La relevancia de los Bañados del Este y Franja Costera fue reconocida hace décadas. Sin ir más lejos, en 1984 se convirtió en el primer sitio de nuestro país que ingresó a la Convención de Ramsar. Esta categoría implica que integra una lista de humedales que poseen importancia internacional y deben ser cuidados. Además, los humedales de este lugar tienen características diversas -incluso se pueden encontrar 19 variantes de estos ecosistemas- y están vinculados a tres lagunas de Uruguay: la Laguna Merín, la Laguna Negra y la Laguna de Castillos. Por ende, se trata de una gran reserva de agua que abarca alrededor de 400.000 hectáreas y es considerado uno de los sistemas de humedales más ricos de América del Sur. Más de 60 especies de peces, 33 de anfibios, 44 de reptiles, 70 de mamíferos y 247 de aves residentes y migratorias, transitan por este lugar. Muchas de ellas se encuentran en estado de conservación vulnerable o son endémicas.
Estos bañados abarcan parte del territorio de Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha. El principal peligro al que están expuestos es el uso actual y los potenciales cambios de uso del suelo tanto dentro del sitio Ramsar como en sus límites. A su vez, investigaciones académicas han demostrado cómo el desarrollo del agronegocio ha contribuido a la desecación de humedales y la contaminación por uso de agroquímicos de la cuenca donde están inmersos. En este contexto se ubica la denuncia que realizaron Camila Gianotti y Laura del Puerto, investigadoras del Centro Universitario Regional del Este (CURE).
El 6 de abril de 2022 ingresaron ante el sistema de Atención de Denuncias Ambientales del Ministerio de Ambiente (MA) la descripción de una situación, con el objetivo de alertar a las autoridades sobre una posible irregularidad. Allí señalaron que se estaba construyendo un canal sobre “una de las pocas varges que quedan en la zona de Rincón de la Paja”, Rocha. Las varges, justamente, son un tipo de humedal conformado por praderas paludosas. “El canal, que ya está en varios cientos de metros de construcción, está drenando una de las varges más importantes compartidas entre varios padrones. En el entorno de la varge se localizan conjuntos de cerritos que son monumentos históricos nacionales y tres unidades de investigación, monitoreo y conservación del CURE. Además, la varge es parte de un mosaico de parches ambientales propios de humedales en el que se entrelazan cursos de agua, bañados, pajonales y campos naturales”, afirmaban las investigadoras hace un año. Por si fuera poco, se suma que “el área donde se está realizando la obra de canalización está dentro del sitio Ramsar”.
Gianotti y Del Puerto explicaron en la misiva que la construcción del canal supuso la “desecación de bañados, fragmentación de hábitats y destrucción de la biodiversidad”. Al mismo tiempo, también contaron que afectó “la única reserva de agua” de la que disponía un predio propiedad del Instituto Nacional de Colonización (INC), arrendado por el Grupo Cerros Lindos, que se encuentra lindero a la obra. “Además, compromete la conservación del paisaje arqueológico asociado a los cerritos de indios localizados allí y que están declarados monumentos históricos nacionales, al afectar el contexto ambiental que les da sentido”, puntualizaron.
Según se detalla en la denuncia, la construcción tuvo lugar en una propiedad del ingeniero agrónomo Gerardo Acosta, productor arrocero. El 8 de marzo de 2021, mediante una resolución emitida por Presidencia de la República, se lo designó presidente de la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, cargo que ocupa hasta el día de hoy, según figura en la página institucional.
¿De quién es competencia actuar?
Pasaron los meses y las investigadoras no obtuvieron respuesta de las autoridades. Por esta razón, decidieron hacer un pedido de acceso a la información pública para poder leer el expediente de la denuncia y lo compartieron con la diaria. Allí se puede observar un informe que elaboró un técnico de la oficina regional de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del MA, a partir de una inspección que tuvo lugar el 20 de abril de 2022. Según consta en el documento, durante la instancia participaron las siguientes personas: Gerardo Acosta, propietario del establecimiento donde se ubica la obra denunciada; representantes regionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y Dinagua; Pablo Naya, ingeniero agrónomo y técnico de los colonos del Grupo Cerros Lindos; Gianotti y del Puerto.
El técnico de la dirección de la cartera ambiental expresó en el informe que “las obras realizadas efectivamente mejoran el drenaje de la zona y quizás afecten en forma directa la capacidad del varge de acumular agua en su perfil, ya que el agua no encuentra tantas dificultades físicas (pajonales) que le imponen un freno (velocidad de salida) a la hora de drenar”. Por esta razón, interpretó que “sería de esperar que el varge se viera afectado en su condición de humedad permanente”. Sobre las “afectaciones arqueológicas” y “afectaciones sobre la biodiversidad” el técnico dijo no estar “en condiciones de determinar cuál es el grado de afectación”.
