Durante décadas han existido en nuestras sociedades discursos que promueven la rivalidad entre la protección ambiental y la producción –sin distinguir sus formas–. Sin dudas, la visión productiva hegemónica –impulsada principalmente por el modelo agrícola y forestal– ha imperado y generado daños a nuestros socioecosistemas, bienes naturales, culturales y también a pequeños productores familiares, que se han visto desplazados de sus tierras. En este contexto, nacen instrumentos de aplicación de políticas y planes nacionales de protección ambiental, como es el caso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Entre algunos de sus cometidos está contribuir al “desarrollo socioeconómico, fomentando la participación de las comunidades locales en las actividades relacionadas con las áreas protegidas, así como también las oportunidades compatibles de trabajo en las mismas o en las zonas de influencia”. Este punto es crucial porque gran parte de los territorios protegidos se encuentran bajo propiedades de privados que, al enterarse de que su predio puede incorporarse a un área, suelen mostrar resistencias. Pero no se trata de alejar a los seres humanos de la naturaleza, sino de aprender a convivir con ella de forma cuidadosa.
Actualmente existen 17 áreas incorporadas al SNAP que están distribuidas en todo el país y, en su conjunto, alcanzan poco más del 1% del territorio nacional. Esta cifra deja en evidencia que aún queda mucho por hacer en cuanto a protección, que es necesario tomar acción de forma urgente y que no alcanza con anunciar compromisos. Un claro ejemplo de este último caso es la promesa que realizó el Ministerio de Ambiente (MA) en la segunda Conferencia de Océanos de Naciones Unidas, en la que apuntaron que el país alcanzaría el 10% de área marina protegida en 2022 y que se crearía una hoja de ruta que permitiría llegar a la meta del 30% para 2030. Cabe resaltar que durante este período de gobierno no han ingresado nuevas hectáreas al SNAP. Según jerarcas, algunas pueden estar muy cerca de integrarlo, como es el caso de Isla de Lobos y nuestra protagonista, Arequita.
El proyecto de selección y delimitación del Área Protegida Arequita está disponible en la página web del MA y el 10 de agosto será la audiencia pública, instancia en la que las autoridades intercambiarán opiniones sobre la iniciativa con la comunidad. Pero en Lavalleja –departamento donde se ubica el área– la situación está caldeada. La desinformación difundida por parte de actores sociales sobre las implicancias de ingresar al SNAP e incluso del propio proyecto han generado el enojo de un sector de vecinos. Sin ir más lejos, a fines de junio se realizó una reunión con la población local. Al día siguiente, el ministro del MA, Robert Bouvier, denunció en sus redes sociales que un alambrado perimetral de un padrón perteneciente a la cartera ambiental que estaría dentro del área protegida fue “vandalizado” y catalogó el acto de “violencia irreflexiva”. Asimismo, el ingreso del territorio al SNAP se da meses antes del comienzo de la campaña electoral. En este contexto, la diaria conversó con jerarcas del MA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de la Intendencia de Lavalleja y de la Asociación de Guardaparques del Uruguay (AGU) para conocer cómo se está viviendo la situación.
La riqueza de nuestra Arequita
Arequita tiene una historia interesantísima y es necesario conocerla para comprender su valor. En 1954 el Poder Ejecutivo destinó fondos para expropiar los cerros Arequita, de los Cuervos y la zona que los rodea para crear un parque público forestal con una superficie de 1.000 hectáreas. Cuatro años después, se desestimó parte de los predios y la superficie alcanzó un total de 524 hectáreas que estuvieron bajo la administración del MGAP, por medio de la Dirección Forestal. En 1978, mientras tenía lugar la dictadura cívico-militar, el Ministerio de Defensa Nacional utilizó los padrones del Cerro de los Cuervos como área de maniobras militares y el campo natural ubicado a sus pies fue usufructuado por parte de la Jefatura de Policía de Lavalleja con fines pecuarios. Al volver la democracia, se terminan las actividades militares y se eliminan los explosivos residuales que había en el lugar. Sin embargo, según consta en el proyecto del MA, “la actividad pecuaria por parte de la Jefatura de Policía de Lavalleja continúa hasta el presente”.
