30.000 pesos.
“Sin ningún criterio, sin ninguna evaluación, sin ninguna consistencia, sin ningún balance” se generó con la partida salarial otra partida “que no tiene destino concreto ninguno”.
“La plata es nuestra, papá [dijo, dirigiéndose al periodista], la ponemos nosotros. Yo no quiero que no se sepa a dónde va la plata, quiero ahorrarme ese costo. Esa plata es invisible. Si yo sigo con este mecanismo, en mi período equivale casi a 900.000 dólares; yo con eso asfalto cuatro barrios”, argumentó.
Las declaraciones de Umpiérrez fueron rechazadas por la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) y por la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam).
Una oportunidad de trabajo
Consultado sobre las afirmaciones de Umpiérrez, el exintendente de Rocha Aníbal Pereyra (Frente Amplio) dijo a ladiaria que “sería un excelente letrista; no de carnaval, porque lo odia, pero sabe hacer bien el verso”. Aseguró que lo que el actual jerarca hizo fue una “cuenta de bolichero”, porque es sólo “agarrar un lápiz y un papel, ver los números de los costos”, y darse cuenta de que las cooperativas no son caras.
“Hay que ir a la Ley [N° 19.181], la Intendencia de Rocha incorporó a las cooperativas a través de lo que establece la norma. Es muy clara en cuanto a la composición de las cooperativas y sus características”, dijo Pereyra. También sostuvo que esta modalidad es una buena forma de dar una oportunidad de trabajo a personas, en especial a mujeres jefas de hogar.
“Ni bien asumió este gobierno, ellos adoptaron una política que no cumplió lo que dice la ley”, ya que no pagaron el fondo antes mencionado, aseguró Pereyra, y aclaró que al cierre de cada mes las cooperativas hacen un informe con un detalle preciso y ordenado de los gastos y los pagos de los salarios, documentos que tiene la comuna.
“Esto es una excusa, es un problema de piel. Es ideológico, es lo mismo que pasó con el camping del PIT-CNT. Ellos conciben que los pobres tienen que estar al servicio de los señorones. No soportan que la gente humilde pueda construir su futuro”, opinó el exintendente.
Pereyra sostuvo, además, que de las siete cooperativas, cuatro quedarán cesadas este mes, y las otras tres “trabajan como quiere” la intendencia.
El correo electrónico que la intendencia les mandó a las cooperativas, al que accedió la diaria, dice: “Desde la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia Departamental de Rocha, en virtud de contrato que mantiene con vuestra cooperativa, comunicamos la prórroga del mismo hasta el 31 de enero de 2022, fecha en la cual cesará definitivamente la prestación del servicio”.
El exintendente aseguró que desde que el nacionalista asumió en su cargo quiere que dejen de funcionar estas cooperativas para que se haga cargo de las tareas la fundación A Ganar. “No hay puntada sin hilo, esto es otro regalo para esa fundación que tiene observaciones graves del Tribunal de Cuentas”, sostuvo.
“Estas cooperativas no fueron contratadas de manera irregular, fueron contratadas de acuerdo a lo que establece la ley. Nosotros no le preguntamos a ningún ciudadano de qué afiliación partidaria era, no sé cómo el intendente lo sabe. Él está entrando gente por la ventana y llenando la intendencia de cargos de confianza, de gente con la que se comprometió en campaña; tiene que crear lugares y lo va a hacer en la fundación A Ganar”, sostuvo.
Apoyo a las cooperativas
Ante las declaraciones de Umpiérrez, el martes 4 de enero, la FCPU emitió un comunicado expresando su “desconcierto y disconformidad” con estos dichos.
“Entendemos, y así lo defendemos, que las cooperativas sociales son una herramienta muy valiosa para formalizar y generar empleo genuino en sectores muy castigados de la sociedad. Las soluciones drásticas que se plantean por parte de la Intendencia de Rocha [...] no hacen más que desmerecer el esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que por más de diez años han sostenido a las cooperativas como su fuente de trabajo, siendo valorados por sus contratantes y la comunidad”, dice el comunicado.
