Audiencia por área protegida Arequita: desde herramienta de apoyo a pequeños productores, hasta una imposición del gobierno

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A pocos kilómetros de la ciudad de Minas, en el Parque Campanero de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, se podía observar el paisaje del sol escondiéndose entre las sierras. Entre los mugidos de las vacas en la lejanía y los susurros que caracterizaron los primeros minutos de la audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente el jueves se notaba la tensión entre los más de 200 participantes. El objetivo de la instancia fue garantizar la participación en el proceso de incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) dos zonas que contienen parte de los cerros Arequita y de los Cuervos, así como un tramo del río Santa Lucía y una superficie asociada a sus planicies de inundación. Según el documento elaborado por la cartera ambiental, la primera fase de ingreso ocupará sólo 560 hectáreas, que son padrones públicos. También describe una posible segunda fase -que están estudiando, por lo que todavía no fue puesta en consideración, pero incluiría padrones privados- donde se protegería completamente los cerros y sus ecosistemas asociados, ya que algunos de ellos se encuentran muy amenazados, como también las nacientes del río Santa Lucía, fuente hídrica de la que se abastece de agua potable más del 60% de la población del país. De concretarse, aunque todavía parece lejano en el tiempo, el área protegida abarcaría en total 7.071 hectáreas.

Las autoridades que protagonizaron la audiencia pública, que presentaron el proyecto y se encargaron de responder las consultas, fueron Gerardo Evia, director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y Lucía Bartesaghi, directora del SNAP. En la primera fila de los oyentes estaba el ministro de Ambiente y lavallejino, Robert Bouvier. El jerarca se mantuvo en silencio las tres horas y media que duró la audiencia pública. Al final apenas dedicó un discurso de diez minutos al salón que aún se encontraba repleto de sus coterráneos. Dijo que su intención no es “crear perjuicios a esta zona” y remarcó que “este proyecto termina en un decreto que abarca 560 hectáreas públicas y nada más”. “Como todos ustedes dijeron, durante años fuimos omisos y nos queremos hacer cargo para terminar con los problemas que ocurren en esas 560 hectáreas [...]. El proyecto hacía referencia a una fase dos, de 7.000 hectáreas, que podría ser. Pero eso significa un nuevo proyecto, por supuesto somos receptivos a sugerencias. Se va a hacer en común acuerdo con los vecinos a partir de una comisión que ustedes mismos van a integrar”, manifestó. Finalmente, destacó que los propietarios de padrones “no están siendo afectados” por la propuesta y confió en que el tiempo le daría “la razón”, de continuar con el proceso. Mientras hablaba, Bouvier fue interrumpido sucesivas veces y reconoció que en otros intercambios existieron “problemas de comunicación”.

“Un acto de soberbia” versus “falta de contradicciones”

“Áreas protegidas por sus propietarios”, versaba un cartel ubicado en la puerta de ingreso al local donde tuvo lugar la audiencia pública. Durante la primera media hora las autoridades del Ministerio de Ambiente explicaron la propuesta. Luego dejaron paso a las preguntas y comentarios. Una de las primeras personas en tomar la palabra fue Gustavo Alzugaray, quien se presentó como “propietario de Arequita” y dueño de un “emprendimiento que, gracias a Dios, trae mucho turismo al departamento”. Alzugaray quería saber cómo se podría ver afectado por el ingreso de los padrones públicos al SNAP, precisamente por los deportes que se practican en la zona. Bartesaghi fue la encargada de responder e incluso se generó una conversación que podría ejemplificar la posición de un sector de la población local.

“No se prevé prohibir los deportes, sino regularlos. Queremos definir cuáles son las zonas en las que se puede desarrollar determinadas actividades deportivas, en cuáles no y bajo qué condiciones. La idea es pensarlo para que no afecte los valores de conservación del área”, respondió la directora del SNAP.