Pero la historia de Arequita comienza antes de 1954. “La ocupación de refugios naturales rocosos por parte de los grupos indígenas es una evidencia directa del vínculo entre determinadas características geológicas y geomorfológicas y las estrategias específicas de usos humanos en esos espacios. Adicionalmente, se ha encontrado material arqueológico en la zona. Por lo cual se convierten en sitios de gran importancia para avanzar en la investigación y contribuir a la protección y puesta en valor del patrimonio, desde una perspectiva arqueológica, etnohistórica y cultural”, dice el documento de la cartera ambiental. También subraya que se cuenta con un valioso registro material e inmaterial de las relaciones sociedad-naturaleza con los cerros y recuperarlos podría permitir ensayar y desplegar relaciones más sustentables con ellos. “La conservación de estos cerros, desde todas las dimensiones, resulta de gran importancia para la experiencia humana de la coexistencia con una formación geológica de origen volcánico que data de más de 100 millones de años y la biodiversidad asociada”, suma.
El proyecto de delimitación centró su investigación en un área de planificación de 33.000 hectáreas que incluye a los cerros y las nacientes del río Santa Lucía, curso que abastece de agua potable a nada más y nada menos que 60% de la población de Uruguay. No toda esta superficie estaría dentro del área protegida, como explicaremos más adelante, pero para hablar de la riqueza de la biodiversidad es necesario pensar el territorio de forma integral. “Los diferentes cerros que forman parte del área con sus fracturas, además de la belleza escénica que poseen, logran una función fundamental, como es la recarga de acuíferos”, se explica. A su vez, en este perímetro se encuentra el sitio conocido como Isla de Ombúes, que representa la segunda población más grande de ombúes Phytolacca dioica de nuestro país. Es verdad que se suelen ver individuos aislados de esta especie, y este bosque, junto con el que está ubicado en Laguna de Castillos, son las dos excepciones donde se encuentran agrupados en grandes dimensiones, según se plasma en el documento gubernamental.
Por si fuera poco, en el área también se contemplan ecosistemas amenazados de gran relevancia, como pastizales, humedales, bosques serranos, bosques parque y bosques ribereños, tan importantes para la regulación del clima, el control de inundaciones, la purificación del agua y que funcionan como corredores biológicos para la biodiversidad. Cabe resaltar que son 393 las especies nativas registradas en el área: 210 aves, 97 plantas vasculares, 33 peces, 23 mamíferos, 13 artrópodos, 11 reptiles y seis anfibios. Muchas de ellas son prioritarias para la conservación desde la óptica del SNAP.
Un ejemplo es la endémica bromelia (Tillandsia arequitae), que se encuentra restringida a los departamentos de Lavalleja y Maldonado. “La población más grande de la especie se encuentra en el cerro Arequita. Generalmente crece sobre grandes paredones verticales, formando densas poblaciones muy ramificadas”, dice el documento. También se ha observado al sapito de San Martín (Melanophryniscus sanmartini) –catalogado como casi amenazado a nivel nacional e internacional– y al sapito de nariz gorda (Melanophryniscus pachyrhynus) –catalogado como amenazado a nivel nacional–. Con respecto a aves, dos ejemplos de especies en peligro que han sido reconocidas en la zona son el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y el tordo amarillo (Xanthopsar flavus). Incluso, en 2009, BirdLife International declaró como Área de Importancia para la Conservación de Aves a las Serranías del Este y se incluye el territorio estudiado en el documento. Por estos lugares también circula el tatú rabo de molle (Cabassous tatouay), la especie más grande de armadillo que puede encontrarse en Uruguay, la marmosa (Cryptonanus cf. chacoensis) y el espectacular margay (Leopardus wiedii), por tan sólo nombrar algunos ejemplos de nuestra fauna nativa.
Dos fases y amenazas
El documento del proyecto propone un “proceso gradual con el fin de avanzar en la protección de este sitio de singulares características geomorfológicas, así como de las nacientes del río Santa Lucía, sus ecosistemas asociados y otros valores del área”. Sostiene que “se prevé avanzar en dos etapas”. A “corto plazo” se incorporarán “dos zonas que contienen parte de los cerros Arequita y de los Cuervos, que son padrones de histórica propiedad y/o administración pública, así como un tramo del río Santa Lucía con sus respectivas islas fiscales y una superficie fiscal asociada a las planicies de inundación del río Santa Lucía”. A “mediano plazo”, se intentará integrar tres microcuencas correspondientes a la cuenca del río Santa Lucía que “cubren totalmente ambos cerros con sus ecosistemas asociados, así como las nacientes del río Santa Lucía, con el fin de contribuir de mejor forma a los objetivos del área”. Se admite que la segunda fase requerirá “un trabajo más exhaustivo desde el punto de vista técnico, así como profundizar los procesos participativos e instancias de consulta”.