Sobre el hecho de que el padrón afectado está dentro de un sitio Ramsar manifestó que “quizás debiera participar la Dinabise [Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos]”. Dejó constancia de que hizo una consulta vía mail para “recabar la opinión ante esta situación”. También añadió: “Teniendo en cuenta las competencias de la Dinagua, estas están limitadas a la gestión, administración y control de los recursos hídricos, por lo que habría que determinar si está facultada para autorizar (en caso de que se hubiera solicitado permiso ante la regional) este tipo de obra tanto de defensa, canalización y limpieza de una vía de drenaje, ya que su competencia específica es otorgar derechos de uso de aguas públicas, lo cual genera a esta regional una duda de cómo actuar ante este tipo de afectación”.
El Área Jurídica de la Dinagua, según se muestra en el expediente, envió una misiva donde se indica que “claramente se trataría de una obra de derivación o drenaje conformando canalizaciones dentro de la planicie de inundación de ríos, arroyos o lagunas naturales cuyo fin es la evacuación de crecidas”. Por otra parte, plantean que “la zona comprometida posee un enorme valor arqueológico y se encuentra dentro de la zona Ramsar”. “Si bien el Código de Aguas encomienda al Poder Ejecutivo reglamentar la construcción de obras dentro de la planicie de inundación de ríos, arroyos o lagunas naturales, con fines de defensa contra sus aguas, derivación o drenaje, conservar los recursos naturales, evitar la alteración en la configuración topográfica, mantener los valores del paisaje y realizar el control de las aguas, los álveos y sus riberas, a la fecha no se cuenta con la correspondiente reglamentación del artículo 152 que establecería los procedimientos para su realización. Por tal motivo, existe un vacío legal al respecto”, se especifica.
Canal sobre varges en zona de Rincón de la Paja, Rocha. Foto: gentileza Camila Gianotti
Enseguida, recomienda “remitir estas actuaciones a Dinabise a efectos de recabar el informe correspondiente”. El 30 de mayo de 2022, en una misiva firmada por Viviana Pesce, directora de la Dinagua, se solicita pasar “estas actuaciones a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, a los efectos de recabar el informe correspondiente”. la diaria intentó obtener mayor información sobre cómo continuó el proceso desde la Dinabise, pero no obtuvo respuesta.
Afectación a colonos
El 5 de mayo de 2022, el Grupo de Colonos Cerros Lindos envió una carta a las autoridades de la Dinagua donde aclaran que, si bien no han realizado una denuncia ante este ente gubernamental, la obra de canalización tuvo como consecuencia “la casi inmediata desecación de 16 hectáreas de bañado localizadas en el predio perteneciente al Instituto Nacional de Colonización”. “Es de nuestro mayor interés la búsqueda de soluciones que permitan la pronta recuperación de las condiciones naturales del bañado”, subrayaron. Ellos utilizaban este sector del predio para pastorear animales y afectó su desempeño productivo.
Pablo Naya, ingeniero agrónomo y técnico de los colonos, dijo a la diaria que el humedal era de gran importancia porque “produce mucho más que el resto del campo”. “Hoy es un desierto; al secarse las varges muere todo”, sintetizó. Entiende que uno de los principales problemas de este grupo es que los vecinos “lo sienten como ocupantes, que están ahí y no tienen derecho a estar en este campo”, cuando no es así.
El ingeniero agrónomo confiesa que le soprendió que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) “resolviera que no tiene nada que ver con el asunto”. “La Dirección de Recursos Naturales se preocupa por la erosión de los suelos, pero como acá no hay erosión, es una desecación de bañado, no es problema de ellos. Entonces, al bañado, que es un recurso importantísimo a nivel productivo en la zona, el MGAP lo ve como un problema de Ambiente, porque allí hay flora y fauna que conservar, pero los problemas que haya en la producción no son competencia de Ganadería”, expresó.
Naya planteó que en un principio los colonos optaron por no hacer una denuncia, siendo el CURE quien llevó adelante el procedimiento. “Después fueron entendiendo que ellos tenían derechos y finalmente hicieron la denuncia en Colonización, que era el organismo al que le correspondía porque era el dueño del campo en el que están trabajando. A partir de allí, comenzaron a tratar el tema en las mesas de Desarrollo Rural y han pedido explicaciones de por qué no se está respondiendo”, concluyó.