“Perdón, pero yo quiero que me termine de responder bien la pregunta, porque la verdad es que no me queda muy claro. ¿Va a venir un técnico a mi lugar, donde yo hago esto hace muchos años, a decirme cómo lo tengo que hacer y la manera en que lo tengo que hacer? Con respeto, me parece que esto es muy invasivo, porque yo a ese lugar lo tengo desde que soy chico. Gracias a Dios cuido mucho el lugar. De hecho, mis actividades las hago con cuidado, hago un recorrido panorámico incluso para que la gente pueda visualizar. Hago recorridos para no romper nada de la naturaleza, no entiendo y no me gusta que venga alguien a decirme cómo tengo que hacer mi trabajo”, increpó Alzugaray.

“De acuerdo con lo que estás manifestando, no habría incompatibilidad [entre sus actividades y el ingreso del área al SNAP]”, apuntó Bartesaghi.

“Yo no voy a permitir eso en mi casa, en mi lugar. ¡No voy a permitir a nadie que venga a decirme a mí cómo hacer las cosas!”, reafirmó el propietario del emprendimiento turístico; sus palabras fueron seguidas por aplausos de un sector de los presentes.

En este contexto, es necesario recordar que en las áreas protegidas suelen mezclarse distintos intereses que, en gran parte de los casos, generan conflictos. Por esta razón, se elabora un plan de manejo específico de cada territorio, donde se determina qué puede hacerse en ellas y de qué forma. El documento es fruto de intercambios que tienen lugar en una Comisión Asesora Específica, “cuyo cometido es el asesoramiento, promoción, seguimiento y control de las áreas”. Está integrada por el Poder Ejecutivo, propietarios de predios privados incorporados al área -aunque en el caso de Arequita los predios son del Estado, hasta el momento-, los pobladores, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales ambientalistas con actividad vinculada al área.

El director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos ratificó durante la reunión que se creará una Comisión Asesora Específica para Arequita e indicó que no se está “en contra de nadie”. “Lo que queremos hacer es impulsar y reforzar todo lo que los vecinos han hecho en los últimos 40, 50 o 60 años, para que puedan mejorar las condiciones de todos”, señaló. Incluso, comentó que un operador turístico podría ver la inclusión del territorio al SNAP como una “oportunidad” para acceder a más clientes, siempre que se haga de forma “ordenada”.

Sin embargo, los cuestionamientos continuaron. Un productor, que prefirió no brindar su nombre, también dio su postura: “Ustedes por mi campo en Puntas de Santa Lucía no han ido nunca, ni saben lo que pasa con el río. Yo estoy desde hace 75 años. Esto no pasa por decretarnos, ni llevarnos como ganado, porque, como orientales, sería injusto. Ustedes están haciendo un acto de soberbia que los productores rurales de Lavalleja y de la cuenca de Santa Lucía no nos merecemos. Cuando ustedes dicen que vienen a informar, vienen a informar a gente que está en la cuenca y nosotros no somos sujetos pasivos. Mi familia ha estado 100 años aportando acá. Quiero saber cuándo va a aportar el ministerio, que tiene un basurero a cielo abierto a unas cuadras que, por el desnivel, va a dar al arroyo Campanero, y el Campanero es fuente del río Santa Lucía [...]. Es muy fácil sentado en un sillón venir a darnos clases de conservacionismo. Están equivocados, están hablando con soberbia y se amparan en una democracia autoritaria que los orientales no vamos a aceptar. Acuérdense de aquel que dijo ‘mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana’”.