La delimitación del área protegida abarcaría unas 7.071 hectáreas, pero la primera fase sólo ocuparía 560 hectáreas de padrones públicos. Asimismo, se destaca que se tomó como referencia un “enfoque de cuenca”, ya que “se enclava en las nacientes del río Santa Lucía, siendo su protección fundamental para mantener y mejorar el estado de conservación de las aguas que abastecen a la cuenca”.
Sin embargo, al hablar de protección, también es necesario nombrar las actividades generadoras de amenazas. En primer lugar, se menciona la agricultura, que ocupa el 12,1% de la superficie del ámbito de planificación y genera “una gran pérdida y fragmentación de ecosistemas naturales”. En segundo lugar, se detecta la forestación, que sustituye ecosistemas naturales como el pastizal y, al igual que la agricultura, genera “pérdida y fragmentación de hábitats” e implica “la pérdida local de las especies que hacen uso de este hábitat”. Describen que hay “dos factores relevantes que se ven modificados, estos son la modificación del ciclo hidrológico provocando una disminución del escurrimiento superficial y la acidificación de los suelos donde se implanta forestación”, agregan. Finalmente, destacan el impacto social de esta actividad, “ya que generalmente desplaza a los productores ganaderos, que en muchos casos se trata de pequeños productores”. Asimismo, se reconoce que la ganadería –que se desarrolla en el 68% del área estudiada– “no tiene por qué ser un problema para la conservación de la biodiversidad” si se tienen los recaudos correspondientes. A su vez, en el ámbito de la planificación también tienen lugar otras actividades extractivas, como la minería y la extracción de agua para ser embotellada.
¿Real defensa de los productores?
La Dirección de Descentralización del MGAP convocó el 13 de julio a la Mesa de Desarrollo Rural de Lavalleja y “a los productores que se encuentran en la zona de influencia de la posible área protegida Arequita” con el fin de “realizar una propuesta desde el punto de vista productivo”, según versa en la invitación. la diaria accedió al documento que fue generado luego de la instancia para ser enviado al MA. La modalidad de trabajo consistió en la división de los participantes en subgrupos con el objetivo de “identificar inquietudes por parte de las/os presentes, identificar actores claves y realizar propuestas que se darán a conocer en ocasión de la Audiencia Pública”.
Un grupo señaló que existe “malestar porque este proyecto afecta la economía de los productores y también aspectos sociales”. Enseguida, el colectivo indicó que “no se conoce cómo afecta al productor el hecho de pertenecer o no al SNAP, tampoco sobre qué beneficios se tienen o cómo son retribuidos por pertenecer al SNAP”. “Es necesario proteger a los productores rurales. Hay proyectos para mantener gente joven, por lo que hay que proteger dicha área para no despoblar la zona y que no abandonen el lugar”, se destacó en el punteo. Las propuestas de este grupo son: “anular el proyecto en su totalidad”, “que se implemente la fase uno como único proyecto, sin que afecte los predios privados” y “armar un nuevo proyecto de fase dos con aquellos/as que tengan interés”.
Otro de los grupos, en la misma línea, manifestó que “se establecen limitantes a la producción de la que vive la gente en nuestro país”. También dicen estar preocupados por “problemas ambientales que actualmente tienen los vecinos”, como por ejemplo, “las plantaciones forestales de eucaliptos y pinos”. Solicitaron la elaboración “de una nueva propuesta, diferenciada, siguiendo el esquema previsto para los proyectos, donde se realice un exhaustivo análisis de impacto, con números”.
Luis María Carresse, director de Descentralización, oriundo de Lavalleja y que también estuvo presente en la reunión, dijo a la diaria que desde el MGAP la primera sensación fue de “preocupación”. “En esos días coincidió que teníamos dos actividades con el ministro [Fernando Mattos] por el tema del déficit hídrico. Fue la primera conversación y acercamiento del ministro con los productores preocupados por esta temática”, expresó. Añadió: “Entendimos que el ministerio tenía que tener una injerencia directa en las fases previas, que son estas, y no en las posteriores, después de que se crean las Comisiones Asesoras Específicas, donde ahí efectivamente el ministerio tiene sus funcionarios en el departamento. El ministro y quien les habla entendimos que era muy bueno generar una instancia previa con los productores y que sea trasladada al MA”. Sostiene que llevaron adelante “lo que debió haber hecho o deberá hacer la intendencia y otros organismos”.
