La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) ha tenido una larga historia de defensa del agua. Sus integrantes militaron por la reforma constitucional de 2004 que consagró el saneamiento y acceso al agua potable como derecho humano fundamental, así como estableció que la sociedad civil y los usuarios participaran en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Por otra parte, sin éxito, el sindicato fue una de las organizaciones sociales que juntó firmas desde finales de 2017 para derogar la ley de riego.
Federico Kreimerman asumió la presidencia de FFOSE este 2022 y señala que la nueva bandera del sindicato, junto con otras organizaciones sociales, es “la defensa de OSE como empresa pública”. Rechazan el proyecto Neptuno, que presentaron las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast -bajo el Consorcio Aguas de Montevideo- al Poder Ejecutivo y OSE. El proyecto propone instalar una nueva planta potabilizadora, una tubería de aducción de 80 kilómetros y una reserva de emergencia para abastecer el área metropolitana.
Asumiste la presidencia de FFOSE este año. ¿Sobre qué puntos van a centrar sus acciones?
Nuestro eje pasa primero por la defensa de la OSE como empresa pública. Creemos que esa defensa pasa principalmente por la defensa de sus trabajadores en tres aspectos. El primero, el ingreso del personal: desde 2018, año en que se hizo el último llamado, no ingresa personal a OSE. Por distintos motivos se ha ido yendo gente y se han generado más de 800 vacantes. Es decir, en los últimos tres años hay 800 trabajadores menos, pero eso no significa que haya menos tareas para realizar. Están ocurriendo algunas cosas en OSE que son graves. Por un lado, se terceriza o directamente se privatiza. Quisiera aclarar que esto no es nuevo, viene del período anterior, que dejó allanado ese camino. Pero ahora se ha profundizado y acelerado porque las 800 vacantes están dejando tareas que alguien tiene que realizar.
¿Las tercerizaciones se dan en áreas específicas?
Hoy se está dando en todo. En lo que desde hace años se daba como aceptado, aunque a nosotros nos parezca mal, como la limpieza, la seguridad o el mantenimiento. Pero también encontrás cuadrillas de reparación de trabajo de calle, administrativos, profesionales.
Otro eje es que la gente se quiera quedar en OSE, con la perspectiva de que puedan desarrollar una carrera funcional o administrativa. Hoy lamentablemente es una empresa que no ofrece mucha perspectiva de futuro, estamos viviendo un proceso donde no hay concursos, no hay ascensos. Yo pertenezco a una generación a la que le quedan 30 años de trabajo y no se ven perspectivas a futuro. Estamos viviendo un momento un poco más inestable a nivel laboral. Hay competencia con empresas privadas e incluso otras áreas públicas. A la Intendencia de Montevideo y a otras empresas públicas se va mucha gente. Aprenden en OSE, se capacitan, se forman en las distintas áreas, y luego no los remuneran de acuerdo a las nuevas responsabilidades y a lo que esa persona aprendió. Es muy ineficiente desde el punto de vista de la gestión de la empresa, se pierden recursos muy valiosos desde el punto de vista humano.
La Federación fue una de las organizaciones que militó a favor del plebiscito del agua en 2004, que buscó una reforma constitucional. A raíz de su aprobación, por amplia mayoría, se determinó el acceso al agua y saneamiento como derecho humano fundamental; también que la sociedad civil y los usuarios participaran en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Este año se cumplen 18 años. ¿Qué balance realizás?
Lo que pasó tanto con la ley de riego como con el proyecto Neptuno muestra que, si bien las victorias como la de 2004 son importantes, después si los trabajadores no mantienen su fuerza, las cosas que quedan en un papel son borradas con el codo. Considero que lamentablemente el tema de la mercantilización de los servicios públicos, particularmente de los recursos naturales, es una política de Estado que trasciende los gobiernos y colores partidarios que atraviesan el Poder Ejecutivo. Los hechos lo demuestran: la ley de riego fue votada en el período anterior, el proyecto Neptuno es de este período. La voluntad de hacer del agua un bien transable, por parte de quienes han estado en la conducción del Estado, es bastante clara. Esto hace que el recurso agua no esté asegurado a la población como un derecho, sobre todo desde el punto de vista de su calidad. La falta de controles reales en el agro vinculados a la contaminación de los recursos acuáticos ha sido una política de Estado también.
