Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Es muy difícil evaluar la magnitud de un caceroleo, pero no cabe duda de que ayer se hizo oír el convocado por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que la medida le parecía “injusta y desproporcionada”, aunque reconoció que quienes la impulsaron tienen “el derecho de expresarse”. En forma más beligerante se expresó su par de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, al comentar que el PIT-CNT homenajeó el mes pasado a Tabaré Vázquez, “un presidente que no hizo nada para protegernos de la pandemia que se acercaba”, y ayer llamaba a “protestar contra un gobierno que deja todo en la cancha”.
Pero el objetivo del PIT-CNT y de la Intersocial no fue apenas “expresarse”, sino demandar medidas adicionales para paliar la crisis, planteadas hace seis días al Poder Ejecutivo, sin que este se haya dignado a responder. Numerosos problemas requieren soluciones aún no adoptadas, y no estaría de más escuchar las preocupaciones y propuestas al respecto.
El presidente Luis Lacalle Pou ha manifestado en muchas ocasiones su convicción de que la autoridad “es para ejercerla 100%”, e insistió durante su campaña electoral en que no pensaba “compartir el poder con los sindicatos”, pero nadie le está pidiendo eso. Asumió hace apenas 25 días, le cayó encima una emergencia grave, y su equipo de gobierno está todavía por completarse: no habría menoscabo alguno de su autoridad si tuviera la humildad de realizar una amplia convocatoria, para sumar enfoques e ideas al debate sobre lo que conviene hacer en cada caso.
El abanico de situaciones que reclaman atención es enorme, y abarca desde las condiciones de vida de las personas internadas en instituciones psiquiátricas hasta la demanda de suspensión del cobro de tarifas solicitada por la Cámara Nacional de la Alimentación, pasando –obviamente– por el explosivo aumento de las solicitudes de seguro de desempleo, que incluyen a su vez casos particularmente complejos, como el de los docentes multiempleados.
Un beneficio adicional de las decisiones acordadas con amplios consensos es que reducen las suspicacias, abundantes en estos tiempos. Ayer, por ejemplo, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la suspensión de las “partidas de prensa” de 31.220 pesos que reciben quienes la integran, pero el oficialismo no aceptó que el dinero correspondiente se transfiriera al Sistema Nacional de Emergencias. Esto lleva a preguntarse si la intención es responder a las actuales necesidades sociales o simplemente reducir el gasto público, pero sea como fuere se alegó –también en este terreno– que será el Ejecutivo el que tome las decisiones.
Mayores sospechas causó, como era lógico, que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) haya decidido pagarle a un hotel que pertenece a familiares de la ex senadora Verónica Alonso por el alojamiento de personas que estaban en situación de calle. La Unión de Trabajadores del Mides repudió esa decisión por “criterios éticos a la hora de asignar los recursos públicos”, y legisladores del FA presentaron pedidos de informes al respecto.
Hasta mañana.