Más adelante, Hernán Giménez, presidente de la Asociación Uruguaya de Guardaparques, expresó que su labor no es “trabajar imponiendo, sino sugiriendo desde un punto de vista técnico”. “Creemos que tanto el punto de vista del SNAP como el de los vecinos tienen el mismo fin. Entonces, es mejor armonizar y no crear un conflicto. Pienso que se podría llegar a un acuerdo muy lindo y apuesto eternamente a la conservación. Recién escuchaba a otros compañeros productores hablar de las especies exóticas. Nosotros trabajamos en la erradicación y en el control de especies exóticas invasoras. Creo que hay que poner el foco donde tiene que ir. El 98% del territorio protegido en Uruguay está en padrones privados. No tienen un declive de sus ingresos, todo lo contrario; se han generado sellos que promueven la producción en áreas protegidas y aumentan el valor del producto final. El mismo sello también promueve las actividades ecoturísticas”, apuntó. Su compañero, el guardaparques y biólogo Ramiro Pereira, sumó que no hay contradicción entre producir y formar parte de un territorio protegido.

Sociedad organizada

Entre la multitud, Aurora Fernández, licenciada en Ciencias Biológicas y docente en el Instituto de Formación Docente de Minas, solicitó permiso para leer un comunicado que elaboró junto con organizaciones locales que integran la Red de Agroecología, la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Asociación de Apoyo a la Salud Oeste de Lavalleja y el Plenario Intersindical de Lavalleja. Los firmantes del comunicado celebran la propuesta de creación del área protegida e hicieron hincapié en que permitirá “compatibilizar la conservación de la biodiversidad en todos sus niveles con el uso público y la producción”. Sin embargo, remarcan que defienden “la integralidad de la propuesta compuesta por sus dos fases”. A su entender, incorporar únicamente los padrones públicos no garantiza “el mantenimiento de procesos ecológicos, ya que esas áreas no están conectadas (aparecen como dos parches) y tienen un tamaño reducido”. En cambio, el proyecto completo “permite la protección de ecosistemas amenazados y especies prioritarias para la conservación y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de abastecimiento y regulación de los ambientes incorporados”. Por esta razón, solicitan incluir en la primera fase “los padrones privados comprendidos bajo protección departamental”, para unificar y aumentar el tamaño del espacio protegido.

A su vez, las organizaciones y la docente consideran que es necesario incluir una zona adyacente que incorpore las nacientes del río Santa Lucía. “Esto permite proteger los montes serranos, ubicados en suelos superficiales y en condiciones de alta pendiente, que reducen la erosión y evitan los problemas de sedimentación en la cuenca alta y los bosques ribereños, contribuyendo así a mantener y mejorar la calidad del agua. La crisis hídrica instala la necesidad de gestionar el territorio para la cosecha del agua de calidad”, recuerdan. Asimismo, expresan que la creación del territorio protegido beneficia a los productores y productoras familiares y al ecoturismo, ya que “permite establecer un límite a las actividades extractivas en el territorio, principalmente la forestación, la agricultura intensiva y la actividad minera”.

Por otra parte, exigen que el plan de manejo “permita un uso sustentable del territorio y sus recursos, la protección y mejora del agua como bien común para todas las personas, el control de especies exóticas invasoras, el establecimiento de un turismo ordenado, que mejora la calidad de los servicios brindados y garantice la conservación de especies, el mantenimiento a largo plazo de los suelos y el agua para permitir la producción agrícola y ganadera y la posibilidad de educación ambiental en todos los niveles educativos”. También ven con buenos ojos la creación de una comisión asesora específica del área, “que asegure la participación de las personas en el territorio y que permita apropiarse de esta herramienta de conservación”.

Otro grupo de 22 organizaciones -entre las que se encuentran la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Redes - Amigos de la Tierra, la Federación de Funcionarios de OSE, Movimiento por un Uruguay Sustentable, Jóvenes por la Soberanía Alimentaria y el Consejo de la Nación Charrúa-, junto con 12 académicos de todo el país, enviaron una carta al Ministerio de Ambiente con las mismas propuestas. Destacan que el ingreso al SNAP implica “una medida estratégica para la preservación y cuidado de la cuenca del río Santa Lucía, atendiendo a las causas de la reciente emergencia hídrica que enfrentó el departamento de Lavalleja y el área metropolitana”. “La articulación territorial entre conservación y producción identifica la integración entre producción y conservación como una alternativa posible. Esto implica la generación de una matriz territorial caracterizada por la cantidad y calidad del agua que se generan en las nacientes de una cuenca, la integración de áreas dedicadas a la conservación de la biodiversidad y la diversificación agrícola, donde se prioricen actividades que no impacten en las zonas altas de la cuenca y que no signifiquen un aporte sustancial de nutrientes o contaminen los cauces de las nacientes”, subrayan.