El jerarca relató que su “razonamiento es tener las reglas claras, que los productores trabajen con certeza”. “En el documento plasmamos cuáles son las visiones de los productores que, a grandes rasgos, coinciden. El planteo por absoluta unanimidad es que se termine únicamente en la fase uno, en los campos que son del Estado”, dijo Carresse. “Es posible que la fase dos abarque unas 33.000 hectáreas. Son de los mejores campos de Lavalleja, de los más profundos, más fértiles. Son excelentes campos para lo que es Lavalleja”, insistió. Recordemos que la fase dos no abarcaría 33.000 hectáreas, sino 7.071. Al consultarle sobre si está al tanto de que en otras áreas protegidas la producción –realizada con los cuidados establecidos– no se ha visto afectada, respondió: “Hay lugares donde no se ha afectado [a los productores tras el ingreso dentro del SNAP]. Desde el punto de vista productivo lo vemos con muy buenos ojos, pero estamos convencidos de que los productores y los vecinos, aunque también hay productores de agua, turismo y otro tipo de emprendimientos, deben ser contemplados”.
“Es erróneo decir que las 33.000 hectáreas van a formar parte”
“En un área protegida no es que no se pueda hacer nada. En un área protegida se puede realizar la actividad productiva en un marco de sostenibilidad”, planteó a la diaria el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, que también es oriundo de Lavalleja. Resaltó que su “deseo” es implementar la primera fase del proyecto durante este período de gobierno. “No es que dejemos para adelante la segunda fase. Para la segunda fase vamos a empezar a trabajar coordinadamente, con todos los que quieran participar, para empezar a estudiarla, pero también basados en una concientización de los vecinos sobre qué significa un área protegida, cuáles son sus mecanismos, contarles que tiene un plan de manejo que es participativo. No es realmente lo que se nos ha manifestado hasta ahora: esa oposición de oponer por oponer, porque ‘no se va a poder hacer nada’, porque vamos a restringir un montón de actividades”, acotó. Al consultarle sobre si la segunda fase va a tener lugar durante este gobierno, respondió: “Está estudiada. Para llevarla adelante van a tener que hacer un documento nuevo, los vecinos van a tener ámbitos de participación. No hay ninguna voluntad de querer imponer algo, todo lo contrario”.
Bouvier entiende que los vecinos han recibido información errónea, que el área protegida no será de 33.000 hectáreas. “Es el ámbito donde se realizó el análisis, no quiere decir que este sea el ámbito que se está determinando como perímetro del área. Es erróneo decir que las 33.000 hectáreas van a formar parte del área protegida. Lo dice claramente el proyecto, es el ámbito de planificación”, enfatizó. A su vez, destacó que la fase dos del proyecto es “orientativa”.
Al preguntarle si sumar predios privados al área protegida puede generar complicaciones ante la cercanía del año electoral, manifestó: “Tengo que pensar desde la órbita en donde estoy, soy el ministro de Ambiente. Tengo una zona en la cual tenemos un estudio, que se viene elaborando desde hace muchísimos años, del cual a mí me toca implementar determinada etapa. No puedo estar pensando en pequeñeces. No tengo la visión de sacar réditos o no políticamente”.
La visión de la intendencia
En 2008, la Intendencia de Lavalleja envió una solicitud al entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con el objetivo de “incluir al cerro Arequita y su entorno al SNAP, con el fin de evitar el deterioro de dicha zona”, menciona el proyecto de delimitación del área protegida. A partir de aquel momento, quedó establecido el contacto. Incluso en el Plan Estratégico 2015-2020 del SNAP, Arequita ingresó a la red de sitios prioritarios.
Mario García, actual intendente de Lavalleja, resaltó a la diaria que la comuna está de acuerdo con la “inclusión de los padrones públicos al SNAP” y que quieren que “esta fase se transforme en fase única”. Asimismo, buscan que los predios ingresen bajo la categoría de “monumento natural protegido”. La Ley 17.234 establece distintas categorías para las áreas protegidas. La propuesta del MA busca que se declare a Arequita como Parque Nacional, que en la normativa es definido como “aquellas áreas donde existan uno o varios ecosistemas que no se encuentren significativamente alterados por la explotación y ocupación humana, especies vegetales y animales, sitios geomorfológicos y hábitos que presenten un especial interés científico, educacional y recreativo o comprendan paisajes naturales de belleza excepcional”. Mientras tanto, los monumentos naturales son definidos como “aquella área que contiene normalmente uno o varios elementos naturales específicos de notable importancia nacional, tales como una formación geológica, un sitio natural único, especies o hábitats o vegetales que podrían estar amenazados, donde la intervención humana, de realizarse, será de escasa magnitud y estará bajo estricto control”.
