Este jueves hubo una asamblea de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) en la sala Los Abetos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Puertas adentro, los socios intercambiaron principalmente sobre tres temas: las elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS) previstas para el 22 de noviembre –para lo cual recibieron a Daniel Añon, titular de la lista que apoyan–; el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur que rige de forma provisional desde el 1° de mayo, y la situación portuaria, marcada por la Iniciativa Privada (IP) que presentó Neltume Ports para construir una terminal especializada de contenedores en Montevideo y la resurgida iniciativa para instalar un puerto de aguas profundas en Rocha.
Sobre este último punto, Leonardo Loureiro, el titular de la CCE, dijo que el país ha “perdido conectividad oceánica por la situación actual del puerto”, que estuvo tensionado por el conflicto entre la empresa y los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta firmarse un convenio colectivo a principios de octubre.“Si estas nuevas iniciativas nos abren más conectividad, mucho mejor para el país, porque eso mejora la presencia y [...] pueden haber otras cargas que hoy no están saliendo. Diría, por lo que me ha contado gente que está más metida en esta temática, que el puerto de aguas profundas tiene mucho sentido si Uruguay encuentra petróleo, porque lo podés especializar”, afirmó el representante empresarial.
En ese sentido, conectó un proyecto que es “prioridad” para el gobierno –según la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry– con la prospección sísmica en aguas nacionales. Evaluó que, de hallarse crudo, el puerto de Montevideo “no va a dar abasto para poder soportar toda la logística necesaria para poder trabajar en el concepto del petróleo” y el proyecto rochense “puede estar especializado y tener otras especializaciones, no solamente necesariamente asociadas a carga tradicional”, ya que eso también implica “hacer toda la parte de logística terrestre que hoy no está”.
Con todo, celebró que el gobierno “focalice y analice el tema”. Consultado respecto al rol que deberían jugar otros países de la región en función de que podría oficiar como una salida oceánica alternativa, dijo que el presidente Yamandú Orsi les transmitió que sus homólogos de Paraguay y Bolivia “efectivamente se le acercaron”, pero “hay que hacer toda una infraestructura física que hay que ver quién la paga”.
Otro tema que se discutió fue la iniciativa de Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecon, para construir la Montevideo Container Terminal (MCT) con una inversión de US$900 millones. El sindicato hizo su movimiento la semana pasada y, por otro lado, los empresarios no lo analizan “desde el punto de vista de posible competencia”, sino desde lo que sea “positivo para el país”, haga “crecer las exportaciones”, ayude con el “posicionamiento”, permita “mejoras de los aspectos logísticos” y colabore con la competitividad, que tiene como una de sus patas este último punto. En tanto, esperan que el gobierno defina si es “jurídicamente” viable y “puede avanzar o no”.
“Recordemos que es una IP, o sea, es una iniciativa privada, por lo tanto, si el gobierno mañana dice estar de acuerdo en aprobar una IP, habilita que otros se presenten. Entonces, si hay una buena propuesta, una buena iniciativa que mejore toda la parte logística y eso tenga un impacto positivo para el país, para nosotros es muy bueno”, concretó al respecto.
Finalmente, con relación al acuerdo entre los bloques europeo y sudamericano, recordó que en julio –durante una asamblea en la que recibieron al canciller, Mario Lubetkin, el director de Asuntos Económicos de Cancillería, Ricardo Beluga y la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira–, los empresarios se “comprometieron a apoyar institucionalmente” y a participar en el primer foro empresarial Mercosur–UE que se desarrollará el 2 de diciembre en Punta del Este, por lo que se intercambió al respecto.
Elecciones del BPS: empresarios preocupados por el gasto del Estado y las certificaciones médicas
La CCE respalda a la Lista 30, encabezada por Daniel Añón, para competir por la representación de las empresas contribuyentes en las elecciones del BPS que se celebran el domingo 22 de noviembre. Según Loureiro, el equipo está conformado por perfiles que “representan todo el sector empresarial del país”, desde “pequeñas empresas del interior” hasta “el sector agropecuario, las farmacias, el comercio y la industria”.
En ese sentido, Añón se apersonó en la instancia y explicó sus propuestas. De acuerdo con Loureiro, uno de los puntos que más inquieta al empresariado son los costos del Estado y señaló que el BPS tiene que lograr “eficiencia en los gastos” para limitar, entre otros elementos, los recursos que los directores destinan a la contratación de asesores –lo que coincide con la propuesta de Añón para contratar profesionales únicamente cuando se dé “un problema puntual”–. Además, aunque entienden que el instrumento es “muy importante para los trabajadores”, también están preocupados por el “cierto abuso” de las certificaciones médicas en todos los sectores, lo que genera un “sobrecosto muy alto”.