Poniendo el ejemplo

Una de las últimas voces en participar en la audiencia pública fue un hombre que realizó recomendaciones a los productores, al contar el proceso que se vivió años atrás en la Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, la primera área en ingresar al SNAP y que también pasó por un proceso de ampliación. “Desde la vivencia podemos decir que el proceso de incorporación del área y los resultados actuales tienen sus blancos y negros muy fuertes. Sin dudas, no es color de rosas entrar en el área protegida. Hemos tenido nuestros conflictos importantes con los gobiernos y con los vecinos”, comenzó explicando. Y continuó: “Hay grises, el peor resultado que hemos vivido con 14 años de este proceso son los conflictos internos entre vecinos. En el caso de la Quebrada, podemos decir que hay muchísimos intereses económicos muy fuertes, es una zona de alta prioridad a nivel minero y forestal. También hay muchos productores y productoras ganaderos tradicionales, de cuatro o cinco generaciones, que apenas logran sobrevivir allí, que han sido víctimas de todo este proceso”. Por esta razón, les comentó a los locatarios que un camino que puede ayudar a tomar una definición es acercarse a productores que hayan pasado por el proceso de incorporarse al SNAP. “Nadie va a decir que es blanco, ni nadie va a decir que es negro, y tengan cuidado, porque hay mucha gente intermediando en este proceso que intentará hablar por ustedes. Estoy segurísimo de que los productores los van a recibir y les van a contar sus vivencias desde la cercanía”, finalizó.

¿Apoyo de referentes políticos locales?

Carol Aviaga, excandidata a intendenta de Lavalleja por el Partido Nacional y actual asesora del Ministerio de Ambiente, manifestó que durante la audiencia pública “se aclararon cosas que de pronto en otras instancias habían quedado un poco entreveradas”. Dijo que, desde la salida de la dictadura, “esta es una de las reuniones más grandes de vecinos que se ha hecho en Minas”. “El tema de la segunda fase es una buena intención que pusieron los técnicos en el proyecto, como una visión de desarrollo futuro. Obviamente hay que tener en cuenta a la gente que vive en el territorio, porque son parte del sistema, y hay que tener mucho cuidado e integrar a cada vecino que vive a lo largo y ancho de la cuenca. Pienso que hay que ver la idiosincrasia de cada zona, todos queremos lo mejor. En los últimos años han avanzado producciones que antes no existían, y creo que amerita que pongamos foco en eso. La forestación, el manejo intensivo de la agricultura, por ejemplo. No digo que no se puedan hacer, lo que digo es que ciertas áreas hay que controlarlas, y en las nacientes del Santa Lucía nos compete a nosotros”, planteó.

Adriana Peña, exintendenta de Lavalleja, también participó en la audiencia. Resaltó que “lograr entrar en un área protegida nos da la seguridad de que, entre todos, la vamos a conservar y la vamos a tener no solamente para los nietos, sino que también podemos seguir teniendo ingresos genuinos en el turismo, especialmente”. “Pero acá lo han dicho los vecinos con mucha razón: todo lo que es los predios privados los vecinos lo han ido conservando, porque ellos saben bien su valor. Creo que estamos en deuda desde el Estado, y cuando digo el Estado digo los ministerios que han estado a cargo [...]. No se puede seguir avanzando a la fuerza”, matizó.