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Movilización de los trabajadores bancarios, el 14 de febrero, en Montevideo.

Foto: Alessandro Maradei

Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU asegura que está dispuesto a dialogar y dice que el gobierno será el responsable de posibles afectaciones al servicio

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“Nuestro conflicto es en defensa de las empresas públicas, por ingreso de personal, por más servicios y mejor atención a los usuarios”, afirmó en una carta a la opinión pública.

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Este viernes el Consejo del Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) emitió una carta a la opinión pública en la que asegura que, desde el principio del convenio colectivo, los trabajadores estuvieron abiertos a la negociación con el Poder Ejecutivo esperando una contrapropuesta que este organismo prometió para el ámbito del 14 de febrero.

“Siempre estamos atentos a las necesidades e inquietudes de los usuarios del sistema financiero oficial; nuestro conflicto es en defensa de las empresas públicas, por ingreso de personal, por más servicios y mejor atención a los usuarios”, dice la carta.

El Consejo del Sector Financiero Oficial asegura que los subsidios al capital y las exoneraciones fiscales llevaron “a un aumento de miles de millones en los depósitos de los grandes empresarios del sistema financiero local e internacional”, al tiempo que “se enviaron trabajadores al seguro de paro, aumentaron los depósitos y rebajaron los salarios”.

Los trabajadores afirman que desde hace un año vienen haciendo movilizaciones en contra de la eliminación de puestos de trabajo en los bancos públicos. “Al momento, son más de 1.000 las vacantes eliminadas en cinco instituciones y más de 1.500”, si se toma en cuenta a “todos los trabajadores que realizan tareas permanentes y que el gobierno se niega a presupuestar”.

Desde la Banca Oficial aseguran que las instituciones públicas generaron 608 millones de dólares de ganancias en el último año, siendo sus trabajadores “los más eficientes” del sistema financiero. “Sólo el BROU [Banco de la República] aportó 400 millones de dólares. La eliminación de los puestos de trabajo, así como las limitaciones presupuestales, impuestas por la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto], y las privatizaciones, ponen en riesgo esta ganancia y por lo tanto también a toda la sociedad en su conjunto”.

La carta señala que está probado que los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda deben estar en el convenio del sector, ya que consideran que es una “institución de intermediación financiera”.

Esta semana, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había dicho que consideraba desproporcionadas las medidas de paro adoptadas por los funcionarios. En respuesta, los trabajadores dijeron que hubo disposición al diálogo, que presentaron propuestas e incluso dieron marcha atrás en algunas medidas que habían sido decididas.

“De parte del Poder Ejecutivo, hasta el momento, sólo ha habido dilatorias, sin justificar su planteo”, dice el texto, y agrega que el Poder Ejecutivo no evaluó la eliminación de las vacantes, algo que les llama la atención porque “los directorios y la alta administración de los bancos han reconocido la necesidad de ingreso de personal”.

Por último, el gremio dice que está dispuesto a dialogar, pero señala que la responsabilidad sobre el conflicto y la afectación que tengan las medidas que tomen será del gobierno.

“De mantenerse la intransigencia del Poder Ejecutivo, nos seguirán encontrando en la calle y movilizados, en defensa de las empresas públicas”, concluye el documento.

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