Con el objetivo de aportar un relevamiento de situaciones que vulneran los derechos de las infancias, Acción Sindical Uruguaya (ASU), que integra el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), convocó a la 1ª Jornada sobre Trabajo Infantil en Uruguay, en la que especialistas aportaron sobre “Perspectiva desde el derecho, lo social y la práctica. Vulnerabilidades evidentes y riesgos invisibilizados”.
Los panelistas coincidieron en que la lucha por erradicar el trabajo infantil implica comprender que el niño, niña o adolescente que trabaja se está perdiendo de jugar, de educarse y, esencialmente, de ser feliz. Entonces, para debatir sobre la explotación infantil, se vuelve necesario partir de la misma certeza: las infancias son sujetos de derecho y merecen el compromiso de toda la sociedad para no limitar su futuro.
El sociólogo Marcos Supervielle fue quien abrió la jornada. Defendió la importancia de entender la erradicación del trabajo infantil como una cuestión prioritaria no sólo por el carácter “perjudicial”, sino porque “el niño debería estar jugando”. El profesional manifestó que el trabajo infantil es visto por la sociedad como una cuestión secundaria, y que al día de hoy se “naturaliza” y, en algunos casos, se celebra.
Ana Santesteban, abogada especializada en derechos laborales, explicitó que debatir sobre esta problemática implica abordar la informalidad, el índice de deserción, la salud, el cuidado y, por sobre todo, reivindicar el derecho del niño o la niña “a jugar, a educarse y a ser feliz”.
“Las consecuencias son peores en las familias más vulnerables”
Santesteban informó que 44% de la pobreza en nuestro país “tiene cara de niño, niña o adolescente”, lo que significa que uno de cada cinco niños es pobre, y, por ende, se da un “círculo vicioso entre pobreza y trabajo infantil, que se retroalimenta”.
Por su parte, Supervielle señaló que una de las repercusiones para el niño que trabaja es el impacto sobre su “proyección futura”. Una de las razones de esto es que el ausentismo escolar provoca baja alfabetización, por ende, quedaría condenado a conseguir trabajos de baja calificación a lo largo de toda su vida.
Fernando Olivera, psicólogo especializado en trabajo infantil y director de la Asociación Civil Cippus, argumentó que este se da a lo largo y ancho del país y no distingue clases sociales, aunque señaló que “las consecuencias son peores en las familias más vulnerables”. El profesional cuestionó: “¿Qué alternativas y oportunidades les estamos dando a nuestros jóvenes?”, ya que los niños, niñas y adolescentes de los quintiles más pobres “son carne de cañón” y son los que están muriendo.
Explicó que el trabajo infantil “acompaña la actividad familiar” y este se da en la “informalidad”, y señaló que el trabajo infantil doméstico y de cuidado es llevado a cabo generalmente por niñas y adolescentes, mientras que los niños acompañan a sus padres a trabajos como ferias vecinales, puestos callejeros, [puestos de] lavado de autos, y agregó que en todos estos casos “quedan fuera de toda regulación”.
Sin embargo, aclaró que “el pibe que trabaja no lo elige y el padre que lo deja trabajar busca resolver lo básico” y añadió que el trabajo infantil tiene como finalidad “resolver la vida cotidiana de una familia que no tiene los elementos para lograrlo”. Por esto, preguntó “¿a qué reaccionamos?” y aseguró que la responsabilidad es del Estado, que “tiene un gran debe con la sociedad uruguaya”, especialmente con las infancias. El psicólogo sentenció: “Nacen 35.000 niños por año y no estamos pudiendo garantizar mínimamente sus derechos”.
Además, explicó que hay un crecimiento de la judicialización que impacta directamente en las familias y en algunos casos establece la internación del o la menor, sin tener en cuenta el contexto de pobreza en el que se desarrolla.
También mencionó que las mujeres, que suelen ser en su mayoría las responsables del cuidado, “temen que les quiten a sus hijos” y reclaman que no reciben soluciones a cuestiones estructurales de la pobreza.
“No faltan normas, sino cambios en la conducta frente a estas”
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y estudios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se estimaba que 67.000 niños, niñas y adolescentes trabajaban en el país en 2014. Frente a esto, los especialistas manifestaron que esperan datos actualizados para poder hacer un cuadro comparativo.
Santesteban informó que Unicef y el MTSS harán una encuesta con personal capacitado en trabajo infantil, a través del INE, en la que se va a entrevistar a niños y adolescentes de ocho a 17 años. Además, destacó que, a diferencia de la realizada en 2014, se incorporará la dimensión de género, la temática migratoria y el trabajo doméstico, y comenzaría a partir de setiembre.