A comienzos de marzo la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de inconstitucionalidad que presentaron contra la ley de riego.
Primero se optó por la juntada de firmas para ir contra la ley mediante la voluntad popular. Lamentablemente no se alcanzó. El análisis de las razones tiene muchas aristas y obviamente tiene sus componentes políticos partidarios. Fue votada en el Parlamento con la excepción de dos diputados. Los que gobernaban en ese momento y los que gobiernan ahora votaron juntos la ley de riego; esto se tradujo después a la voluntad real de qué organizaciones salieron a juntar firmas. Nuestro sindicato, no sólo, obviamente, intentó un camino que no llegó a la cantidad de firmas necesarias. Luego se fue por el camino de la inconstitucionalidad. Bastante tiempo después la Suprema Corte falla.
¿Cómo observan la sentencia?
Más allá de las minucias técnicas que puede esgrimir el fallo de la Corte, está claro que la ley vulnera la voluntad de la población. No la compartimos, se basa en argumentos muy técnicos.
En concreto, con la ley de riego ganan los grandes empresarios del campo, fue una ley hecha a medida de determinado sector empresarial, arrocero y sojero. Dentro del mundo del agro son los que tienen grandes capitales, porque construir represas para embalsar agua, como se plantea en la ley, requiere inversiones muy altas. No es que cualquier pequeño productor pueda hacerlo, esto a veces se confunde; quienes defendían la ley buscaban argumentarla por ahí. Las inversiones que requieren embalsar agua para cumplir con la propia ley son altísimas. Lo terminan haciendo grandes empresas, que están instaladas en el agro uruguayo y muchas veces asociadas a grandes capitales internacionales.
¿Tienen información de que se hayan construido embalses nuevos?
Se han construido un par de embalses; pero no es información de todos, queda en el mundo de lo privado. De la misma manera que uno no posee información de muchos negocios privados, no lo posee sobre esto.
Hay otro punto vinculado al acceso a la información. En mayo de 2021 el entonces secretario de FFOSE, Nicolás Ferreira, dijo a Brecha que no tienen acceso a los datos de calidad del agua de OSE y que tampoco son públicos. ¿Cuál es tu opinión?
Bajo la excusa de que no se puede generar alarma pública se resguardan los datos de calidad de agua potable. Esto no quiere decir que el agua potable sea mala, pero sí permite cierta discrecionalidad a las autoridades a la hora de manejar la información. Lo que sí sería democrático es un análisis de largo plazo para ver cómo se están afectando los recursos hídricos, ver cuál es el proceso de OSE, si está siendo eficiente, cuánta es la plata que en definitiva se gasta en potabilizar agua.
La calidad de OSE no es mala, ese no es el problema. Es mala la calidad del agua donde OSE la toma y eso vuelve más cara la potabilización. El problema de la calidad del agua es un problema de costos que va a pagar la gente. En la medida en que los ríos de donde tomamos el agua no se cuiden, la potabilización se encarece: hay que gastar más insumos, agregar etapas al proceso y eso se traslada directamente a la tarifa.
¿En el interior se dificulta el acceso al agua potable?
En el interior es diferente, cada centro urbano tiene su propia planta de potabilización que varía de tamaño según la cantidad de población. En los momentos críticos, que ha habido, como la población a servir agua es baja en términos relativos, se puede abastecer incluso mediante camiones cisterna. Se carga el tanque de la planta con agua y se soluciona. El gran problema es el área metropolitana, Aguas Corrientes abastece el agua de más de la mitad de la población del país y las reservas son un tema delicado.
