El Ministerio de Ambiente, según consta en una resolución firmada por Robert Bouvier y a la que accedió la diaria, otorgó la autorización ambiental previa a las empresas Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast –reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo– para llevar adelante el proyecto Neptuno-Arazatí.
El objetivo de la iniciativa es construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana, una tubería de aducción –que pasaría por encima de cursos de agua y el área protegida Humedales del Santa Lucía, además de afectar predios productivos–, un monorrelleno para depositar lodos y una especie de reserva de agua dulce. Esta última infraestructura es necesaria porque la iniciativa pretende tomar agua del Río de la Plata, en la zona de Arazatí, San José.
Informes del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, que tiene un convenio con OSE para monitorear el sitio, manifiestan que el estuario tiene “gran variabilidad ambiental” y ha detectado la fuerte presencia de salinidad por encima del umbral de potabilidad. La Facultad de Ciencias también señaló que es esperable el registro de eventos de salinidad por encima del umbral a futuro en la zona de Arazatí. El proyecto no prevé tener desalinizadora, pero sí una reserva de agua dulce para no cortar el suministro en los períodos de salinidad. Este elemento ha sido fuertemente cuestionado por la comunidad científica por contar con las condiciones propicias para el desarrollo de floraciones. En este contexto, cabe recordar que la zona de Arazatí es el área con mayor ocurrencia de floraciones fitoplanctónicas, tanto a nivel superficial como en la profundidad, en el Río de la Plata. Investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales han advertido que la planta podría desembocar en un grave problema sanitario.
Las condiciones del Ministerio de Ambiente
La autorización del Ministerio de Ambiente, dice la resolución, se concede sujeta al “estricto cumplimiento” de una serie de más de 20 compromisos. En primer lugar, deberán informar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental la fecha de inicio de las obras “por escrito y con antelación”. Asimismo, especifica que el consorcio de empresas privadas será responsable de la “adecuada gestión ambiental del proyecto en todas sus etapas”, “sin perjuicio de que estas puedan ser ejecutadas por terceros”.
Por otro lado, “previo al inicio de cualquier movimiento de suelo” en determinados padrones, los proponentes deberán “realizar un conjunto de sondeos subsuperficiales de un metro por un metro de superficie y hasta el nivel inferior que resulte pertinente, con el objetivo de evaluar la potencial presencia de restos arqueológicos”. Cabe mencionar que un grupo formado por 17 paleontólogos y paleontólogas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y del Museo Nacional de Historia Natural manifestaron preocupación porque el proyecto pretende desplegarse en una zona de gran valor.
La resolución también señala que “no se podrá iniciar la ejecución de ningún componente de la obra sin la aprobación previa, por parte de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, de la correspondiente adenda específica prevista en el Plan de Gestión Ambiental de Construcción (PGA-C) que ha sido ya presentado”. También apunta que el PGA-C, entre otros puntos, “deberá incluir un programa de relacionamiento comunitario” que “contenga como mínimo un programa de comunicación y consulta y un mecanismo de gestión de quejas y reclamos”.
Se establece como condición que en las obras en el cruce del río Santa Lucía “no se podrán ejecutar actividades en agua durante el período setiembre-marzo”. “En el período diciembre-febrero, asociado a la construcción de la obra de toma, no se podrán desarrollar actividades de dragado ni de conformación de estructuras temporarias en el Río de la Plata, así como tampoco obras que impidan la libre circulación por la faja costera”, añade. Al mismo tiempo, “para las zonas de humedales y cuerpos de agua que sean atravesados por la tubería aductora de agua potable se deberán implementar procedimientos constructivos que minimicen la afectación ambiental” y “acciones para la restauración de los ambientes afectados una vez finalizada la obra”.
Los privados no podrán “captar agua del Río de la Plata para su uso en la planta potabilizadora, ni para la alimentación de la reserva de agua bruta, en períodos en los que la concentración de cloruros en el agua del Río de la Plata en el sitio de la toma supere el valor de los 125 mg/L”. A su vez, deberá “monitorear con frecuencia diaria bromato en el agua a la salida de la planta durante todos aquellos períodos en los que la concentración de bromuros en el agua bruta que ingrese a la planta potabilizadora supere el valor de 100 µg/L”. Asimismo, en la estación de recalque Melilla se deberá incluir en el control operacional el monitoreo de trihalometanos con frecuencia mensual. Suman que, de forma diaria, deberán controlar la presencia de saxitoxina “durante todos aquellos períodos en los que las determinaciones realizadas en el agua bruta que ingrese a la planta indiquen que la concentración de saxitoxina supera los 3 µg/L”.
Con respecto a la reserva de agua dulce también se ponen sobre la mesa ciertas condiciones. Por ejemplo, los titulares del proyecto “deberán contratar una auditoría externa independiente a los efectos de verificar la adecuación de las condiciones de permeabilidad del fondo del vaso previo al inicio de llenado de la reserva”. La firma auditora y el procedimiento de auditoría deberán “contar con la conformidad previa por parte del Ministerio de Ambiente”.