“Creo que sería importante que quede claro que esto ha sido iniciativa exclusiva del MA, no fue iniciativa de la intendencia”, remarcó García. “Primero hay que conocer la zona, acá lo que rodea al cerro Arequita es una zona muy apta para la ganadería, hay otra zona de prioridad forestal que está siendo explotada. Cada zona tiene su particularidad, el tema está en las limitantes de las áreas de protección natural, es ahí donde los productores obviamente ofrecen sus reparos”, expresó.
Escuchar a quienes guardan
La ASociación Uruguaya de Guardaparques (AUG) envió una misiva al MA con comentarios sobre la iniciativa a la que accedió la diaria. Afirman que “la propuesta por fases pone en riesgo el cumplimiento” de la Ley 17.234, que establece el carácter de “interés general” de la creación del SNAP y, por lo tanto, de áreas protegidas “por encima de los intereses de particulares”. Recordemos que una discusión similar tuvo lugar en 2020, cuando el gobierno introdujo en la ley de urgente consideración artículos que modificaban las condiciones para el ingreso de predios al SNAP. El Ejecutivo buscó que los propietarios de terrenos a ingresar a las nuevas áreas deberían dar su autorización o el Estado debería expropiarles sus padrones. La idea, en el articulado, no prosperó.
Volviendo al tema, los guardaparques conciben que la delimitación “no contempla los principios del enfoque ecosistémico, ni sería ecológicamente sostenible, ya que el tamaño y la forma de los padrones a incluir no contemplan los procesos ecológicos”. “En caso de que se continúe con este planteo, se debería establecer plazos para cumplir con la segunda fase, asegurando la integridad de la propuesta, y definir claramente los padrones a ingresar”, exigen.
Sostienen que la fase uno es “absolutamente insuficiente para determinar un área protegida con los objetivos de la propuesta, ya que no hay formas de garantizar la conectividad dentro del área total” y remarcan que “los procesos ecosistémicos no se limitan a sitios definidos por títulos de propiedad”. “Consideramos un error tomar para la fase uno únicamente los padrones públicos, pues estos no son elegidos desde un punto de vista técnico con criterios de conservación sino de oportunidad. De esta forma, el diseño del área a proteger no cumple con ninguno de los criterios recomendados en la bibliografía específica (forma, tamaño, conectividad, efecto borde, ecosistemas fragmentados, ecosistemas parcialmente protegidos, etcétera)”, insisten.
Los guardaparques entienden que, en caso de que se siga adelante con la propuesta en fases, se debería tomar en la fase uno “toda el área designada como Zona de Protección Departamental”. “Los espacios comprendidos entre los cerros (ubicados en los padrones privados) desarrollan principalmente ganadería extensiva, que no sería afectada por el manejo dentro de un área protegida (esto puede ser contrastado con cualquiera de las áreas del SNAP donde se realiza producción ganadera) y algunos de ellos se han volcado a sumar actividades de turismo naturaleza y aventura, lo que sería promovido (siguiendo buenas prácticas) por el ingreso del área al sistema”, recalcan. Sin embargo, indican que es “importante” generar “marcos de mayor protección que el que cuentan estos espacios”.
Insisten que con la inclusión del área al SNAP se reforzarán “los cuidados de la calidad de agua del principal afluente de agua potable a más de la mitad de la población nacional”, se mantendrán “las formas de producción de ganadería extensiva que se vienen desarrollando históricamente en la zona, protegiéndola de potenciales intromisiones de actividades más intensivas o extractivas como la minería y la forestación, que irían en detrimento también de las actividades turísticas que vienen teniendo un gran crecimiento en la zona”. Pero para proteger hay que conocer. Por esta razón, pensando a futuro, manifiestan que el territorio deberá contar con un equipo de gestión territorial y dotación de guardaparques. “No es posible concebir la implementación del área sin un equipo de trabajo con perfil idóneo para la gestión”, agregan.
Finalmente, la AUG alerta que “varios pobladores locales que desarrollan actividades productivas y de uso público han manifestado dudas y rechazos a la propuesta, influenciados por información errónea que ha circulado a nivel local, que ha sido amplificada o reafirmada por actores políticos, generando una falsa oposición entre conservación y desarrollo local”. Consideran pertinente que el MA, “desde sus máximas autoridades, utilicen en tiempo y forma todos los canales para condenar estas manipulaciones y dar la versión oficial, con base técnica y respaldo institucional”.