La lógica de buscar otro abastecimiento, de aumentar reservas, parece una decisión correcta. El problema es que después se usa para decir que es una necesidad, entonces dejamos la necesidad establecida, lo damos por hecho, pero después se va por la opción de un privado. Obviamente que la población lo que quiere es tener agua, abrir la canilla y que el agua salga, no está muy preocupada por quién estuvo atrás potabilizándola. Lo que hay que saber es quién termina pagando el negocio.
Vinculado a esto, ¿cuál es su postura sobre el proyecto Neptuno?
Tiene como base la lógica de lo que se llama participación público privada. Se ha ensayado en otras ramas en Uruguay, como la educación o las cárceles. Siempre tiene un componente de un negocio que si lo hiciera sólo un privado, no sería rentable, pero como el Estado aparece como garante lo vuelve muy rentable. De hecho, a pesar de que quienes lo proponen justifican la participación de un privado por el libre mercado, es lo más anti libre mercado que hay. Estamos hablando de que quienes ponen los capitales no toman riesgos, como sí lo hacen en el libre mercado que suelen defender.
El proyecto Neptuno no es una licitación donde se le dice a alguien “construime una nueva planta de agua potable” y después OSE va a contratar y operar esa planta. El proyecto Neptuno es decirle al privado que construya la planta, pero que la opere y le venda el agua a OSE. A su vez, OSE le garantiza determinado nivel de ganancia por un lapso de años para que sea rentable. El propio ministro de Ambiente, Adrián Peña, ha hablado de que ese período sería de entre 25 y 30 años. Ahí se vuelve un disparate. Viola cualquier ley de libre mercado, le aseguran a un empresario que siempre va a tener ganancia. En este caso se tiene que hacer así, si no nadie invertiría más de 100 millones de dólares. Pero es una inversión que podría hacer el Estado, a pesar de que se diga que no. Otro punto es que hay momentos de déficit hídrico donde se va a justificar una segunda toma, pero hay momentos de lluvia en abundancia y esa planta no va a ser necesaria y se va a pagar igual. ¿Quién la va a pagar? OSE es autónoma desde el punto de vista de sus finanzas y por lo tanto se va a pagar a través de la tarifa o a través de recursos que vengan del Estado, que llegan vía impuestos o la tarifa de otro servicio público. En definitiva, siempre se termina trasladando a la población ese costo.
¿Qué problemas pensás que podría traer el funcionamiento de esta nueva planta?
Los efectos son una desigualdad en el acceso. La privatización nunca es completa. El ejemplo de Argentina muestra que ni siquiera desde el punto de vista capitalista funciona bien. El Estado después subsidia o complementa en aquellos lugares que no le son rentables al privado. En medio de esto se ve afectada la población que dispone menos recursos para acceder a servicios. En el caso concreto del agua potable, está claro que es rentable servir a grandes cantidades de población, pero llevar un caño a un pueblito es poco rentable. Probablemente el último nunca se privatice. Por eso la lógica no es vender empresas públicas enteras para ser privatizadas.
¿La visión ambiental está presente en el sindicato?
Nosotros trabajamos con el agua, es nuestra fuente de trabajo, nos da trabajo. Lo ambiental siempre es un componente. Hoy puede parecer que no es el de mayor peso relativo por el problema salarial que estamos enfrentando. Obviamente nos preocupa la calidad del agua de donde la tomamos, pero también estamos preocupados por lo que ha sido la pérdida de salario real. Estamos en situaciones donde llegar a fin de mes ya se volvió un desafío para muchos compañeros. No quiere decir que no nos importe el ambiente, tenemos muy claro que el agua nos da trabajo. Lo que pasa es que cuando uno habla de ambiente, detrás está el modelo económico en el que está inserto Uruguay. Acá no estamos luchando contra un tipo que se comporta mal y contamina ríos, sino contra un modelo económico que tiene como fin determinada inserción del país y los efectos que tiene en el ambiente. Los principales bienes que exporta el país -celulosa, forestación, soja, arroz y hasta la carne de los frigoríficos que se alimenta de pasturas- es gracias a la enorme disponibilidad de agua. La lucha ambiental no es sólo ambiental, es por cambiar el modelo económico.