El intento de femicidio ocurrido en el edificio anexo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), que tuvo como víctima a una estudiante de 19 años, volvió a poner en el centro de la discusión la violencia contra las mujeres y, en particular, las situaciones que se producen en ámbitos educativos.
El ataque derivó en la suspensión de actividades en la Udelar, movilizaciones estudiantiles y, posteriormente, la ocupación de casi todas las facultades. En las manifestaciones, los estudiantes reclamaron respuestas institucionales y cuestionaron que el episodio sea considerado simplemente un hecho aislado, algo que había sido mencionado por el presidente Yamandú Orsi dos días después del ataque. Al mismo tiempo, afirmó que “el tema de fondo es la violencia” y señaló la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios en los centros educativos. Sus declaraciones se produjeron luego de que trascendiera que el joven había sido denunciado durante su etapa liceal.
Más allá de las circunstancias particulares del ataque en Medicina, el episodio plantea una pregunta más amplia: ¿qué tan extendida está la violencia contra las mujeres en Uruguay? Los registros oficiales y las encuestas disponibles permiten aproximarse a una respuesta y observar un fenómeno que no se limita solamente a los episodios más extremos.
Una violencia extendida
La Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones, realizada en 2019, encontró que 76,7% de las mujeres de 15 años o más había vivido alguna situación de violencia basada en género a lo largo de su vida, en alguno de los ámbitos relevados. El informe estimó que se trataba de aproximadamente 1,1 millones de mujeres.
Entre 2013 y 2019, la prevalencia para los mismos ámbitos y tipos de violencia pasó de 68,8% a 72,7%; al incorporar formas de violencia que se relevaron por primera vez en 2019, llegó a 76,7%. Sin embargo, el resultado requiere una precisión. La propia encuesta advierte que el aumento registrado respecto de 2013 no permite concluir por sí mismo que la violencia haya aumentado, porque también pueden haber incidido una mayor visibilización y una menor naturalización de determinadas conductas.
Las mujeres de entre 19 y 29 años registraron el porcentaje más alto de violencia basada en género a lo largo de la vida: 84%. Entre las adolescentes de 15 a 18 años alcanzó 81,2%, mientras que entre las mujeres de 30 a 49 años fue de 82%. Para las mayores de 65 años, en cambio, descendió a 62,6%.
La violencia también aparece con independencia del nivel socioeconómico. La encuesta registró una prevalencia de 81,6% entre las mujeres de hogares de nivel socioeconómico alto, 77% entre las de nivel bajo y 74,1% en el nivel medio. En el informe, se advierte que estos datos contradicen la idea de que la violencia basada en género es un fenómeno circunscrito a los sectores de menores ingresos. En el ámbito de las relaciones de pareja o expareja, 47% de las mujeres de 15 años o más declaró haber vivido violencia a lo largo de su vida y 19,5% durante los 12 meses anteriores a la encuesta. La violencia psicológica fue la más frecuente; el 44,6% declaró haberla sufrido a lo largo de la vida y en 18,4% en el último año.
También fueron relevadas situaciones de violencia patrimonial, física, sexual y digital, y el impacto de esas situaciones tampoco es menor. Entre las mujeres que habían sufrido violencia de pareja o expareja, 55,7% reportó depresión, angustia, tristeza o miedo; 39,5% dificultades o alteraciones del sueño y 20,1% ideas o deseos de morir o suicidarse. En cuanto a las consecuencias físicas, 27% había requerido atención médica por las lesiones y 23,5% había estado hospitalizada.
Los registros administrativos muestran, por otra vía, la persistencia del fenómeno. De acuerdo con el informe anual del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 43.445 denuncias de violencia doméstica y delitos asociados en Uruguay. Se trata de una cifra similar a la de 2024, año que cerró en 43.027, y por encima de las 39.000 denuncias anuales registradas desde 2017. El máximo de la serie se alcanzó en 2023, con 43.512 denuncias.
La categoría utilizada por el Ministerio del Interior incluye tanto las denuncias caratuladas específicamente como violencia doméstica como otros delitos, entre ellos amenazas, lesiones y desacato, cuando ocurren en un contexto de violencia doméstica. Por eso, no debe interpretarse como una cantidad de víctimas individuales, sino como eventos denunciados y registrados por el sistema policial.
La serie muestra un incremento sostenido en el largo plazo: pasó de 29.088 denuncias en 2013 a 43.445 en 2025, un aumento de casi 50%. En ese sentido, la tasa de denuncias pasó de 845,5 cada 100.000 habitantes en 2013 a 1.210,5 en 2025.
Asimismo, en 2025 se contabilizaron 18 femicidios frente a 22 en 2024 y 24 en 2023. La serie del Ministerio del Interior muestra que, desde 2013, la cifra anual osciló entre 18 y 30 casos, con el máximo en 2018.
