La Asociación de Limnología del Uruguay (LimnoUy) emitió una misiva en la que manifiesta su preocupación por la autorización que otorgó el Ministerio de Ambiente a las empresas Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast –reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo– para llevar adelante el proyecto Neptuno-Arazatí. “La crisis hídrica de 2023 mostró la gran debilidad del país para asegurar el abastecimiento de agua potable a su población en situaciones de emergencia. Si bien es necesario que se tomen medidas urgentes para diversificar y descentralizar las fuentes de abastecimiento de agua potable, en el marco del respeto a la Constitución, esto debe asegurarse minimizando los impactos ambientales que toda obra de esa naturaleza conlleva. La propuesta que la actual administración impulsa como complemento al sistema de abastecimiento de agua potable, denominado originalmente proyecto Neptuno y actualmente llamado proyecto Arazatí, ha generado críticas de diversa índole”, dice el comunicado de los limnólogos, disciplina que se encarga del estudio de los ambientes acuáticos.
En su texto LimnoUy señala que la autorización ambiental “se refiere a puntos que han generado preocupación en la academia y los colectivos sociales”, e incluso destaca que “hay aspectos de fondo que siguen cuestionando la viabilidad ambiental” de la iniciativa. Explican que en Arazatí ocurren períodos de salinidad elevada que “pueden ser de varios meses y de mayor frecuencia a los originalmente previstos”, en especial durante el “verano y períodos de estiaje en la cuenca del río Uruguay”. “En estos eventos se sobrepasan los límites establecidos en las normas de agua potable para el sodio (200 mg/l) y cloruros (250 mg/l), lo cual implica riesgos a la salud de sus consumidores, en especial niños/as, embarazadas e hipertensos, entre otras”, subrayan.
En la misma línea, las limnólogas y limnólogos dicen que el Río de la Plata “posee altas concentraciones de bromuros”, lo que al potabilizar el agua con cloro “produce trihalometanos”. También sostienen que “la elevada concentración de materia orgánica disuelta también favorece la formación de trihalometanos en el proceso de cloración”. “Debido a estos dos factores las concentraciones de trihalometanos pueden superar los límites permitidos para agua de consumo. A su vez, los bromuros forman bromatos como subproducto de la desinfección mediante la ozonización, y estos también están limitados por la norma. Tanto los trihalometanos como los bromatos son considerados posibles carcinogénicos ante la ingesta prolongada a bajas dosis, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud”, señala el texto.
Asimismo, ponen sobre la mesa que en Arazatí también son frecuentes las floraciones de cianobacterias tóxicas, generalmente cuando la salinidad es baja. “La presencia de cianotoxinas encarece el sistema de potabilización del agua y aumenta los riesgos de la presencia de estos compuestos tóxicos en la red de abastecimiento”, señalan. Al respecto, agregan que las cianotoxinas más frecuentes son las microcistinas, pero también aparecen especies que “pueden producir neurotoxinas, como saxitoxinas, anatoxinas u otras toxinas menos conocidas”. Por lo tanto, exigen que el monitoreo de estos compuestos tóxicos “debería implementarse rigurosamente siguiendo valores guía internacionalmente aceptados y basados en indicadores de biomasa, considerando la cuantificación de las cianotoxinas que sean necesarias”. También destacan que en la zona donde se instalará el proyecto “se determinaron concentraciones elevadas de metales pesados como el zinc, que superan los límites de referencia para el agua de abastecimiento”.
Como si fuera poco, recuerdan que en la zona de Arazatí el agua “no cumple con la normativa vigente (decreto 253/979) para fuentes de abastecimiento de agua potable (clase 1) en lo relativo a fósforo total y turbidez, llegando incluso a superar los límites establecidos para aguas destinadas a la protección de la biota (clase 3)”. Los académicos también realizan observaciones a la reserva de agua bruta, conocida como pólder, y afirman que “presentaría las mismas limitaciones de la calidad del agua que la fuente de origen”, con el “agravante de que el aumento del tiempo de residencia del agua genera condiciones aún más favorables para el desarrollo de floraciones tóxicas de cianobacterias”.
Por último, la Asociación de Limnología del Uruguay resalta que si bien en la autorización ambiental previa se menciona que se deberá “minimizar la afectación ambiental sobre los márgenes de dichos cursos”, no se aporta “información concreta”. “La construcción de la red de distribución del agua atravesará humedales que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tienen un alto valor ambiental, siendo zonas de amortiguación y de protección de los recursos acuáticos y de la biodiversidad, por lo cual su protección y conservación son clave para mitigar la pérdida de calidad de agua que experimentan las principales cuencas del país”, destacan.
“Considerando tanto la suma de fenómenos frecuentes en la zona como la ocurrencia de cianobacterias tóxicas, la alta salinidad y la alta turbiedad con la consecuente generación de compuestos perjudiciales para la salud humana, así como otros posibles impactos ambientales del proyecto, la Asociación de Limnología del Uruguay interpela las medidas ministeriales recientemente adoptadas tendientes a efectivizar el Proyecto Neptuno-Arazatí”, subrayan. Los investigadores entienden que es fundamental la consideración de los argumentos técnico-científicos frente a decisiones de esta envergadura que afectarán el ambiente, la salud humana y la sociedad en conjunto a largo plazo. En esta línea, apoyan el informe elaborado por colegas de diversas disciplinas en el que plantean la inconveniencia de la iniciativa, que fue enviado al presidente y vicepresidenta electos, Yamandú Orsi y Carolina Cosse.