Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Pese al relativo y controlado aumento de los casos nuevos de covid-19, da la impresión de que la emergencia sanitaria va dejando de ser el centro de la coyuntura, y tanto el oficialismo como la oposición se disponen a asumir una agenda más relacionada con temas específicamente políticos.
La iniciativa de referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) gana terreno, y comienza a definirse hacia qué artículos se dirigirá, pero asoman también otros asuntos, y es probable que parte de la disputa de las próximas semanas o meses se relacione con su instalación en lugares más o menos destacados.
El debate acerca de la reforma de la seguridad social tiene una importancia innegable, y seis diputados del Frente Amplio (FA) tomaron la iniciativa al presentar un pedido de informes para el Ministerio de Defensa Nacional, en el que solicitan datos del año pasado sobre la cantidad de beneficiarios del Sistema de Jubilaciones y Pensiones de las Fuerzas Armadas y los pagos realizados, en total y discriminados por tipo de prestación.
A su vez, el Poder Ejecutivo activó la anunciada difusión de auditorías, y dio a conocer una docena, correspondiente a los años 2018 y 2019. Con independencia del duro lenguaje empleado para asignarle gravedad al contenido de los informes, no aparece en ellos nada que parezca, en principio, delictivo, o que confirme la retórica de campaña electoral que instaló, en muchos votantes de la “coalición multicolor”, la convicción de que al investigar se constataría, rápidamente, una extendida corrupción.
Más bien hay señalamientos de que varios organismos públicos dejan que desear en términos de eficiencia y prolijidad, pero es poco probable que esto sorprenda a alguien. Quizá el síntoma más elocuente de que en esta primera entrega no había descubrimientos de alto impacto fue que el presidente Luis Lacalle Pou no participó en la conferencia de prensa, sino que le cedió el protagonismo a la ministra Azucena Arbeleche.
Otra iniciativa oficialista que parece apuntar a la satisfacción de expectativas creadas en la campaña es el decreto sobre conflictos sindicales con ocupación de lugares de trabajo. Según el PIT-CNT, esta norma va más allá de lo dispuesto en la materia por la LUC, y contraviene principios de derecho laboral reconocidos por organismos internacionales.
Otras expectativas no parecen para nada satisfechas: varios sectores empresariales están desconformes con lo hecho por el Ejecutivo para intentar que bajen los precios de los combustibles, e insisten con la desmonopolización rechazada cuando se discutió la LUC.
Mientras tanto, sendas renuncias a sus bancas en el Senado de los ex presidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica marcan hitos simbólicos en un lento pero inexorable proceso de renovación, que aleja de los primeros planos a figuras cuyo protagonismo comenzó a asomar en los violentos años 60 del siglo pasado. Ojalá que la reiteración de ataques a personas en situación de calle no anuncie el estallido de otras formas de violencia inspiradas por la ideología.
Hasta mañana.