Otra de las condiciones determina que las empresas privadas deberán participar en “la Comisión de Seguimiento que se creará con el objetivo de dar seguimiento al desempeño ambiental del proyecto durante sus distintas fases”. Esta instancia será convocada y presidida por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y “estará integrada, además, por otros organismos estatales y por actores de la comunidad”.
Con miras a la transición
Bouvier expresó en una conferencia de prensa que tuvo lugar este lunes que el proceso de revisión del proyecto fue “exhaustivo, transparente y participativo”. “Escuchar a la ciudadanía ha sido central en este proceso porque sabemos que su perspectiva aporta un valor incalculable y enriquece el proceso de evaluación. Fruto de este intercambio, se solicitó al consorcio ajustes al proyecto por razones ambientales. Consisten en la modificación sustantiva del trazado de tubería de agua potable, minimizando su interacción con Ciudad del Plata y la modificación del cruce del río Santa Lucía, minimizando la intervención sobre la zona de humedales”, dijo el ministro de Ambiente. Enseguida, añadió que recibieron más de 500 comentarios por parte de la ciudadanía y “cada uno fue analizado, contemplado en la decisión final adoptada”. “Con condiciones específicas y bajo estricto plan de seguimiento, este proyecto no generará impactos ambientales inadmisibles”, consideró.
Asimismo, hizo referencia a que no tiene conocimiento sobre las conversaciones entre el presidente electo, Yamandú Orsi, y el presidente Luis Lacalle Pou sobre el proyecto. “Estará en el ámbito de transición, en la etapa siguiente. Esta es una etapa que culmina hoy con la autorización ambiental previa”, se limitó a decir.
“Estamos, hablamos, no nos escuchan y no les interesa”
Las organizaciones sociales contrarias al proyecto Neptuno-Arazatí se enteraron en la mañana de este lunes que el Ministerio de Ambiente había llamado a una conferencia de prensa para las 14.00 para anunciar la decisión. Incluso habían convocado a la prensa en la sede de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) para hablar sobre nuevos informes de salinidad vinculados a la iniciativa y sus posibles incrementos de costos. Sin embargo, esto quedó en segundo plano durante esta última instancia, que se hizo igual después de que tuvieron acceso a la resolución ministerial.
“Nos preocupa la desacreditación que sistemáticamente se ha hecho al trabajo de nuestros investigadores formados en la Universidad de la República, que son de altísimo nivel internacional. Son desacreditadas todas las inquietudes y todos los planteos hechos por las organizaciones sociales. El agua tiene problemas que atañen a toda la ciudadanía. Estamos hablando de salud pública”, apuntó Anahit Aharonian, integrante de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida. Enseguida, recalcó que “no hay transparencia, no hay participación” en la decisión que tomó la cartera al otorgar la autorización ambiental previa al consorcio de empresas privadas. “Cuando hay presencia nuestra, no es participación. Estamos, hablamos, no nos escuchan y no les interesa”, remarcó.
Durante la convocatoria también tomaron la palabra Carlos Larrosa, representante de FFOSE; Marcel Achkar, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias; María Selva Ortiz, de Redes-Amigos de la Tierra; y Manuela Aguiar, integrante del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho que brinda patrocinio legal a las organizaciones.
Ellos oficiaron como representantes de un comunicado, que fue acompañado por 39 colectivos más. “La reforma constitucional de 2004 marca un hito al consagrar el derecho humano al agua e impedir la privatización de los servicios de agua potable, así como la privatización y mercantilización del agua en los territorios. El proyecto Neptuno viola estas disposiciones constitucionales”, dice el texto. Por ejemplo, insisten en que “la eventual puesta en funcionamiento de esta propuesta disminuiría la calidad de agua que OSE distribuye a la población por la frecuencia de altos niveles de salinidad, floraciones de cianobacterias y presencia de trihalometanos, poniendo en riesgo la salud de la población”.
A su vez, en la misiva se denuncia el “alto riesgo de contaminación del acuífero Raigón a partir de la reserva de agua bruta y del monorrelleno sanitario”. “Este acuífero actualmente es fuente de abastecimiento de agua para riego y para consumo humano en la zona”, enfatiza.
“Hay acciones en el Poder Judicial y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es esperable que por razones de inconstitucionalidad y académicas detengan la ejecución del proyecto y, si el contrato está firmado, implicará costos mucho más altos para el Estado uruguayo [...]. Nos encontramos en el marco de una transición de gobierno, situaciones de incertidumbres políticas, si a eso le suman los argumentos expuestos, OSE no debe firmar el contrato y deberá ser el gobierno entrante que estudie alternativas a los desafíos que tenemos hoy para gestionar el agua e implementar la serie de medidas sobre las que venimos trabajando para la recuperación ambiental de la cuenca del Santa Lucía”, indican las organizaciones sociales. El comunicado finaliza con la mención a que “la población pagará más caro por agua de peor calidad”.