La postura de Acosta
“Es una limpieza para cuando vienen las crecientes del río Cebollatí. Como la mayor parte de las obras que se han hecho en el transcurso de los años han sido sin control, cada vez se vuelca más el río Cebollatí hacia la zona de los bañados del norte de Rocha. Quienes no tenemos resguardo de rondas y demás nos vemos realmente perjudicados. Lo que hicimos fue limpiar un curso sin tener ningún tipo de afectación en las orillas y sin hacer ningún montículo continuo de tierra, que es lo que cambia las corrientes”, dijo a la diaria Acosta. El productor sostuvo que lo que hizo fue “una limpieza del cauce original del arroyo India Muerta” de aproximadamente “tres kilómetros” y que se dejó el resto del bañado “tal cual está”.
Consultado sobre los impactos ambientales que podría haber ocasionado al tratarse de un sitio Ramsar, respondió: “Yo soy ingeniero agrónomo nacido y criado ahí. Debo de ser de los pocos que conservan los bañados. No permito la caza ni nada. Está en forma permanente con agua porque cierro los drenajes para que cuando se empieza a secar se conserve el agua. Esto es una limpieza, para que cuando venga el exceso de agua, se vaya más rápido”.
Una isla en medio del arroz y la soja
Gianotti y Del Puerto -ambas arqueólogas- trabajaron codo a codo con los colonos hace un par de años para que pudieran implementar una serie de prácticas favorables con la conservación patrimonial. A partir de estas instancias se creó un vínculo estrecho entre las partes. “La denuncia fue para saber si había algún tipo de habilitación para realizar la obra o si estábamos frente a una obra de carácter irregular. Se aspiraba a que se pudiera hacer algo rápido para evitar que se drenara el humedal y poder restaurarlo, cosa que no sucedió”, contó Del Puerto. Enseguida recalcó que existe una “relación de asimetría” entre los colonos y el dueño del predio donde se realizó la obra.
“Los cerritos están en zonas de humedales. Toda la vida nos hemos cansado de ver obras irregulares y de ver cómo afectan a los vecinos. Les inundan o secan los campos a quienes tienen menos desde hace 30 años, pero cada vez se agudiza más. No puede ser tan difícil regularizar la situación y que se siga mirando para el costado a todas las obras nuevas que se hacen. A nosotras este caso nos toca directamente, pero todo el tiempo vemos desaparecer los pocos humedales que van quedando. Estamos en un sitio Ramsar. ¿Qué peso tiene? ¿Qué se está haciendo?”, inquirió Gianotti. A su vez, recordó que “cada vez quedan menos campos dedicados a la ganadería en la zona, que antes eran mayoría” y citó como ejemplo de resistencia el Grupo Cerros Lindos, que es “una isla en medio del arroz y la soja”.
Las arqueólogas coinciden en que las políticas agrarias “no tienen en cuenta ni la conservación de la biodiversidad ni la del patrimonio” y que existe una “ausencia de articulación” entre las diferentes autoridades gubernamentales. “Los cerritos y humedales, en definitiva, lo que hacen en conjunto es mostrar que la zona estuvo más poblada o que fue otro tipo de poblamiento más disperso que hoy. Demuestran que los humedales se pueden habitar, se pueden aprovechar de otras maneras. Miles de años de historia lo demuestran. Cada vez se despoja más a la gente que queda habitando en el medio rural. Pero hay otros futuros posibles. Canalizar, aplanar, cultivar y forestar no es el único camino. Estamos en la zona donde están los mayores conflictos socioambientales, problemas de salud, de pobreza. Es mentira que la intensificación y expansión de la frontera agrícola está generando mejor calidad de vida”, finalizó Gianotti.
No es “limpieza”
Las arqueólogas se comunicaron con José Sciandro, abogado especialista en temáticas ambientales, para saber si el procedimiento que realizó Acosta estaba permitido. “No es limpieza, era un canal”, reafirmó Gianotti. Sciandro dijo a la diaria que “toda actividad referida a la desecación, avenamiento y mejora integral de zonas inundables debe ser realizada con base en proyectos que deben ser aprobados por el Ministerio de Ambiente. En este tipo de actividades u obras está comprendido el relleno de las zonas inundables o pantanosas. Si estas actividades pueden causar daño al medioambiente deben ser aprobadas por la autoridad ambiental, el Ministerio de Ambiente. Las obras de desecación realizadas sin permiso o autorización pueden ser objeto de sanciones administrativas -multas- sin perjuicio de la facultad de obligar al infractor a suspender las obras o remover o eliminar las obras realizadas sin permiso a su costo”. Estos puntos están estipulados tanto en el Código de Aguas como en leyes y decretos complementarios.