El proyecto Neptuno-Arazatí busca construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana, una tubería de aducción que atravesará el área protegida Humedales del Santa Lucía, una reserva de agua artificial y otra serie de obras anexas. Su fuente, en el caso que reciba la autorización del Ministerio de Ambiente (MA) y se lleve adelante, será el Río de la Plata.
Desde que se conoció la iniciativa, científicos, activistas socioambientales y sindicatos han alertado sobre diversas problemáticas que rodean el proyecto. Por ejemplo, se ha advertido que el proyecto implica riesgos sanitarios debido a que la fuente de abastecimiento tiene floraciones de cianobacterias, se ha señalado el inconveniente del aumento de la salinidad del estuario donde esta la toma debido al cambio climático, o la falta de participación en la gestión de recursos hídricos, tal como establece el artículo 47 de la Constitución.
Por estas y otras razones, en setiembre de 2023, Redes-Amigos de la Tierra presentó un recurso administrativo para la revocación y anulación de la licitación del proyecto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Esta licitación había sido adjudicada en junio al consorcio de empresas privadas que hizo la propuesta inicial al gobierno, que se llama Aguas de Montevideo y está integrado por las compañías Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. Días atrás, María Selva Ortiz, activista de la organización socioambiental, adelantó a la diaria que se vivía un clima de esperanza en el colectivo porque el TCA había pedido escuchar a sus testigos en audiencias. Sin embargo, esta semana recibieron malas noticias: debido a oposiciones presentadas por el Ministerio de Ambiente y OSE, el órgano encargado del control de la administración suspendió, por el momento, esas instancias.
Estaba previsto que este jueves el TCA recibiera a Luis Aubriot, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Universidad de la República, Claudia Piccini, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y Danilo Ríos, docente del curso Potabilización de Aguas de la Universidad de la República y exgerente general de OSE. Asimismo, el viernes estaba pautado que se presentaran Marcel Achkar, también investigador del IECA, y Carlos Dárdano, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. En este contexto, ¿cuáles fueron los argumentos que utilizó la empresa estatal y la cartera ambiental para frenar la escucha a los testigos?
¿Falta de “imparcialidad”?
El escrito que presentó el MA, al que tuvo acceso la diaria, comienza manifestando su oposición a que se añadan como prueba documental varios informes. Entre ellos, el que elaboró la Institución Nacional de Derechos Humanos que recomendaba “no innovar ni continuar” la licitación del proyecto, el manifiesto que construyeron 12 investigadores del IECA y el Centro Universitario Regional Este donde se hacen advertencias y recomendaciones en torno al abastecimiento de agua potable en el sur del país, un informe sobre salinidad en el Río de la Plata que fue solicitado por OSE a investigadores de la Facultad de Ciencias y un artículo publicado en la revista arbitrada Estuarine, Coastal and Shelf Science, donde se describe que en la zona donde se pretende instalar la planta tuvieron lugar floraciones de cianobacterias en todos los meses de 2021. La cartera dice que las pruebas deben ser eliminadas porque, entre otros argumentos, fueron entregadas en forma “desprolija y desordenada” y que el artículo científico no fue traducido al español.
Por si fuera poco, el MA también rechaza los testimonios de Aubriot y Achkar –dos de los autores del artículo científico que reportó las cianobacterias en el Río de la Plata– porque “carecen de la condición de imparcialidad”. La cartera afirma que sumar la visión de Achkar, científico que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de ecosistemas, es “inadmisible” porque integra Redes-Amigos de la Tierra. La cartera también hace referencia al artículo publicado en la revista arbitrada y manifiesta que tanto Aubriot como Achkar “ya han marcado y expuesto una posición respecto del objeto del proceso”. “En definitiva, surge claramente que ninguno de estos testigos es imparcial y por eso deberían ser rechazados como prueba testimonial ofrecida”, concluye, sin más, la oposición del ministerio.
El documento elaborado por OSE donde describe su oposición a que se escuche a los científicos, al que también accedió la diaria, menciona que “los testigos deben deponer sobre hechos” y no “verter opinión respecto de la necesidad de suspender el trámite” de la licitación del proyecto Neptuno-Arazatí. “Sumado a ello, tampoco puede dejar de advertirse que algunos de los testigos ofrecidos [...] son además técnicos, con lo cual la actora, por una improcedente vía oblicua de una pretendida ‘declaración testimonial’, intenta en realidad indebidamente introducir prueba de carácter pericial”, expresa. Aquí, además de hacer referencia a Aubriot y Achkar, la empresa estatal suma a Danilo Ríos.
OSE agrega que “si la actora requiere de opiniones técnicas y trabajos académicos para pretender justificar su pretensión suspensiva, no se advierte entonces donde se exterioriza con claridad y contundencia una grosera, patente o evidente manifiesta ilegitimidad, extremo este que debe manifestarse de un análisis superficial o a través de una prueba sumaria y que no requieran de mayor debate, lo que claramente no sucede en la especie”. Los abogados de la empresa estatal encargada de suministrar agua potable a la población parecerían olvidar que, justamente, garantizar el agua potable es indudablemente una cuestión que se enriquece del debate técnico.
Negar la participación de científicos y organizaciones sociales
Redes-Amigos de la Tierra emitió un comunicado luego de tomar conocimiento de la situación. Allí la organización indica que “nuevamente OSE y el MA aparecen promoviendo el proyecto Neptuno en lugar de cumplir con su cometido de asegurar el interés general y nacional, el acceso al agua potable de calidad y la protección del medioambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación”.
Resaltan que la organización recorrió “distintos caminos difundiendo esta situación” y debió recurrir a la vía jurídica para lograr que se los escuchara. “Interpusimos recursos administrativos ante OSE, solicitamos la suspensión de la licitación y, agotados los tiempos, sin que la empresa pública contestara expresamente los planteos de los recursos, debimos iniciar una acción de nulidad en setiembre de 2023 y solicitar la suspensión de la licitación del proyecto Neptuno-Arazatí ante el TCA”, recuerda.
También hizo referencia a la suspensión de las audiencias: “El MA vuelve a negar la participación de los científicos y organizaciones sociales, como lo ha venido realizando durante todo el proceso del proyecto. Esta vez, mediante oposiciones formales buscando evitar la incorporación de prueba y la declaración de testigos ante el TCA. De esta forma, el MA impide una vez más que se escuchen los argumentos que demuestran que este emprendimiento es una falsa solución al problema de abastecimiento de agua potable del área metropolitana y pone en riesgo la salud de los habitantes de esa zona del país”. La organización socioambiental finaliza el comunicado diciendo que tiene “propuestas alternativas a esta problemática, que deberían estar abordándose en forma urgente y que el MA también se niega a escuchar y estudiar su implementación”.