Leticia Iglesias, abogada y docente especializada en derechos humanos, lamentó que haya que seguir hablando de trabajo infantil, aunque celebró que existan ámbitos de sensibilización, ya que, según expresó, “no faltan normas sino cambios en la conducta frente a estas”.
La abogada invitó a reflexionar sobre la cadena de suministros y de consumo al exponer la invisibilización de la temática, y planteó que en la producción de las prendas que usamos puede estar involucrado un niño. Vinculado a esto, dijo que las personas tienen que saber que “en Uruguay también hay trabajo infantil”.
Santesteban aseguró que al ser una problemática cultural, hablar de la erradicación del trabajo infantil implica un “desafío”, porque significaría modificar la cultura. Además, opinó que, a pesar de los esfuerzos y teniendo en cuenta la transformación histórica de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que reconoce al niño como “sujeto de derecho”, sigue siendo una temática “invisible”.
En cuanto a esto, los especialistas opinaron sobre las declaraciones del exintendente de Artigas, Pablo Caram, quien relativizó el trabajo infantil en el ámbito familiar y dijo que es “normal y deseable” ver a niños trabajando. Iglesias lo calificó como una visión “complaciente” y aseguró que también está presente en algunos sectores de la sociedad. Por su parte, Olivera ejemplificó el vacío estatal haciendo alusión a las declaraciones del exintendente como signo de “ignorancia e incapacidad de una figura pública frente a un delito”.
El psicólogo explicó que “la mayoría de los trabajadores informales del día de hoy fueron trabajadores infantiles”. Por otra parte, desmintió la creencia de que “llegar antes al mercado laboral te forma mejor”, con el argumento de que en realidad esto “te aleja del sistema educativo”.
Olivera informó que la Asociación Civil CIPPUS detectó que el trabajo infantil comienza a los ocho años aproximadamente. Sin embargo, expresó que “estamos llegando tarde”, porque los pediatras lo preguntan para el carné del adolescente, y advirtió: “Nos estamos comiendo siete años en el medio”.
“Un pibe hereda una boca de droga y, con ella, el cargo y la muerte”
Iglesias mencionó que establecer que algo se considere un “trabajo” depende de la relación entre “intensidad y recurrencia”. Para esto utilizó como referencia la limpieza del hogar como “hábito” frente a tener una jornada de nueve horas extraescolar que implique, por ejemplo, el cuidado de los hermanos.
A su vez, reforzó que la forma de proteger a los niños, niñas y adolescentes de menos de 14 años es “prohibiendo la explotación infantil”, y destacó lo positivo de que la Organización Internacional del Trabajo haya declarado como un derecho fundamental la “abolición” del trabajo infantil y lo haya instaurado como un objetivo para 2025. Sin embargo, no lo ve como una proyección posible y expresó que lo ideal sería “que no quede únicamente en una norma”.
Por su parte, Santesteban declaró que “la preocupación por el trabajo infantil tiene más de 100 años” y agregó que “deberíamos sentir vergüenza”, ya que Uruguay, por su dimensión y reconocimiento en términos de derechos humanos, “pretendía ser uno de los países en erradicarlo, y estamos lejos de lograrlo”.
Sostuvo que es responsabilidad de los estados adoptar medidas “inmediatas y eficaces” que prohíban y eliminen las “peores formas de trabajo infantil”, que implican esclavitud, prostitución, actividades ilícitas y peligrosidad.
Concluyó que no se necesitan más normas para combatir el trabajo infantil, sino que “el corazón del problema está en la sensibilización sobre el impacto que puede tener para un niño”. Según Iglesias, la importancia de fortalecer los equipos inspectivos, promover el consumo responsable y asegurar la debida diligencia de las organizaciones radica también en garantizar que los proveedores no utilicen mano de obra infantil para elaborar los insumos.
Olivera explicó que el trabajo infantil “se comporta de diferentes maneras según el territorio” e indicó que es necesario “deconstruir los aspectos culturales” y promover políticas públicas “territorializadas”. Enfatizó que no significa “criminalizar la pobreza”, sino “perseguir” la serie de delitos, ya que, según declaró, “la realidad se complicó” por el crecimiento de la informalidad, el aumento de la cantidad de armas ilegales y el narcotráfico. “Un pibe hereda una boca de droga y, con ella, el cargo y la muerte”, sentenció.
Finalmente, Santesteban instó a que como sociedad hay que hacerse cargo de la problemática e hizo alusión al período actual, ya que, según ella, “es un momento oportuno porque estamos en plena campaña electoral: deberíamos preguntarles a todos [cuál es su propuesta]”. “Nadie está ajeno a luchar por esto, estamos hablando de nuestra principal riqueza como país”, concluyó.