Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Desde el viernes el país vive una situación fuera de lo común, debido a numerosas decisiones estatales y privadas que buscan mitigar los efectos del nuevo coronavirus. Esto tiene consecuencias en múltiples terrenos, que incluyen por supuesto el de la política, y hay situaciones inesperadas en los primeros días del nuevo gobierno nacional, relacionadas con cuestiones que este jerarquiza.
Por ejemplo, se hacen necesarios desembolsos estatales considerables, no sólo en lo estrictamente sanitario, sino también en muchas otras áreas sociales y económicas, para amortiguar los efectos de la interrupción de actividades. Por lo tanto, no hay más remedio que repensar los planes para reducir el gasto público, adecuando las previsiones en la materia, y en términos generales corresponden reflexiones como las que plantea, en esta edición, Antonio Martins.
Por otra parte, para el Ministerio del Interior también hay circunstancias nuevas de relevancia. La permanencia de muchas personas en sus casas quizá determine que algunos delitos, como las rapiñas callejeras, tiendan a disminuir con independencia de las medidas policiales preventivas, y es posible que las prioridades cambien por un tiempo. A la vez, y por motivos fáciles de comprender, adquiere una especial gravedad la situación sanitaria en las cárceles.
Entre las consecuencias que se centran en la actividad política partidaria, se destacan las vinculadas con el ya postergado proyecto de ley de urgente consideración (LUC). El presidente Luis Lacalle Pou tenía previsto que hoy el Consejo de Ministros firmara el texto definitivo y que este fuera presentado a los legisladores de la “coalición multicolor”, pero esta actividad se postergó, y no se sabe aún cuándo ingresará la iniciativa al Parlamento. La situación es delicada, incluso si no tuviéramos en cuenta que las medidas preventivas de la pandemia impiden la realización de protestas públicas y otras movilizaciones contra la LUC.
Quienes trabajan en el Palacio Legislativo no son inmunes, y por lo tanto está dentro de lo posible que en algún momento cercano haya que suspender la actividad parlamentaria. Si esto sucediera después del ingreso del proyecto de LUC, sería muy poco razonable que los plazos siguieran corriendo, y que la iniciativa se considerara aprobada con un debate aún menor que el permitido por los plazos constitucionales.
El oficialismo ha sostenido que los 457 artículos del borrador que puso en circulación requieren un tratamiento urgente, y probablemente no dirá, ahora, que tan urgentes no son, pero en estos días todos nos vemos en la obligación de reconsiderar nuestras prioridades.
Nadie sabe cuál será la situación sanitaria el 10 de mayo, cuando está previsto que se realicen las elecciones departamentales, ni si –como especuló el senador nacionalista Jorge Gandini– sería conveniente desde ya considerar posponerlas. Por ahora, estamos en campaña, aunque la atención de mucha gente se concentre en el coronavirus, y por eso es pertinente la entrevista que le realizamos al frenteamplista Daniel Martínez, favorito en Montevideo, según las encuestas.
Hasta mañana.