Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria. Hasta que Marcelo Pereira regrese de su licencia, los apuntes del día estarán a cargo de un grupo de compañeros de la redacción.
Aunque los sucesos recientes –elecciones departamentales, fallido desafuero de Guido Manini, ley de presupuesto– nos fuerzan a mirar “hacia adentro”, no hay que perder la perspectiva regional, dice el historiador Héctor Altamirano en su columna. Hacia allí apunta uno de los artículos de hoy: la posibilidad de que, una vez más, las próximas elecciones en Bolivia sean el disparador de un quiebre institucional debe ser motivo de preocupación para todos los demócratas del hemisferio.
El argumento del fraude electoral fue la excusa para un golpe de Estado el año pasado en el país andino, y su invocación anticipada no es patrimonio exclusivo de las autoridades de facto bolivianas y del secretario de la OEA, Luis Almagro, sino que también forma parte del discurso del actual presidente estadounidense, que busca instalar la idea de un fallo en el sistema de voto epistolar y arroja dudas sobre si aceptará el resultado de los comicios del 3 de noviembre.
Los ecos de lo sucedido el martes en el Parlamento uruguayo, sin embargo, no nos abandonarán por un buen tiempo –como se decía ayer en este mismo espacio–, aunque, además de consecuencias institucionales, tienen otras menos serias. Por ejemplo, que al otro día de una histórica discusión en la que se llegó a cuestionar el rol de la Justicia, se proponga eliminar los fueros parlamentarios, como hace el senador nacionalista Sebastián da Silva. El timing de la iniciativa puede resultar agraviante para quienes esperaban que el Senado habilitara el trabajo de la Fiscalía, pero seguramente genere otras emociones la propuesta de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que, a medio camino entre la norma vigente y la que propone su correligionario, mencionó la posibilidad de que los legisladores mantengan sus fueros y concurran a la Justicia, es decir, que comparezcan ante un tribunal pero sin someterse a sus dictámenes. Para más momentos irrisorios, les recomendamos repasar la historia de los últimos pedidos de desafuero por parte de la Justicia.
Por otra parte, y a pesar de los deseos de estabilidad en el elenco gobernante por parte del ex presidente José Mujica –si cabe interpretar así su solicitud, durante la votación del desafuero, de que Manini continúe siendo “la plomada” de la coalición–, se suceden los tironeos en la “coalición multicolor”. La nueva disputa, que enfrenta al director de la OPP, Isaac Alfie, y a Irene Moreira, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, tiene como centro una disposición del proyecto de ley de presupuesto que implica el vaciamiento de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, creada hace pocas semanas, cuando se aprobó la ley de urgente consideración. Esa ley ya contenía un recorte de las potestades de la dirigente de Cabildo Abierto, dado que creaba el Ministerio de Ambiente como un desprendimiento de su cartera. En ambos casos, los “beneficiados” por las quitas pertenecen, al menos nominalmente, al Partido Colorado: el propio Alfie, cabeza de la OPP, que ahora absorbe el Plan de Mejoramiento de Barrios, y Daniel Peña, ahora ministro de Ambiente. Esto no significa que el flamante feudo de Peña se libre de los recortes contenidos en la ley de presupuesto.