La violencia de género en el ámbito educativo
La encuesta nacional también permite observar qué ocurre en los centros educativos. En 2019, 13,4% de las mujeres de 15 años o más declaró haber vivido alguna situación de violencia basada en género en el ámbito educativo a lo largo de su vida, unas 190.000 mujeres. Entre quienes habían asistido a un centro educativo durante los 12 meses anteriores, 9% había experimentado alguna situación de violencia en ese ámbito, unas 33.000 mujeres.
La encuesta incluyó como situaciones de violencia educativa el menosprecio, las burlas o los insultos de docentes o compañeros, la divulgación de imágenes íntimas o información personal en redes, el acoso por medios digitales, las insinuaciones o propuestas sexuales, los tocamientos no consentidos y la obligación de mantener relaciones sexuales.
La violencia psicológica fue la forma más frecuente, y un 11,6% de las mujeres declaró haberla vivido a lo largo de su vida en el ámbito educativo frente a 4,5% que declaró violencia sexual. Si se toma únicamente el último año previo al estudio, los porcentajes fueron 7,4% y 3%, respectivamente.
En lo que respecta al agresor, 67,9% de las mujeres que habían vivido violencia en el ámbito educativo durante los últimos 12 meses señaló a compañeros como responsables. En segundo lugar aparecieron los profesores, con 25,6%.
También existen diferencias según las características de las mujeres. Entre las mujeres afro, 18,6% declaró haber vivido violencia en el ámbito educativo a lo largo de su vida frente a 12,5% entre las mujeres no afro. Entre las mujeres no heterosexuales, la prevalencia a lo largo de la vida alcanzó 59,5% frente a 12,3% entre las heterosexuales.
Qué dicen las estudiantes de la Udelar
La Encuesta de Prevalencia sobre Violencias, Acoso y Discriminación de la Udelar permite acercarse específicamente a la experiencia universitaria. Entre las estudiantes de esa institución, 16,4% declaró haber experimentado al menos una situación que el estudio identifica como acoso sexual técnico frente a 2,1% de los estudiantes varones. En cambio, cuando se les preguntó directamente si habían sufrido acoso sexual, solamente 4,4% del estudiantado respondió afirmativamente.
La diferencia entre ambas cifras es uno de los aspectos centrales del estudio. El “acoso sexual técnico” surge de preguntas sobre experiencias concretas, mientras que el “acoso declarado” depende de que la persona identifique esas experiencias como acoso sexual. Entre quienes habían experimentado al menos una situación de acoso técnico, 69,5% no la reconoció inicialmente como acoso. Entre las mujeres que habían vivido esas situaciones, 32,4% logró identificarlas como tales.
El informe también encontró que 14,4% de las estudiantes había experimentado menosprecio por razón de género frente a 2,5% de los varones. El concepto incluye situaciones como ser ignorada, ofendida, subestimada, humillada o denigrada por razones vinculadas al género.
Cuando se amplía la mirada a distintas formas de violencia específicamente asociadas a la condición de mujer, 38,4% de las estudiantes había experimentado al menos una de las situaciones incluidas en esa categoría. Entre ellas, 21,9% dijo haber tenido menor presencia académica por ser mujer, 15,4% que sus aportes fueron ignorados, 12,4% que fue ridiculizada por su género y 9% que asumió tareas menos relevantes en grupos de trabajo.
Si se combinan las situaciones de acoso sexual y menosprecio por razón de género, el informe estima que 42,9% de las estudiantes experimentó al menos una situación de violencia por ser mujer en el ámbito educativo universitario. Además, 14,3% reportó acoso sexual verbal y 9,8% acoso sexual físico; también se registraron situaciones de amenazas u ofrecimientos y acoso sexual digital.
En lo que respecta al género del agresor, 94% de las situaciones de acoso sexual identificadas por estudiantes fueron atribuidas a varones. En cuanto al vínculo, 44,8% de las agresiones correspondió a compañeros de estudio, 44,8% a docentes y 10,4% a otras personas de la Udelar. En el acoso sexual digital, los compañeros de estudio representaron 54,1% de los agresores y en el acoso físico, 49,2%.
Hay además un indicador que puede sugerir que las cifras de denuncias son bastante inferiores a las experiencias efectivamente vividas. Entre los estudiantes que habían experimentado acoso sexual o discriminación de género, solo 43,2% dijo haber solicitado ayuda. La opción más frecuente fue recurrir a alguien de confianza, con 39,8%, 5,3% acudió a su gremio y apenas 0,3% presentó una denuncia administrativa.
Entre quienes no buscaron ayuda ni denunciaron, 60,3% consideró que lo ocurrido no tenía suficiente importancia, mientras que 44,5% señaló motivos vinculados al temor, la falta de credibilidad o la desconfianza en las autoridades universitarias. A su vez, 22,8% de los estudiantes que habían vivido alguna situación relató por primera vez esos hechos en el marco de la encuesta.