FCPU pide que “los organismos contratantes se apeguen a la reglamentación existente y se cumpla con las normativas”, y considera que las cooperativas sociales son organizaciones que fortalecen a los trabajadores que “han estado y siguen estando en situaciones de mayor vulnerabilidad”.
Por su parte, este martes, Fucvam también se expidió sobre las declaraciones del intendente expresando su total solidaridad con las cooperativas sociales de Rocha.
“Se acusa a las cooperativas de brindar servicios más caros que otros contratos, algo que no es verdad, así como también de que somos aparatos político partidarios, confundiendo y comparando a las cooperativas sociales con organizaciones no gubernamentales que tienen convenio con esa Intendencia. […] En esta oportunidad se ataca especialmente a las cooperativas sociales por gobiernos de diferentes sectores, con la no renovación de contratos, licitaciones en desigualdad de condiciones frente a las empresas tradicionales, desconociendo el rol social que cumplen desde hace más de diez años”, dice el comunicado de la federación.
Para Fucvam la actitud del jerarca está en consonancia con decisiones tomadas en otros departamentos, ya que “no se adoptan los mismos controles con otras compras y contratos que se realizan desde diversos sectores del Estado. Y no hablamos de gastos menores, hablamos de compra de aviones, contratos que favorecen a determinadas empresas, gastos extraordinarios en servicios absolutamente prescindibles, compra de obras de arte en medio de una gran crisis económica, etc”, esto último en referencia a la polémica que se desató el año pasado por la compra de dos cuadros del artista Osvaldo Leite, hecha por la presidenta del Senado, Beatriz Argimón. Los cuadros costaron más de 18.000 dólares. En ese momento Argimón respondió que los retratos de Juana de Ibarbourou y de Adela Reta “fueron intervenidas por el Tribunal de Cuentas” que “certificó la legalidad de los procedimientos efectuados, sin observaciones”.
Fucvam también asegura: “Se desconoce el rol social que cumplen las cooperativas sociales, siendo la única solución laboral para muchas familias, en el contexto de una situación compleja en el mundo del trabajo”.
“No tenemos necesidad de personal excedentario”
Consultado por la diaria, Umpiérrez defendió la decisión de su administración y dijo que no es “un tema puntual con las cooperativas”, sino que “se trata de una reorganización integral de todo el área de gestión ambiental y recolección”.
“Eran ocho cooperativas. Continúan los trabajadores de tres de ellas, 36 en total, cesan definitivamente cuatro cooperativas con 31 integrantes. El costo promedio ha sido de 55.000 pesos por todo concepto. En ello hay partidas extrasalariales que se fijaron a discreción en su momento sin fundar su razón y que significan 870.000 dólares en el período de gobierno. En algunos casos esas partidas llegan a ser la cuarta parte del monto pagado y llegó a ser en algunas más de 30% en algún momento”, señaló el intendente rochense.
Umpiérrez agregó que no está dispuesto “a seguir pagando esos montos extrasalariales” que piensa “utilizar para obras” y que equivalen “a cinco barrios asfaltados promedio”. “Por otra parte, se van a incorporar a la Intendencia dos barredoras mecánicas para Rocha cuya licitación está en marcha y eso va a significar una disminución de mano de obra y ahorro adicional, y no tiene sentido mantener a todos trabajando”, expresó.
Además, el intendente nacionalista sostuvo que “se realizó una licitación pública con invitación por mail a múltiples organizaciones no gubernamentales para prestación de servicios personales, formación y educación, que ganó la fundación A Ganar”, y que eso va a significar “un ahorro adicional en materia de aportes patronales”. “Por otra parte se está tercerizando la recolección de residuos que significa una redistribución de 53 funcionarios en otras áreas básicamente en espacios verdes, por lo que no tenemos necesidad de personal excedentario”, concluyó.