Este martes a las 19.00, frente a la Torre Ejecutiva, comenzará la huelga de hambre de los trabajadores de Jornales Solidarios. El 31 de diciembre culminó la extensión del programa que había sido votada por unanimidad en el Congreso de Intendentes en octubre.
En diálogo con la diaria, Karina Camacho, trabajadora del programa, aseveró: “Estamos de vacaciones obligadas desde que el 31 de diciembre de 2022 el gobierno nacional nos soltó la mano”.
La integrante del programa sostuvo que “se habló directamente con el gobierno nacional, se envió una carta y fue contestada a través del prosecretario de Presidencia [Rodrigo Ferrés] que íbamos a tener buenas novedades”. Contrariamente, “el 1º de enero nos dieron de baja del BPS [Banco de Previsión Social] y nos sacaron la boletera [del Sistema de Transporte Metropolitano]”, lamentó.
De todas formas, la Fase 3 del programa ya fue aprobada por el gobierno nacional y departamental, pero tendrá lugar a partir de mayo de 2023 con una posible extensión de seis meses o un año. “¿La gente tiene que esperar para comer cuatro meses? No tenemos herramientas, no tenemos inserción, nos tocaron el bolsillo, ¿se olvidaron de que somos un pueblo obrero?”, cuestionó Camacho y añadió: “Acá no estamos con banderas políticas, estamos como obreros, como movimiento organizado que somos. Nos llevaron a tomar esta decisión de hacer una huelga de hambre porque no tuvimos respuesta”.
Ante esta situación, su objetivo es lograr “una negociación entre el presidente, que gestó el plan, y los jornaleros solidarios que vamos a estar frente a él”. Además, aseguró que irán “hasta las últimas consecuencias; queremos negociar, tenemos proyectos y necesitamos solución, vamos a ser vecinos con el presidente, no le cuesta nada cruzar o que crucemos”.
La vocera manifestó que espera réplicas de esta huelga o de cualquier otro tipo de reclamo en los demás departamentos; aunque es un programa descentralizado y no están sindicalizados, se nuclean mediante redes sociales. Este martes comenzarán la huelga de hambre “con el apoyo de los sindicatos, de la gente, y con nuestra propia convicción porque sabemos que somos útiles, no somos imprescindibles, pero sí necesarios”, sentenció.
El programa comenzó en julio y su plazo inicial se extendía por cuatro meses, que fueron aumentados hasta el 31 de diciembre por el voto de todos los intendentes en el Congreso.
Quienes integraron el programa trabajaron durante 12 días al mes y en esta edición se distribuyeron 10.000 cupos que se distribuyeron entre todas las intendencias departamentales. El sueldo es de 12.500 pesos, por lo que reciben 10.600 pesos líquidos, y para Camacho son “la mano de obra más barata que hay en Uruguay, porque lo único que nos faltó hacer fueron torres, hemos hecho de todo por 10.600 pesos”.